El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula de ese departamento durante la primera legislatura de Mariano Rajoy por la denominada “Operación Kitchen”, el operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.
En su auto, el magistrado rechaza por extemporánea la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados. Alega el magistrado que no hay diligencia alguna durante la instrucción en ese sentido y que no es momento, por tanto, de atribuir tal responsabilidad al Partido Popular.
El auto de apertura de juicio oral incluye todos los delitos planteados por las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado, PSOE, Podemos y familia Bárcenas) en sus respectivos escritos, entre ellos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso de los escritos del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros. Para el instructor, los diferentes relatos de los escritos de acusación, con sus correspondientes calificaciones penales, resultan, en principio, adecuados, todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la fase de juicio oral.
En su auto de fin de la instrucción, de julio de 2021, el juez García Castellón aprovechó para archivar la causa contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. También ponía fin con ese auto a una incipiente investigación sobre el posible conocimiento que tuviera el presidente del PP y del Gobierno durante los hechos, Mariano Rajoy. Las grabaciones que con posterioridad hicieron crecer los indicios contra Cospedal no fueron apreciadas como suficientes por el juez para volver a imputar a Cospedal.
En relación con la responsabilidad civil del PP solicitada por el PSOE, recuerda que hasta este momento, en esta pieza del caso Tándem, no se ha dirigido pretensión alguna en este sentido contra el PP y que, por tanto, siguiendo doctrina del Tribunal Supremo, resulta extemporánea, teniendo en cuenta, además, que se realiza sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad, “apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil”.
Además de al exministro, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exdirector adjunto Operativo Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.
Tres miembros más de la brigada política
Respecto de Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, para los que el fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional, el instructor rechaza esta solicitud y pide al Ministerio Público que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o que renuncie al mismo. El magistrado desestima también una diligencia complementaria solicitada por el PSOE al considerar que la instrucción está finalizada. Los tres policías fueron destacados miembros del grupo que operó contra la oposición y a favor del PP entre 2012 y 2016. Olivera, ex jefe de la UDEF, estaba destinado al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO); José Ángel Fuentes Gago fue la mano derecha de Pino en la Dirección Adjunta Operativa; y Díez Sevillano le sustituyó en el puesto.
La resolución acuerda imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos, de 20.000 euros para Andrés Manuel Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto, excepto García castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.
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