El juez de Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigados -antes conocidos como imputados- a 12 responsables de Arpegio, entre ellos el exviceconsejero madrileño de Medio Ambiente Miguel Ángel Ruiz y el exconsejero delegado de la empresa pública Eduardo Larraz y su mujer. Declararán entre el 20 y el 27 de julio.
Para el 20 julio, el juez ha citado a Larraz y a su esposa, María Ángeles de Diego Suso, a los que se investiga, entre otros aspectos, en relación con una cuenta que el matrimonio abrió en el Julius Bar & Co de Zurich en 2016. Según informó en su día el diario El Mundo, Larraz escondía 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros.
Al día siguiente será el turno de la que fuera directora de Proyectos del Plan Prisma, Pilar Rubio Izquierdo, así como de María Dolores Nogal González, Pilar Roca Suárez-Inclán y Francisco Esquivias Ferriz, exsecretario de la Fundación Arpegio que declaró como testigo en el juicio por la primera época de Gürtel.
El 25 de julio han sido llamados a declarar Adolfo Fernández Maestre, que asesoró a Arpegio, Sagrario Gómez Hernando y José Luis Jaraba Pérez, así como Tomás Fernández Jiménez y Pedro Bernad Moreno.
Finalmente, el día 27, ha sido citado Miguel Ángel Ruiz López, que fue consejero delegado de Arpegio en 2008-2010 y exviceconsejero de Medio Ambiente, cargo del que tuvo que dimitir recientemente tras ser imputado en Púnica. Ese día también ha sido llamada a declarar como testigo Susana Magro Andrade.
Sobre su actividad en Arpegio, Ruiz declaró ante la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid por unos gastos de 22,5 millones, de los que seis millones se destinaron a allanar y compactar un descampado en Arganda del Rey para usarlo como aparcamiento y otros 16,5 millones de una factura de promoción del plan regional de inversiones y servicios de Madrid (Prisma).
Según su declaración, el aparcamiento “sirvió de base para adelantar las obras de edificación” del proyecto urbanístico de Arganda del Rey, donde la Comunidad de Madrid invertió 55 millones en comprar la parcela, de más de tres millones de metros cuadrados, y en acondicionarla para albergar tres conciertos de Rock in Río.
Ruiz también asumió los conceptos de una factura de 16,5 millones de euros producto del Plan Prisma 2006-2008 que Arpegio envió a la Comunidad en enero de 2010 y que la Intervención General de la región de Madrid no ha admitido.
En dicha explanada estaba previsto construir una infraestructura logística con un coste de 120 millones, unas obras que no se acometieron.
Curiosamente, su paso como consejero delegado de la empresa pública Arpegio, que gestionaba los fondos del Plan Prisma, entre 2008 y 2010, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, no figuraba en su perfil en la web de la Comunidad de Madrid.
La ficha biográfica sí recoge sus inicios en 1990 en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid hasta su paso por el consistorio de Boadilla del Monte, como concejal de Urbanismo, donde estuvo hasta ser elegido diputado autonómico en la Asamblea de Madrid en junio de 2015.
En cuanto a Larraz, cuya imputación en mayo le costó su puesto como presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Pozuelo de Alarcón, la Agencia Tributaria habría “revelado la existencia de un flujo de fondos hacia cuentas abiertas por Adolfo Fernández Maestre en entidades bancarias suizas, según señaló Anticorrupción al solicitar la ampliación de la comisión rogatoria remitida a Suiza en relación a esas cuentas.
Fernández Maestre asesoró a Arpegio como administrador de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), que fue subcontratada por la empresa pública para gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma, y se le investiga junto a Larraz por la gestión que hicieron ambos en Arpegio.