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Un juzgado ha reabierto la causa que investigaba la supuesta estafa de un proveedor de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Después de la identificación del intermediario de la operación, el juzgado reabre las diligencias que habían sido archivadas por falta de autor conocido. “Las mascarillas recibidas no reunirían los requisitos técnicos de la normativa española, ni europea, por lo que resultaron inservibles para dotar con ellas al personal de los Servicios de Emergencia del Ayuntamiento de Madrid”, dice el juez para justificar la reapertura una vez identificado el enlace con la empresa.
Esta posible estafa fue reflejada en un informe de la Policía Municipal de Madrid recogido en el sumario del caso mascarillas que se sigue contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Un informe que apuntaba contra un comisionista estadounidense, Phillippe Haim Solomon, que intervino en la venta de medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. Los agentes detectaron posibles delitos contra la propiedad industrial, estafa y contra los derechos de los consumidores.
El juez Jorge Bartolomé pide, entre otras cosas, toda la información al Ayuntamiento “relativa a la contratación de la partida de mascarillas objeto de investigación”, como por ejemplo todas las comunicaciones que tuvieron con la empresa y Phillippe Solomon.
“Tanto los fabricantes como el importador ha ofertado las mascarillas realizando indicaciones que no se corresponden con los mismos, habiendo generado un perjuicio grave tanto a la Administración como finalmente a los usuarios finales”, dijo ese informe. Esto es, el Ayuntamiento compró bajo engaño otras mascarillas distintas a las que había solicitado. Ahora el juzgado 3 de la capital ha reabierto esta investigación tras haber identificado al supuesto comisionista.
El sumario del caso mascarillas revela que a finales de marzo de 2020, mientras el consistorio gestionaba la compra de mascarillas con Medina y Luceño, el Ayuntamiento de Madrid compró un millón de mascarillas FFP2 a través de Sinclair&Wilde, consultora de Nueva York. La compra se realizó por dos millones y medio de euros. La consultora estadounidense dejó de contestar a los requerimientos del Ayuntamiento cuando descubrieron las posibles irregularidades.
Ese mismo mes de mayo, el departamento de Emergencias empieza a investigar si las mascarillas compradas se ajustan o no a los requisitos técnicos tanto españoles como europeos para este tipo de material sanitario. Los documentos emitidos por la consultora, dice la Policía Municipal, “tienen apariencia de veracidad” pero “existen indicios para presuponer que no se ajustan ni a la normativa española ni a la europea”.
Según la Policía Municipal, dice el informe, se pudo cometer un delito de estafa engañando al Ayuntamiento de Madrid “ante la situación actual de pandemia mundial abusando de la posible credibilidad que da un importador para realizar la compra”. La documentación aportada no es válida y tiene que ver, por ejemplo con cosméticos y no con productos sanitarios. Los agentes también apuntaron a un delito contra la propiedad industrial por haber usado un distintivo europeo sin consentimiento de la Unión Europea. Finalmente, el informe apuntaba a un tercer delito contra los consumidores ya que las mascarillas no se correspondían con los estándares requeridos por el Ayuntamiento.
Ese informe apuntaba directamente a Philippe Haim Solomon, quien no ha podido ser encontrado por el juzgado 30 de Madrid hasta hace unos días. Ahora el juez sabe que reside en Reino Unido. El juez añade que un informe de la Asociación Española de Normalización (AENOR) desvela que estas mascarillas “no resultarían idóneas, no siendo un producto seguro, y las autoridades turcas habrían ordenado su retirada del mercado”.