El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha dejado en libertad pero con la obligación de comparecer mensualmente en sede judicial al teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva —exjefe Antidroga para El Estrecho de Gibraltar— y los otros dos agentes de la Benemérita investigados por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho, según fuentes conocedoras de las declaraciones que han tenido lugar este miércoles.
De esta forma, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ha acordado la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Antidroga, después de escuchar durante varias horas la versión de los tres investigados, que han negado la ofrecida por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
Fuentes del caso señalan que Oliva está investigado por presuntamente haber presionado a un subordinado y al otro teniente para saber si se investigaba su presencia en una fiesta del 'narco'.
Los tres han comparecido en la Audiencia Nacional fruto de una investigación que comenzó el año pasado el Servicio de Asuntos Internos del Instituto Armado como una pieza separada de una causa más amplia que la Fiscalía Antidroga lleva en secreto.
Oliva habría presionado a los dos tenientes para saber si Asuntos Internos le estaba investigando por asistir a una fiesta del 'narco', unas pesquisas que, según las citadas fuentes, no se estaban llevando a cabo.
No obstante, Asuntos Internos sí advirtió esas presuntas presiones y le empezó a investigar por eso. También dirigió sus pesquisas contra los otros dos tenientes, igualmente igualmente por ambos delitos.
Entregan dispositivos
El delito de revelación de secretos se le imputa por tratar de obtener dicha información y el de cohecho por garantizar a ese teniente, que finalmente sí le habría facilitado algún tipo de información, que pasaría de Asuntos Internos a Antidroga.
Las presiones se habrían producido durante su etapa como jefe del Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON), creado a mediados de 2018 como unidad puntera en la lucha antidroga y desmantelado el pasado septiembre por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
En las últimas horas, se ha llevado un registro en el que el teniente coronel y otro de los investigados han entregado voluntariamente sus dispositivos electrónicos para que sean analizados como parte de las pesquisas.