El juez Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, ha decidido abrir un sumario y rechazar la prescripción del caso del empresario español, Manuel Terrén, acusado de crímenes de guerra por su participación en el tráfico de diamantes de sangre de Sierra Leona hace más de dos décadas. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado contradice a la Fiscalía y explica que las acusaciones contra Terrén, encarcelado durante varias semanas tras su detención en Málaga en julio, no han prescrito y abre la posibilidad a que sea juzgado por crímenes de guerra por, según la querella presentada contra él por una víctima, hacer fortuna con los diamantes extraídos de las minas de Sierra Leona por esclavos en los años noventa.
La querella fue interpuesta en 2021 pero el empresario español acusado, Manuel Terrén, no fue localizado y detenido hasta el pasado verano. El juez De Jorge ordenó su ingreso en prisión sin fianza por el alto riesgo de que se fugara a Brasil, país donde residía en ese momento. Fue la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que, tres semanas después, revocó esta decisión apoyándose en los argumentos de la Fiscalía: Terrén cuenta con arraigo en España, padece una enfermedad, no tiene antecedentes penales y, según los jueces, “no resultaría extraño” que los hechos “estuvieran prescritos”.
La instrucción, a lo largo de los últimos meses, se ha convertido en un enfrentamiento con el juez instructor y la acusación defendiendo la tesis contraria a la Sala de lo Penal, la Fiscalía y la defensa del acusado: que los hechos no han prescrito y que, incluso, tendría que haberse analizado el contenido de un ordenador intervenido durante su arresto. En uno de sus escritos recientes, el fiscal Pedro Martínez Torrijos llegó a vaticinar que, en este caso, la posibilidad de que este caso termine en condena es “más bien remota”.
El juez ha decidido que el caso debe seguir adelante y ha rechazado que las acusaciones contra Terrén hayan caducado, transformando las diligencias previas en un sumario ordinario y comunicando su decisión a la Sala de lo Penal. Las “responsabilidades penales” del empresario español “no estarían prescritas” por los delitos que se le atribuyen: guerra y lesa humanidad. “No se ha operado la prescripción y por razón de la pena máxima aplicable el procedimiento ha de tramitarse como sumario”. La guerra civil de Sierra Leona, explica el juez, tuvo lugar entre 1997 y 2002 pero existen “motivos para pensar que ”la comercialización de diamantes procedentes de trabajo esclavo de civiles podría haberse continuado también en 2003“.
Los diamantes de sangre
La guerra civil de Sierra Leona arrancó al comienzo de la década de los noventa y a lo largo de más de una década las masacres del Frente Revolucionario Unido (FRU) dejaron decenas de miles de muertos además de dos millones y medio de desplazados. El grupo golpista financió buena parte de su guerra civil con la extracción de diamantes de las minas del país usando obra de mano esclava extraída de entre los civiles que secuestraban.
En 2021, una víctima de la guerra representada por los abogados Hernán Garcés y Juan Garcés, apoyados por la ONG Civitas Maxima, acudió a la Audiencia Nacional en Madrid apuntando a un empresario español que, según su versión, se habría lucrado de esta venta y tráfico de las piedras preciosas conocidas como “diamantes de sangre” por su papel en el conflicto bélico: Manuel Terrén.
Según la querella, el empresario compró a través de Orfund Group los diamantes del FRU para después usar una “fachada empresarial” en Liberia y poder venderlos en Amberes. Así conseguía sortear el principal obstáculo para la venta de los diamantes: el embargo y las restricciones de la ONU para evitar que la venta de diamantes financiara el baño de sangre de Sierra Leona.
En su auto de prisión, que fue posteriormente revocado, el juez afirmó que hay pruebas suficientes para sospechar que Terrén “se lucró con la venta de diamantes que le eran entregados por miembros del FRU”. Diamantes de las minas de Kono “donde eran extraídos por trabajadores, forzados a trabajar en las minas por el FRU en régimen de esclavitud”. Los jueces no pusieron en duda las acusaciones pero le dejaron en libertad teniendo en cuenta “especialmente por el transcurso de más de 15 años desde que acaecieron los hechos”.