En una rueda de prensa este miércoles en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Rodríguez ha considerado que los jueces “con demasiado automatismo” han privado de esta facultad en sus sentencias sobre incapacitación, con lo que ha apostado por estudiar caso a caso y que la incapacitación no sea general.
Pujal ha dicho que desde la Fiscalía intentan recurrir todos los casos en los que considera que no está justificado impedir el derecho al sufragio y ha abogado por adaptar la legislación española --con una reforma de la Ley Electoral-- a la Convención de la ONU de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el fin de garantizar los derechos políticos de estas personas.
En la misma línea, la presidenta de la asociación Discapacidad Intelectual Cataunya (Dincat), Rosa Cadenas, ha pedido “que no se quite el voto de manera genérica” y ha reclamado un cambio normativo en este sentido.
El decano del Icab, Oriol Rusca, ha considerado que apostar por que el veto se aplique solo en casos concretos “es de justicia social y no de generosidad”, y ha añadido que la incapacitación para otras cuestiones de la vida de una persona con discapacidad no tiene que implicar necesariamente la privación de votar.
Según el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, hay 4.000 catalanes que no pueden ejercer este derecho por una sentencia de incapacitación que limita este derecho, entre los que la mayor parte son personas con discapacidad intelectual.