El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha puesto en marcha la investigación sobre la guerra sucia que la Policía Nacional desató, supuestamente, contra Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por el momento el magistrado ha llamado a declarar en octubre y noviembre como imputados a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Interior, y a varios altos mandos policiales de la época: el Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, Enrique García Castaño y José Ángel Fuentes Gago además de Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira.
El magistrado también acepta llamar a declarar a varios testigos propuestos por Podemos después de que la primera batería de testificales contenida en la querella fuera rechazada. Ignacio Cosidó no será imputado pero sí ha sido llamado a declarar como testigo junto con varios excomisarios supuestamente involucrados, un ciudadano venezolano y la que fue contable de Pablo Iglesias.
Fue el pasado mes de febrero cuando el juez Pedraz se convirtió en el primer magistrado en aceptar analizar por la vía penal si la cúpula policial de los gobiernos del PP con Mariano Rajoy maniobraron de forma ilegal para perjudicar a Podemos y sus líderes en pleno ascenso del partido. Ya en su auto de admisión a trámite, el juez explicaba que por el momento no investigaría al entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, ni tampoco al director de la Policía, Ignacio Cosidó, pero sí a varios de sus subordinados y altos mandos policiales.
Las citaciones están programadas para finales de octubre. El día 29 comparecerán Francisco Martínez, procesado en el caso Kitchen, y al comisario Enrique García Castaño. Un día después lo hará Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo del cuerpo, y José Ángel Fuentes Gago, otro comisario. Ya el día seis de noviembre comparecerán Andrés Gómez Gordo, policía recientemente condenado por la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, y Germán Rodríguez Castiñeira.
La querella del partido de Ione Belarra apuntaba a que los investigados, siguiendo órdenes de Francisco Martínez y en última instancia de Jorge Fernández Díaz, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política Podemos”.
De la Policía a las portadas
El objetivo principal, según la querella que instruye Pedraz, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” y finalmente desprestigiar ante la opinión pública al partido que entonces dirigía Pablo Iglesias, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Las consecuencias de esta actividad policial ilegal contra el partido, explicaba la querella, puede encontrarse en las portadas en ocho actuaciones diferentes: desde la investigación al líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA (sobre la falsa financiación irregular de Podemos) hasta la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
Desde su irrupción en la política española en las elecciones europeas de 2014, ni Podemos ni ninguno de sus líderes han sido condenados por financiar de forma irregular el partido. Un juzgado de Madrid mantuvo abiertas durante tres años unas diligencias en el conocido como 'caso Neurona' que, finalmente, fue archivado por falta de pruebas.