El juez Ángel Hurtado ha ordenado a la Guardia Civil que identifique a quién pertenecen los teléfonos móviles y las tarjetas que alojaban y que fueron incautados durante el registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hurtado dicta esta providencia después de que la Unidad Central Operativa le informase en un atestado de que había encontrado “cero mensajes” de cualquier servicio de mensajería en el móvil de García Ortiz en las fechas en la que el Supremo le investiga por un presunto delito de revelación de secretos.
En concreto, el juez pide a la UCO que le facilite los “números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas” que fueron requisados, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono. Cruzando los datos de IMSI e IMEI, por ejemplo, se puede conocer si una tarjeta ha sido utilizada en un determinado teléfono, aunque ya esté fuera de ese dispositivo.
En una providencia de un párrafo, el juez advierte de que toma esta medida “a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial” del móvil del fiscal general, que no ha permitido vincularle con la filtración de un correo electrónico sobre la oferta que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, hizo a la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que le permitiera evitar la cárcel y reconocer dos delitos de fraude fiscal.
Algunas informaciones señalaban que el móvil del fiscal general del Estado no tenía mensaje alguno guardado porque había cumplido una instrucción interna de la Fiscalía que le obliga a entregar su terminal cada cierto tiempo para que no aloje información relacionada con su cargo y que esta pueda correr peligro.
El informe de la UCO explicaba que en el teléfono de García Ortiz hay “cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado”, es decir, entre el 8 y el 14 de marzo de este año. El juez Hurtado envió a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al despacho del fiscal general a finales de octubre en la calle Fortuny de Madrid. El objetivo era recopilar todos sus correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para buscar indicios sobre si participó, de alguna manera, en la filtración de los correos que Alberto González Amador cruzó con la Fiscalía en febrero buscando un pacto en su caso de doble fraude fiscal.