El Colegio de Arquitectos de Tenerife exige al Gobierno canario que deje de contratar de forma “desmedida” a Gesplan

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda

Canarias Ahora

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El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) ha reiterado este viernes la “urgencia” de tomar las medidas oportunas para regular los encargos en materia de arquitectura y planeamiento a la empresa pública Gesplan. Esta petición ya fue trasladada al Gobierno de Canarias en noviembre de 2023 tras la reunión mantenida con el actual presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo.

“En abril del año pasado firmamos un manifiesto conjunto todos los colegios profesionales advirtiendo de esta situación, en noviembre nos reunimos personalmente con el presidente y seguimos sin respuesta”, ha denunciado en una nota la decana del COA, Nieves Febles.

Desde la institución se recuerda que el fin inicial de la creación de esta entidad pública es actuar “exclusivamente” en situaciones puntuales de carácter excepcional de auxilio al propio Gobierno de Canarias para colaborar en la redacción y gestión de planeamiento urbanístico.

Para ello, se estableció el mecanismo de las encomiendas de gestión, ahora encargos a medios propios, una técnica que permite a las administraciones encargar directamente y prescindiendo de la libre concurrencia todo tipo de obras y servicios.

Según afirma la decana del COA, María Nieves Febles, el recurso desmedido a Gesplan por parte, especialmente, de los ayuntamientos canarios, viene a configurar una “práctica abusiva”, cuyas repercusiones inciden directamente en la libertad de concurrencia provocando la “muerte lenta” de las profesiones ligadas al sector de la arquitectura y planeamiento.

“Lo que se pensó como una medida de última instancia se ha convertido en una costumbre, es más sencillo encargar a una empresa propia que realizar los trámites y procedimientos que implica abrir un concurso de libre concurrencia”, ha señalado la decana. Así, ha señalado que esta situación está generando la destrucción del tejido empresarial, especialmente de las pymes.

“Si esta tónica se mantiene Canarias está condenada a perder un capital humano formado y especializado”, ha añadido.

Incremento del gasto

Además, la institución colegial recalca que este procedimiento directo de encargos supone un incremento del gasto ya que Gesplan establece unas tarifas fijas, algo que en un proceso abierto y de libre concurrencia sería impensable.

“La libre concurrencia es un mecanismo de transparencia pensado, como su nombre indica, para propiciar la participación de varias empresas interesadas que deberán competir por ofrecer mejores servicios y precios”, ha puntualizado la decana.

Por lo tanto, estos encargos directos van más allá de la mera repercusión en el sector, ya que la concurrencia pública garantiza la calidad de los servicios y los mejores precios de los servicios ofertados.

En este sentido, la decana del COA ha señalado que esto afecta directamente a los ciudadanos a los que se les priva de este derecho, el de obtener la mejor calidad del servicio al precio más competitivo.

“Al final esta práctica lo que está provocando es que esas obras y servicios de las que deben disfrutar los canarios y canarias no respondan a un proceso transparente, a un procedimiento donde la competencia entre las ofertas garantice la calidad final del resultado”, ha añadido.

Manifiesto de colegios y asociaciones profesionales

En abril, los colegios y asociaciones profesionales de Canarias, excepto el Colegio de Aparejadores de Tenerife, firmaron un manifiesto en el que se denunciaba que las administraciones canarias vienen encargando de forma “directa y reiterada” sus obras y servicios a las empresas públicas pertenecientes al Gobierno de Canarias.

En ese documento se exigía el fin de la práctica generalizada de las adjudicaciones directas a las empresas públicas, restringiéndolas a casos realmente “justificados y necesarios”; el refuerzo de los servicios técnicos y administrativos de contratación de las administraciones y la reconsideración de la legislación en materia de contratación que, incorporando los principios básicos de fomento de la competencia, debe orientarse hacia una simplificación y racionalización de procedimientos que evite la paralización administrativa que “atenaza” a las administraciones.

Desde el COA han vuelto a solicitar al Gobierno de Canarias que considere la situación expuesta desde abril para regular este procedimiento.

Entre las posibles modificaciones normativas y directrices para un correcto uso de los encargos a las empresas públicas como Gesplan, el COA plantea el uso de sus servicios para realizar tareas “imprescindibles, urgentes y necesarias” para la administración, limitando la técnica del encargo en materia de arquitectura y planeamiento a “casos singulares y debidamente justificados”.

Asimismo, se ha propuesto que estas empresas públicas pasen a reorientar su actividad para canalizar hacia los profesionales libres las prestaciones de carácter intelectual; seguimiento y control de calidad de los trabajos; colaboración con las oficinas técnicas municipales para reducir los tiempos de gestión y agilizar los trámites (apoyo técnico jurídico, gestión de fondos o elaboración de informes) y ofrecer formación para que se consoliden los profesionales canarios en los campos de ordenación territorial y urbanística.

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