El juez impulsa la investigación a Begoña Gómez después de que la Guardia Civil descarte indicios de delito

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga un supuesto tráfico de influencias con la participación de Begoña Gómez, encargó un informe a la Guardia Civil sobre las afirmaciones recogidas en la querella de Manos Limpias. Después de que la unidad de élite del instituto armado le aportara un informe de 160 páginas en el que concluía que no hay indicios de delito en la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, el mismo juez ha requerido a los guardias civiles para que le entreguen esos expedientes que han examinado para que sea él personalmente quien analice los contratos. 

El encargo del juez a la Unidad Central Operativa (UCO) fue celebrado por sectores de la derecha y la extrema derecha como un seguro para el éxito de la investigación que acababa de comenzar. Fue el 22 de abril, mediante una providencia y con la causa bajo secreto, cuando el juez se dirigió a la UCO. A los 22 días, los investigadores del instituto armado entregaron al magistrado un atestado en el que analizaban las informaciones periodísticas que constituían la querella de Manos Limpias, así como los contratos a los que aludían, algunos sospechosos de haber sido concedidos con la intercesión de la mujer del jefe del Ejecutivo. 

Ese informe, cuyas conclusiones adelantó El País el pasado 21 de mayo, descarta que Gómez hubiera influido en la concesión de dichos contratos. Con la causa aún bajo secreto, el juez informó al día siguiente, a través de una nota del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que citaba a declarar a seis testigos en plena campaña de las elecciones europeas y cuya participación en los hechos había analizado la UCO en su informe sin encontrar indicios de delito. Días después, el 24 de mayo, el juez dictó otra providencia en la que reclamaba los expedientes de las adjudicaciones que ya había examinado la Guardia Civil. 

Uno de los testigos citados es Carlos Barrabés, un “empresario de dilatada trayectoria profesional”, según la UCO, que fue profesor en un máster que codirigía Gómez y dueño de varias empresas que accedieron a 99 contratos con diferentes administraciones desde 2015 por un importe de 24,9 millones. Entre las informaciones periodísticas que centran la querella hay una que El Confidencial publicó el pasado 2 de abril y que recogía que Gómez había firmado en 2020 una carta para apoyar a la UTE The Valley-Innova Next en una licitación de la empresa pública Red.es. Otra información, publicada un día después, hablaba de una segunda carta. Según la UCO, Innova Next es “la principal mercantil” a través de la que Barrabés “mantiene relaciones con la Administración Pública”. 

Según estas informaciones, las cartas habrían sido clave para que esa UTE accediera a dos adjudicaciones por valor de 6,97 millones de euros para poner en marcha unas oficinas de apoyo a pymes y autónomos y hacer cursos de formación para jóvenes. El organismo que licitó los contratos —Red.es, dependiente del Ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño— desmintió que las cartas tuvieran relevancia en la concesión de los lotes a la citada UTE. De hecho, las cartas eran una plantilla que las dos empresas distribuyeron entre diferentes organismos y empresas con las que habían colaborado. Por ejemplo, la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid (PP) firmó otra exactamente igual a la de Gómez.

Sobre el “impacto” de estas cartas, los investigadores de la Guardia Civil dicen que no se han hallado “elementos diferenciadores” que apunten a que las tres adjudicaciones de Red.es a la UTE en la que estaba Barrabés se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes semejantes. Además, la UCO subraya que más allá de las citadas cartas “no se han encontrado, al menos de momento, otras vinculaciones” entre la mujer de Sánchez y David Cierco, el exdirector de Red.es que firmó los pliegos de esos contratos; y Luis Prieto, quien en ese momento era director de economía digital de Red.es y que fue quien supervisó los informes de valoración subjetiva de las distintas ofertas. 

Ambos han sido también citados como testigos. En la misma condición, el juez también ha llamado a comparecer a Alberto Martínez Lacambra, sucesor de Cierco en el cargo; Ignacio Espejo Saavedra, que presidió las mesas de contratación; y a un socio de Barrabés, Luis Antonio Martín Bernardos. 

Además, tras recibir el primer atestado, el magistrado solicitó a la UCO que le remitiera todos los expedientes de contratación que Red.es adjudicó a Innova Next incluidos, por tanto, los que ya había analizado de forma pormenorizada en el informe que esta unidad remitió al juzgado el pasado 14 de mayo. También reclama los expedientes adjudicados a esta empresa por parte de otras dos administraciones públicas: el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid. 

En el citado atestado, la unidad de élite de la Guardia Civil ya daba cuenta de la existencia de dos contratos que el Ayuntamiento de Madrid, en manos del Partido Popular, adjudicó a la empresa vinculada a Barrabés en los años 2021 y 2022 por valor de casi 2,5 millones de euros. También recogía otra adjudicación de tres millones de euros del Consejo Superior de Deportes suscrita en el verano de 2022. 

Sin vinculación con el rescate

El informe de la UCO también desmonta el otro elemento en el que se basaba Manos Limpias para atribuir a la esposa del jefe del Ejecutivo delitos de corrupción y tráfico de influencias: la relación que estableció en el Instituto de Empresa —donde dirigió el IE África Center entre agosto de 2018 y junio de 2022— con los dueños de Globalia, propietaria de Air Europa, una empresa que fue después rescatada por el Gobierno en la pandemia. 

Respecto a Air Europa, según publicó El Confidencial, Gómez habría pactado un contrato de patrocinio de 40.000 euros al año de la aerolínea con el IE Africa Center. El objeto era sufragar unas becas, vuelos y la organización de eventos. El convenio se firmó en enero de 2020, antes de la pandemia. Y nunca se puso en marcha por decisión del centro de estudios.

“El contrato de patrocinio que Wakalua firmó con el IE África Center no se ejecutó porque no nos gustó el proyecto y decidimos no seguir adelante”, recoge un correo electrónico que la jefa de prensa del IE envió a El Confidencial y que aparece en el sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es. Es decir, los 40.000 euros prometidos no llegaron en su totalidad. La aerolínea reconoció haber pagado sólo 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento. 

El citado medio vinculó el trabajo de Gómez en el IE y el citado convenio de patrocinio con el rescate a Air Europa en plena pandemia. La aerolínea recibió 475 millones de euros en forma de préstamo para evitar la quiebra en un momento en el que el confinamiento frenó en seco el transporte aéreo mundial. 

No fue la única empresa ayudada con fondos públicos. En su día, el PP apoyó el rescate e incluso lo consideró insuficiente porque, en su opinión, otras empresas recibieron más dinero por trabajador. Pese a ello, denunció a Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por no ausentarse del Consejo de Ministros que aprobó el rescate por los supuestos “vínculos” de su mujer con la empresa rescatada. La denuncia fue archivada.

En relación a este asunto, el informe de la UCO subraya que el único elemento que puede vincular a la esposa de Sánchez con Globalia es el hecho de que coincidiera con uno de sus principales directivos, Javier Hidalgo, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020. Y, en consecuencia, constata que “no se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate” a Air Europa.