Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón ya tienen cita para comparecer en los juzgados de la Plaza de Castilla. El juez que investiga el caso de las comisiones millonarias salidas de contratos de material sanitario ha llamado a declarar como imputados a ambos empresarios el lunes 25 de abril a las 12.30 del mediodía. Además el magistrado ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha ordenado el embargo de sus bienes, entre los que se encuentran todos los artículos de lujo que compraron, supuestamente, con las comisiones que cobraron y que ha denunciado Anticorrupción.
La citación, explican fuentes jurídicas a este periódico, se produce apenas un día después de que el juzgado 47 anunciara la admisión a trámite de la querella de Anticorrupción contra los dos empresarios. El Ministerio Público les acusa de un delito de estafa, otro de falsedad documental y otro más de blanqueo de capitales por los que tendrán que responder el próximo 25 de abril después de haber declarado también en su momento en la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía, tal y como reveló elDiario.es, investiga desde 2020 a estos dos empresarios por cobrar seis millones en comisiones salidas de tres contratos de suministro de material sanitario de la funeraria municipal madrileña. Fue Luis Medina Abascal quien, según este relato, llegó al Ayuntamiento de Madrid aprovechando su fama y su amistad con un primo del alcalde y propuso que su amigo Alberto Luceño trajera mascarillas, test de anticuerpos y guantes de nitrilo desde China a través de una empresa malaya.
Los dos, según la querella, engañaron al consistorio y consiguieron que pagara varios millones de sobreprecio por el material para cobrar sus comisiones. Además, una vez cobradas, la Fiscalía sospecha que intentaron blanquear el botín comprando masivamente artículos de lujo de alto precio como relojes, una docena de coches de alta gama y una casa en el caso de Luceño. El hijo del fallecido duque de Feria usó su parte para comprar, entre otras cosas, un yate al que bautizó como “Feria” y que puso a nombre de una sociedad gibraltareña a medias con su hermano Rafael.
Otra de las medidas que ha tomado el juez, a petición de Anticorrupción y siguiendo el guion habitual de este tipo de casos, ha sido embargar los bienes para hacer frente a una hipotética condena.