El próximo lunes, el pleno del Tribunal Constitucional celebrará uno de sus plenos más relevantes y cargados de incertidumbre de su historia reciente. La amenaza del choque de poderes del Estado (el judicial contra el legislativo) sigue latente y puede derivar en que un Constitucional con su mandato caducado impida una votación del Senado sobre la reforma que afecta directamente al tribunal.
Los magistrados tienen sobre la mesa una decisión trascendental: si aceptan o no la petición del Partido Popular de suspender de forma cautelarísima la tramitación de la reforma impulsada por el Gobierno. Pero como paso previo tendrán que analizar otra cuestión: si dos de ellos, los directamente afectados por la enmienda recurrida, deben apartarse de las deliberaciones como ya ha pedido Unidas Podemos en su recurso presentado in extremis al que este viernes, a última hora, se sumó también el PSOE con un recurso similar. Un antecedente de 2007 apunta a que, efectivamente, magistrados con un interés directo en un recurso pueden abstenerse. Aplicado al presente, la retirada de dos magistrados conservadores afectados por la reforma dejaría el pleno en manos de una mayoría progresista que ahora mismo apuesta por no aplicar las cautelarísimas que pide la derecha.
El caso que puede marcar el camino de la situación actual se remonta a la primera legislatura del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero. Un año 2004 en el que el Tribunal Constitucional contaba con un empate técnico entre progresistas y conservadores y en el que la presidencia de María Emilia Casas, progresista, era clave para decantar la balanza a su favor. Su mandato, que por Ley puede durar un máximo de tres años, vencía en el verano de 2007 y fue la Izquierda Unida de Gaspar Llamazares la que, tras un pacto con el PSOE, presentó una enmienda para que se pudiera alargar.
La enmienda salió adelante con el voto en contra de PP y PNV y fue bautizada por la oposición como la “Enmienda Casas”, vigente a día de hoy en el artículo 16.3 de la Ley del TC. La reforma permite que si el final del mandato de un presidente del Constitucional no coincide con la renovación del magistrado que lo ocupa, ese mandato se prolonga. Fue aprobada, pero también fue recurrida por un Partido Popular, que por boca de Ignacio Astarloa, entendía que la reforma pervertía “la estructura del Estado”.
El Constitucional solucionó el caso en 2008, rechazando el recurso del Partido Popular, pero un año antes se reunió, igual que sucede estos días con la nueva reforma, para ver si debían aceptar la abstención de dos magistrados. Los dos directamente afectados por la reforma, la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez, habían solicitado ellos mismos ser apartados del pleno porque sus puestos estaban directamente afectados por la reforma recurrida. Entendían que formar parte de las deliberaciones podía comprometer la imagen de imparcialidad que el Tribunal Constitucional proyecta hacia la ciudadanía.
La decisión del pleno no fue unánime –hubo cuatro votos particulares en contra– pero la mayoría del Constitucional aceptó la recusación e, incluso, alabó la “sensibilidad” de Casas y Jiménez a la hora de abstenerse sin que nadie se lo pidiera. Y el tribunal por mayoría constató que era cierto que no debían sentarse en la mesa que iba a debatir sobre una reforma legal que afectaba directamente a su continuidad como presidenta y vicepresidente, respectivamente.
La reforma afectaba de forma “más intensa y directa” a estos dos magistrados, reconoció el Constitucional, y rechazar las abstenciones y obligarles a participar en la decisión sería algo “difícilmente comprensible por la ciudadanía”, dijeron entonces en el auto. Mantenerlos en el pleno sería poner la garantía institucional del Tribunal “sobre la garantía de imparcialidad real y aparente a favor de las partes en el proceso y que alcanza una dimensión general respecto al conjunto de una sociedad democrática vertebrada en un Estado de Derecho”.
En aquel caso, el pleno explicó que era “indudable” que la abstención estaba basada en “datos objetivos”, en este caso la “imagen de posible pérdida de imparcialidad” del Constitucional. “No sería comprensible por la ciudadanía que, tratándose en el proceso del enjuiciamiento de una norma directamente determinante del estatus actual de la Presidenta y del Vicepresidente, y habiéndose abstenido de participar en él, el Tribunal, desacreditando su apreciación de la apariencia de imparcialidad, les obligase, contra su expresa y fundada voluntad, a participar como Jueces en el enjuiciamiento de la norma que tan directamente les afecta”, concluyó el Constitucional.
De Casas a González-Trevijano
La abstención de estos dos magistrados salió adelante con polémica y cuatro votos particulares en un momento convulso para el Tribunal Constitucional, con un equilibrio muy delicado entre progresistas y conservadores y casos como el del Estatut de Catalunya que ponían a prueba las costuras del tribunal de garantías. También entonces el Partido Popular protagonizó un bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en ese caso durante un año y 10 meses.
Década y media más tarde el nuevo bloqueo protagonizado por el PP en el órgano de gobierno de los jueces supera los cuatro años y el Constitucional se encuentra en una encrucijada similar: una reforma que no toca su propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pero que sí afecta directamente a la renovación de dos magistrados: el presidente Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez. Si la reforma se paraliza, tal y como pide el PP al cuestionar que se haya tramitado como una enmienda, su renovación por parte del Gobierno no se podrá desbloquear y ambos seguirán en el cargo, a pesar de que su mandato lleve caducado desde junio, ante la falta de avances en la renovación que depende a su vez del CGPJ.
Muchas son las similitudes, por tanto, entre el caso de María Emilia Casas y el de Pedro González-Trevijano. El dilema de mantenerse en un pleno que, con su decisión, en la práctica alargará o acortará su estancia en el tribunal de garantías, incluida la del propio presidente. También en un momento clave para las mayorías del tribunal: en 2007 el voto de Casas era la llave para decantar las votaciones, y en la actualidad la renovación de estos dos magistrados conservadores puede suponer la aparición de una mayoría progresista en el Constitucional inédita desde hace más de una década.
También existen diferencias. Hace 15 años, Casas y Jiménez decidieron abstenerse de las votaciones sobre la enmienda que llevaba el nombre de la primera. En la actualidad, los dos magistrados afectados no lo han hecho –e incluso el presidente del tribunal ha seguido tomando decisiones–, pero han sido Unidas Podemos y también el PSOE, este viernes quienes han pedido la recusación de González-Trevijano y Narváez, alegando el interés directo de ambos en el pleito sobre el que debe decidir el Constitucional. En 2007 el propio Constitucional invitó a diferenciar entre ambos supuestos.
Los motivos legales de una abstención y una recusación, dijo entonces, “son los mismos”, el Constitucional constató una “visible diferencia” del tratamiento de ambos supuestos. Afirmó en ese auto examinado por elDiario.es que existía una “menor extensión” del “enjuiciamiento crítico” en una abstención que plantea en un magistrado frente al análisis de una recusación planteada por una parte interesada. En análisis de ambas, zanjó, “no resulta necesariamente idéntico”.
Dos abstenciones clave para el pleno
Este será un asunto que esté sobre la mesa del Constitucional el próximo lunes a las diez de la mañana, cuando los 11 magistrados y magistradas del pleno vuelvan a la calle Domenico Scarlatti y decidan, antes de entrar a examinar las cautelarísimas que piden PP y Vox, si González-Trevijano y Narváez pueden formar parte de las deliberaciones. Y el resultado puede ser clave para la resolución de las medidas urgentes. Sobre todo, porque el calendario apremia. Si no se suspende la tramitación parlamentaria y se acaba aprobando la reforma legal, los dos magistrados del Constitucional podrán ser relevados en cuestión de días, tan pronto como la ley reciba el visto bueno del Senado y sea publicada en el BOE.
Tal y como ha explicado elDiario.es, las posiciones dentro del pleno del tribunal no están claras. Los cinco magistrados progresistas pidieron este jueves más tiempo para examinar la documentación del caso, y eso tuvo una consecuencia: el pleno se retrasó unos días y las enmiendas fueron votadas sin impedimentos en el Congreso. Pero no está claro si los seis magistrados conservadores, con solo un voto de diferencia, tienen previsto respaldar en bloque la propuesta del ponente, Enrique Arnaldo, a favor de suspender cautelarísimamente el proceso parlamentario.
Un solo voto de diferencia a favor de los conservadores que pasaría a ser un voto de diferencia en su contra si dos de sus magistrados, los recusados y afectados por la reforma, se apartan finalmente de las deliberaciones como hicieron María Emilia Casas y Guillermo Jiménez en 2007. Los cinco progresistas, que apuestan por rechazar las cautelarísimas, quedarían en ese caso en mayoría frente a cuatro conservadores y el pleno todavía tendría magistrados suficientes para tomar la decisión según su propio reglamento.
La tramitación de estas enmiendas y la petición de medidas urgentes del Partido Popular se han traducido en uno de los momentos más tensos de la política reciente cuando el pasado jueves los diputados llegaban al Congreso sin saber si iban a poder votar la reforma en el pleno extraordinario previsto para primera hora de la tarde.
Si el pleno del Constitucional, que empezó con varias horas de retraso, estimaba las cautelarísimas, quedaría anulado el acuerdo de la Comisión de Justicia de admitir a trámite las enmiendas y eso comprometería todas las votaciones posteriores. El pleno se retrasó después de que el bloque progresista pidiera más tiempo para examinar la documentación y la votación parlamentaria se celebró, pero ese fue solo la primera bola de break: si la semana que viene el Constitucional estima la petición de las derechas, la votación comprometida pasará a ser la del jueves en el Senado sobre esta misma reforma.