El resultado negativo de todas las iniciativas del juez Manuel García-Castellón para sostener una acusación contra Pablo Iglesias se ha visto compensado, finalmente, con la declaración de José Manuel Calvente, el abogado despedido de Podemos. El magistrado ha propuesto al Tribunal Supremo que investigue al secretario general de Podemos de acuerdo a la declaración de Calvente en la que el abogado, sin aportar pruebas, acusó al secretario general del partido de urdir un montaje en torno al caso Dina. Sobre el origen de la información que trasladó al juez, Calvente dijo: “Tengo bastante discusión con esta persona, no quiero decir el nombre. Me lo confirman así, me lo dicen claramente [que fue un montaje]”. Calvente estaba apartado ya del departamento jurídico y no podía conocer de primera mano los hechos.
A lo largo de su exposición razonada, el juez presenta varias acusaciones clave para sostener la petición al Supremo de que investigue a Iglesias que se basan, exclusivamente, en la declaración de Calvente, si bien el magistrado evita atribuírselas al testigo. Entre ellas, que Pablo Iglesias es quien “insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Dina Bousselham tratando de simular, falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en el digital (Okdiario) y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015”. Solo al final, García-Castellón califica de “minuciosa” la declaración de Calvente durante más de tres horas y dice que merecería ser reproducida por completo en su exposición razonada. No hay otro indicio en la profusa instrucción dirigida por el juez que ratifique las afirmaciones del testigo.
El juez García-Castellón asegura que Iglesias buscaba con el supuesto montaje un “rédito electoral” y que si se quedó al menos seis meses con la tarjeta de Dina fue porque sospechaba que ella había hecho los pantallazos de chats del partido y difundido a terceros, una deducción que solo Calvente ha puesto de manifiesto en la causa. José Manuel Calvente fue despedido de Podemos bajo una acusación de acoso a una compañera que luego no han ratificado los tribunales.
García-Castellón implica en el supuesto montaje a Gloria Elizo, Raúl Carballedo y Marta Flor Núñez. Ninguno de estos nombres había aparecido en la intensa investigación en torno a Pablo Iglesias que organizó el juez al regreso del confinamiento. Hasta que Calvente los puso encima de la mesa y les atribuyó a cada uno un papel. Tampoco hay más ratificación sobre su participación. El juez no les ha llamado a declarar para que rebatan las acusaciones de Calvente.
Manuel García-Castellón ya había dejado a un lado la línea de investigación sobre Villarejo y se había centrado en Pablo Iglesias. En la exposición razonada da un paso más y concluye que Dina Bousselham, con su supuesto envío a terceros de los pantallazos, es la responsable de que estos llegaran a Okdiario, El Mundo y El Confidencial, los tres medios que señala la Unidad de Asuntos Internos en su informe. De este modo, el juez descarta que Villarejo o el jefe de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, pudieran ser los autores de la filtración. Villarejo declaró en sede judicial que había entregado a Pino una copia de la tarjeta. Ninguna referencia a ello hay en la exposición razonada.
Hasta llegar a la declaración de Calvente, el juez sufrió antes varios reveses. García-Castellón puso en marcha la cooperación internacional para que la empresa de Gales a la que había recurrido la pareja de Bousselham para intentar arreglar la tarjeta confirmara que le había llegado dañada materialmente. Negativo. La empresa confirmó que no se podía acceder desde el principio a su contenido, pero descartó que llegara físicamente dañada. Después, la Policía Científica informó al juez de que los daños aparentes que presentaba el dispositivo respondían al intento de extracción de datos que había realizado la citada empresa.
Entre tanto, Bousselham cambió sus declaraciones anteriores y escribió al juez para asegurar que Iglesias le había entregado la tarjeta en buen estado. La Fiscalía Anticorrupción apreciaba en el vicepresidente segundo un posible delito de daños informáticos y/o revelación de secretos por haberse quedado la tarjeta al menos seis meses cuando la recibió de Interviú, antes de entregársela a su dueña en mal estado. Pero los fiscales también advertían de que se trataba de dos delitos solo perseguibles si ella denunciaba, para lo que pedían que Bousselham fuera llamada a declarar de nuevo. El juez se ha negado reiteradamente a que Bousselham vuelva a declarar y solo ahora que envía la causa al Supremo propone que sea el Alto Tribunal quien practique esa diligencia. García-Castellón remata con que Bousselham ha dado “muestras inequívocas” de que quiere que se investigue un posible delito de revelación de secretos por el uso de la información de su móvil.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado la decisión de pedir que se investigue a Iglesias tres semanas después de que la Sala de lo Penal le obligara a devolver al vicepresidente la condición de perjudicado por la publicación del contenido del móvil de su exasesora.
En su exposición razonada, el juez dice que es compatible acusar a Villarejo por guardar documentación de terceros con atribuir a Bousselham la difusión de su contenido y provocar que se hicieran con ello los medios que lo publicaron. Y alude a las posibles “hipótesis alternativas” que señalaban en su auto los magistrados de la Sala para argumentar que cabe que Iglesias figure como perjudicado en la Audiencia Nacional y al tiempo haya motivo para acusarle ante el Tribunal Supremo de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa.
De uno de los medios que difundió información del móvil de Bousselham perjudicial para el partido, Okdiario, García-Castellón asegura que sufrió una campaña de “desprestigio” con el supuesto montaje de Podemos. En su tesis de cómo llegó la tarjeta a los medios referidos por la Policía, el juez obvia en todo momento la información que obra en el sumario, fruto de otras diligencias ordenadas por él, y que acreditan la relación del director de Okdiario, Eduardo Inda, y de otros periodistas que publicaron información del móvil, con el comisario encarcelado por dirigir una organización criminal.
El juez Manuel García-Castellón es el instructor del caso Tándem, una treintena de piezas separadas sobre encargos de la élite del país, incluidos bancos y empresas del Ibex, al comisario Villarejo cuando estaba en activo. También investiga otro encargo por el que no recibió remuneración: el de sus superiores del Ministerio del Interior para sabotear el caso de la caja B del PP.
En esa pieza están imputados todos los miembros de la denominada brigada política que actuó contra el proceso soberanista catalán y también contra Podemos. En una grabación, uno de ellos, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, dice a un posible confidente que tienen que evitar como sea que Podemos llegue al poder y que trae un mandato del presidente del Gobierno, en ese momento Mariano Rajoy. En su exposición razonada para pedir la imputación de Pablo Iglesias, García Castellón reprocha a Podemos que se invente una actuación contra el partido político a cargo de las “llamadas cloacas del Estado”, según la expresión utilizada por el magistrado.
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