El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Mérida fue, al menos entre los años 2018 y 2021, una “organización criminal” dedicada al tráfico de hachís, entre un amplio abanico de delitos. Esta es la principal conclusión de la investigación desarrollada por la Unidad de Asuntos Internos y el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital extremeña, cuyo titular, el magistrado José Agustín Agenjo, acaba de dictar el auto de cierre de la instrucción.
El juez propone juzgar a seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía, los cinco que componían el Grupo de Estupefacientes de Mérida hasta su detención hace ahora tres años, y un sexto agente. Al frente del grupo había, apunta la investigación, un inspector, Francisco Javier N., al que sus subordinados llamaban ‘Rambo’, pero quien dirigía realmente la trama criminal era Javier G., ‘El Canario’, otro de los policías del equipo, según figura en el sumario.
“El Grupo de Estupefacientes actuaba como una organización criminal en la que todos los integrantes participaban de manera concertada y coordinada, repartiéndose las tareas o las funciones”, escribe el juez en su resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Es revelador el papel predominante del policía Javier G., quien ejerce realmente las funciones de dirección y coordinación que debería tener el inspector del Grupo”, añade el magistrado.
Como desveló elDiario.es en junio de 2023, los policías nacionales están acusados de quedarse dinero de los traficantes en los registros cuando no estaba presente el secretario judicial; de robar miles de euros en material para las plantaciones de marihuana y entregárselo después a sus confidentes; de provocar entregas de droga para sumar detenidos e incautaciones; de avisar a sus colaboradores de que otros agentes les investigaban; y también de compartir plantaciones de marihuana y sus beneficios con traficantes de la zona.
La actividad ilícita de los policías era tan amplia según el juez que este se vio obligado a hacer un esfuerzo de síntesis y plantea un esquema de los hechos en el auto resumen de la investigación. Al describir el delito de organización criminal, el magistrado Agenjo explica el que denomina “modus operandi” del grupo: “Pasaba por tener una serie de informantes, colaboradores y protegidos que le proporcionaban información esencial para proceder a la detención de personas vinculadas con el mundo del tráfico de drogas”.
“Las operaciones policiales permitían [continúa el juez] que el traficante protegido realizara la actividad delictiva con la aquiescencia del Grupo, al tiempo que le protegía frente a investigaciones de otros grupos de investigación”. Este tipo de colaboracion con los narcos (“omisión del deber de perseguir delitos”, lo califica el juez) dio pie “a otro tipo de de colaboración en la que el propio grupo participaba de la actividad delictiva, en concreto del cultivo de plantaciones de marihuana”.
Todas esas actividades las cometían como un grupo concertado, pero el juez atribuye además al Canario tráfico de cocaína. “Al margen del resto del Grupo, propone a L.S.P [un narco] trabajar juntos, facilitándole transacciones de cocaína en la zona de Mérida”, relata el magistrado. Con otro presunto narcotraficante, el policía “llega a concretar” el precio de esta droga, precisa el juez en su auto, que lleva fecha del pasado 4 de septiembre.
El policía ofrecía a otros grupos traficar en Mérida
El poder en el mundo del crimen del policía nacional Francisco Javer G., El Canario, superaba al de otras organizaciones que operaban sin la ventaja del uniforme y la placa. El agente llegó a invitar a otros grupos a establecerse en la capital extremeña y les ofrecía ventajas. “Participaba de forma activa en las transacciones de droga, ofreciendo sus servicios a los suministradores de la mercancía ilícita para establecerse en la ciudad de Mérida y facilitándo compradores del productor en la ciudad”, relata el magistrado en el auto de fin de la instrucción.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional requirió al juez en 2021 que permitiera la instalación de una cámara oculta en las dependencias del Grupo de Estupefacientes y la intervención de los teléfonos de sus miembros, incluido un virus troyano que permitiera acceder a sus conversaciones de WhatsApp con anterioridad a la fecha del inicio de los pinchazos.
Aquella iniciativa de Asuntos Internos supuso el principio del fin del grupo, cuyos miembros hablaban abiertamente de sus delitos, entre ellos y con investigados por narcotráfico. También, de las torturas a un detenido en los colabozos por el Canario, quien al enterarse de que el arrestado había comentado que toda Mérida conocía el “negocio” del policía bajó a su celda y le dio una paliza. En otro caso de malos tratos hay otros dos de los policías del grupo detenidos por presenciar los hechos y no hacer nada.
Un chat llamado 'Narcóticos'
Las conversaciones en un chat al que los policías han bautizado como ‘Narcóticos’ son elocuentes. El 15 de julio de 2021, el Grupo de Estupefacientes está realizando un registro dentro de una operación policial. Mientras tenía lugar, el jefe de Estupefacientes, Francisco Javier N., avisa en el chat de whatsapp 'Narcóticos': “Aquí podéis hacer el rabúo”. Asuntos Internos cree que la expresión alude a que pueden “robar efectos” en el domicilio registrado. Por si quedaba alguna duda, Javi Canario responde: “Me voy a jartá”.
En la causa llegaron a estar imputados diez policías o ex policías nacionales, pero el juez decreta el archivo de las actuaciones para cuatro de ellos al no encontrar indicios suficientes para sostener la acusación. Uno de ellos es el padre de Javier G., el Canario, quien también fue policía de narcóticos en Mérida y llegó a trabajar con su hijo en el pasado.
Junto a los seis policías procesados hay otros nueve acusados, ajenos al Cuerpo Nacional de Policía. El magistrado Agenjo considera a Gema S., esposa del policía Javier ‘El Canario’, partícipe a título lucrativo de la trama, por haberse beneficiado del dinero obtenido ilícitamente por su marido. Y como responsable civil señala al Estado al tener seis de los acusados la condición de funcionarios públicos.