La subida salarial de hasta 450 euros al mes que los letrados judiciales consiguieron arrancarle al Gobierno tras dos meses de huelga y miles de juicios suspendidos ha prendido una mecha que alcanza a todos los estamentos de la Justicia. Tras los paros que los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen desde hace dos semanas en reclamación de mejoras retributivas, los últimos en sumarse a la petición de mayores salarios son los jueces y fiscales, un gremio no demasiado dado a alzar la voz de manera pública.
Las asociaciones que cubren el espacio del centroderecha judicial —mayoritarias en ambas carreras— han convocado una huelga indefinida a partir del día 16 de mayo, en plena campaña electoral. El pasado lunes anunciaron su “intención” de promover esta movilización si el Ejecutivo no les presentaba propuestas concretas de mejoras de sueldo en una reunión prevista para el próximo 3 de mayo. Pero este viernes cumplieron con el trámite formal de convocarla a través de sendos escritos enviados al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y la “autoridad laboral competente”. De momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado al órdago a la espera de ese encuentro.
Fuentes de los convocantes consultadas por elDiario.es afirman que el registro de la convocatoria se debe a la voluntad de cumplir con el preaviso de al menos diez días que contempla la legislación. Y también afirman que se desconvocará si el Gobierno hace una propuesta de subida salarial que les resulte satisfactoria. En todo caso, el registro formal aumenta la presión sobre el Ministerio de Justicia, que está teniendo ante este conflicto una actitud mucho menos beligerante de la que mantuvo ante la huelga de letrados.
Entonces, el número dos de Justicia, Tontxu Rodríguez, acusó a los convocantes de promover “una huelga contra el pueblo” y de querer perjudicar a los ciudadanos “con su endiosamiento”. Ahora, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha limitado a decir que “no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión”.
En el escrito registrado, jueces y fiscales se quejan de la “pérdida de poder adquisitivo” que vienen “arrastrando” desde 2009 en un contexto de “aumento de la litigiosidad” que atribuyen, entre otros factores, a una “catarata de reformas legislativas” que ha aumentado sus funciones “exponencialmente”. Están, no obstante, entre los funcionarios con retribuciones más altas. En 2023 cobrarán, de media, en torno a 75.000 euros brutos anuales, según los datos que maneja el Gobierno de cara a la negociación.
Esas conversaciones tendrán lugar en la mesa de retribuciones, el órgano legalmente previsto para revisar sus salarios, pues jueces y fiscales no tienen reconocido el derecho a la sindicación ni a la negociación colectiva. En el marco de ese diálogo contarán con el respaldo del CGPJ, que aportará tres representantes, tal y como establece la ley.
En su pleno de este jueves, el órgano de gobierno de los jueces acordó por unanimidad apoyar la subida de sueldo que piden jueces y fiscales y que los vocales que acudan a esa reunión sean los conservadores José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya. También están convocados tres representantes del Ministerio de Justicia, tres del Ministerio de Hacienda, uno de la Fiscalía General del Estado y tres de las asociaciones.
Los convocantes defienden que llevan “décadas” reclamando que se dé una adecuada respuesta a sus reivindicaciones. Y son especialmente críticos con el hecho de que Justicia desconvocara “sin explicaciones” la última convocatoria de la mesa, el pasado octubre, tras meses de conversaciones. Eso les lleva a constatar la “nula garantía” que, a su juicio, supone que se haya fijado una reunión de ese órgano para la próxima semana.
“La experiencia nos enseña que se puede desconvocar en cualquier momento. Incluso aunque llegue a celebrarse, si no existe un verdadero propósito de negociar (que el Ministerio aún no ha demostrado) no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental”, sostenían los convocantes esta semana en un comunicado conjunto. Fuentes del Ministerio de Justicia declinan hacer comentario alguno sobre este conflicto a la espera del resultado de esa reunión.
La amenaza de huelga lanzada por las asociaciones del centroderecha de la judicatura se produce en el contexto del gran atasco judicial registrado tras la huelga de los letrados, que provocó la suspensión de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias. La convocatoria la secundan la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que agrupan al 47% de la carrera judicial, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).
Limbo legal
De llevarse a cabo finalmente, será la sexta huelga de jueces y la tercera de fiscales en toda la democracia. Aunque la principal novedad es que, en este caso, la convocatoria se ha registrado como indefinida “desde” el 16 de mayo. La convocatoria “permitirá a los jueces secundarla el día que quieran”, según afirmó en una entrevista en El Mundo María Jesús del Barco, presidenta de la APM, conservadora y mayoritaria entre los jueces. Es un esquema similar al que siguieron los letrados de la administración de Justicia. La convocatoria fue indefinida, aunque muchos trabajadores no la secundaron todos los días. De esta manera, podían ejercer la medida de presión —por ejemplo, al secundarla los días de juicio— pero con menor coste salarial.
El derecho a la huelga del tercer poder del Estado está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. Por ejemplo, son los propios huelguistas los que fijan los servicios mínimos. Y en cuatro de las cinco convocatorias previas de huelga quienes las secundaron no perdieron la parte del salario correspondiente a ese día.
Esta detracción, en la que está incluida la parte proporcional de complementos, pagas extras y descansos semanales, es habitual para cualquier trabajador que ejerza su derecho a seguir una convocatoria de paro oficial. Pero supuso una novedad en 2018, cuando el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Dolores Delgado (PSOE) acordó que les descontaría el salario por primera vez en la huelga que se convocó en noviembre de ese año. Fue una decisión novedosa, que rompió con la tendencia seguida por el departamento en las otras convocatorias impulsadas en toda la democracia y que tuvo una derivada en los tribunales.
En 2020, la Audiencia Nacional consideró “disconforme a derecho” la resolución del secretario de Estado de Justicia que había establecido la “deducción proporcional” en las nóminas de los participantes en la huelga. El tribunal especial declaró nula esa resolución y obligó a Justicia a que devolviera el importe descontando al juez que llevó el asunto a los tribunales. La sentencia no entró al fondo del asunto sobre si los jueces deben o no cobrar su salario cuando hacen huelga. El argumento fue que el órgano competente para “acordar descuentos retributivos o deducciones de haberes a los jueces y magistrados” es el CGPJ y no el secretario de Estado. Y, en este caso, el órgano de gobierno de los jueces se limitó a poner en conocimiento del Ministerio de Justicia los datos de quienes participaron en la huelga, pero no adoptó “acuerdo alguno” en relación a las nóminas.
Las otras huelgas de la democracia
Si finalmente se convoca, Llop se convertirá en la sexta ministra de Justicia de la democracia que tendrá que hacer frente a una huelga de estas características, aunque en la mayoría de estas convocatorias los representantes judiciales han acudido divididos. Así ocurrió en febrero de 2009, en el primer paro total de jueces y fiscales de la democracia. La convocatoria fue auspiciada, en esa ocasión, por la segunda asociación por número de afiliados, Francisco de Vitoria, y por el Foro Judicial Independiente, más minoritario. Entonces era titular de esta cartera Mariano Fernández Bermejo (PSOE), que dimitió apenas una semana después asediado por este conflicto y por las críticas por su cacería con Baltasar Garzón, entonces juez destinado en la Audiencia Nacional.
Su sucesor, Francisco Caamaño (PSOE), tuvo que hacer frente a otra huelga a los pocos meses de llegar al puesto, en octubre de 2009. En esa ocasión fue convocada únicamente por la conservadora APM. Esta asociación no secundó la siguiente convocatoria, en febrero de 2013. Entonces estaba al frente del Ministerio Alberto Ruiz-Gallardón (PP). La Asociación de Fiscales, del mismo ámbito ideológico, tampoco se sumó en esta ocasión.
La primera huelga unitaria de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales tuvo lugar en mayo de 2018, cuando Rafael Catalá (PP) era ministro de Justicia. Los jueces protestaron por que no se hubieran aprobado un catálogo de propuestas que habían presentado un año en el Parlamento y los fiscales por que no se hubieran tomado medidas para garantizar su autonomía presupuestaria o la puesta en marcha de un nuevo Estatuto.
La convocatoria unitaria se repitió meses después, en noviembre, ya con Dolores Delgado (PSOE) al frente de ese departamento. Jueces y fiscales reclamaron entonces recuperar el poder adquisitivo perdido durante los recortes y reformas, que se redujera su carga de trabajo, que se modernizara el sistema y que se les dotara de mejores medios materiales para hacer su trabajo. Reclamaciones que entonces ya venían de lejos y que siguen vigentes a día de hoy.