El juez de la Audiencia Nacional que investiga las mordidas en ocho contratos de material sanitario con la Administración central y dos comunidades autónomas trata de averiguar si los implicados en la trama mantuvieron contactos con altos cargos de los ministerios de Transportes e Interior durante el período en el que se formalizaron esas millonarias adjudicaciones. Para ello, el magistrado Ismael Moreno autorizó a la Guardia Civil a recabar los correos electrónicos intercambiados entre enero y julio de 2020 por parte de nueve altos cargos de esos departamentos.
A través de una resolución judicial fechada el 19 febrero, el día que se desarticuló la supuesta trama, el juez exige a los organismos que adjudicaron los contratos que entreguen una copia de esos correos “en el acto y en presencia” de la Guardia Civil. Así consta en un auto que figura en el sumario del llamado ‘caso Koldo’ y al que ha tenido acceso elDiario.es.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, fue quien facilitó a empresarios amigos la información sobre las adjudicaciones de material sanitario que se iban a realizar y quien tenía la “relación directa” con los funcionarios que adjudicaron algunos de los contratos. Además, según el juez, éste mantuvo su “capacidad de influencia sobre personal vinculado al Ministerio y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados” incluso dos años después de haber salido del Gobierno en el verano de 2021.
Ahora, en el marco de estas pesquisas, el juez reclamó a los citados organismos que le faciliten los correos que se intercambiaron algunos de sus altos cargos. En el caso de Puertos del Estado, ente enmarcado en el Ministerio de Transportes que adjudicó el mayor de los contratos investigados, de 20 millones de euros, exige que le entregue material de cuatro personas. Se trata del Francisco Toledo Lobo, que cesó como presidente en noviembre de 2021; el actual secretario general, Alvaro Sánchez Manzanares, la directora de Contratación, Aranzazu de Miguel Peña y la jefa del Departamento Jurídico de la Mesa de Contratación, Belén Caballero Martínez.
A Adif, la entidad pública que gestiona la explotación de las líneas ferroviarias y que adjudicó otro contrato por valor de 12,5 millones, pidió información de tres de sus cargos. Es el caso de su expresidenta Isabel Pardo de Vera, que dimitió de su cargo hace un año tras el problema que hubo sobre las dimensiones y el diseño de los trenes de Cercanías para Cantabria y Asturias. Pardo de Vera también era en ese momento secretaria de Estado de Transportes. El juez reclama, asimismo, los correos del director de Recursos Humanos de la compañía, Martín Navarro Vicent; del director general de Gestión de Personas, Michaux Miranda; y del director general de Riesgos Laborales, Jesús Díaz.
Por otro lado, el magistrado también quiere ahondar en la información del contrato que la supuesta trama red firmó con el Ministerio del Interior en abril de 2020 y por un valor de 3,5 millones. Por ese motivo, solicitan los correos el Subdirector General de Planificación y Gestión de infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar.