Una jueza de Madrid acaba de dar un nuevo impulso a la investigación sobre el presunto desvío de fondos en Jupol. La magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta ha concedido diez días al sindicato mayoritario en la Policía para que detalle en qué gastó 359.434 euros entre enero de 2019 y junio de 2021, periodo en el que la organización estaba dirigida por José María García, imputado en la causa junto a la propia organización Jupol.
El sindicato se financia a través de las cuotas de sus afiliados al tiempo que recibe fondos públicos en función de su amplia representación en el Consejo de la Policía. En el periodo investigado, recibió 380.731,22 euros de dinero público por su representación en el Consejo de la Policía, de acuerdo al Plan Especial de Subvenciones del Ministerio del Interior.
La jueza Aguirre de la Cuesta ordena así las diligencias propuestas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, y pone el foco en 66.480 euros retirados en metálico de cajeros automáticos por parte de los responsables del sindicato. La organización policial llegó a disponer de 97 tarjetas de crédito a repartir entre sus representantes. Un mandato judicial dirigido a Caixabank ha permitido conocer la identidad de los 97 beneficiarios de los plásticos y los números de sus tarjetas.
Una de esas tarjetas de crédito estaba a nombre del actual secretario general, Aarón Rivero, entonces secretario de Organización de Jupol. Según los datos recopilados en la denuncia que dio origen al caso, presentada por Alejandro León –antiguo miembro de Jusapol y Jupol conocido en redes sociales como ‘Jandro Lion’–, el actual secretario general de Jupol gastó con su tarjeta 5.361 euros.
Aarón Rivero relevó a José María García después de un enfrentamiento interno en el que el sector del primero reprochaba, entre otras cuestiones, los gastos del entonces secretario general en actividades de ocio con sus familiares con cargo a los fondos del sindicato.
Jupol es el sindicato organizado a partir de Jusapol, la organización que irrumpió en la Policía durante el último Gobierno del PP con la exigencia de equiparación salarial con las policías autonómicas y al calor de las posturas más radicales contra el independentismo catalán. Pese a la subida de 400 euros de media para los policías y guardias civiles acordada por aquel Gobierno e implementada por el de Pedro Sánchez, Jupol y su espejo en Guardia Civil, Jucil, continuaron con su reivindicación y barrieron en las respectivas elecciones internas.
En la última legislatura Jupol se ha caracterizado por abanderar protestas contra el Gobierno de coalición progresista, la principal una manifestación apoyada por el PP, Vox y Ciudadanos en noviembre de 2021 contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se tramita en el Parlamento. Ahora, sus responsables exigen otra convocatoria similar en pleno año electoral, auspiciados en su plan por el Partido Popular.
Cuentas “poco esclarecedoras”
El nuevo informe de Asuntos Internos es un análisis de la documentación aportada por el sindicato sobre sus cuentas a requerimiento judicial. “Se debe hacer constar que en no pocas ocasiones, la información que figura en los diarios generales presentados por Jupol (libros diarios de contabilidad) llega a ser poco esclarecedora sobre el asiento contable que refleja, como por ejemplo cuando figura en el concepto ‘factura no legible’ o el asiento de pagos en concepto de ‘tickets’ efectivo perdidos’ o incluso el nombre del acreedor que presta sus servicios incompleto”, recoge el informe de los investigadores, al que ha tenido acceso elDiario.es.
En la misma línea, y en referencia a los más de 66.000 euros que fueron retirados de cajeros automáticos, Asuntos Internos explica que la fórmula utilizada para justificarlo se limita a reseñar “retirada efectivo Segovia”, “retirada efectivo Anxo”, “retirada efectivo Cádiz”… En consecuencia, aseguran los investigadores, “se sigue desconociendo el destino final de estos reintegros en efectivo”.
La providencia de la magistrada concreta que Jupol debe aportar “la documentación acreditatativa” de los 359.434 euros gastados con las tarjetas, esto es, “factura, ticket y documentos complementarios”.
Un Playmobil por Amazon
El informe de la Unidad de Asuntos Internos también destaca que los policías gastaron con las tarjetas prepago 30.667,74 euros en compras a través de Amazon, detalladas por la compañía a los investigadores. Aunque Asuntos Internos dice que esas compras se pueden identificar con necesidades de las sedes sindicales –material de oficina, informático, sillas, un par de microondas y una cafetera– también hubo quien compró dos pantalones y hasta un juguete Playmobil.
elDiario.es se ha puesto en contacto con la actual dirección de Jupol y un portavoz ha asegurado que los gastos entre 2018 y 2021 que están en poder del juzgado “se corresponden con la gestión diaria del sindicato y están completamente justificados y auditados”.
Esa labor de auditoría, añaden, ha sido elaborada por dos firmas a requerimiento del actual secretario general. “Una política de control de las cuentas y transparencia que se ha llevado a cabo desde el primer día de Aarón Rivero como secretario general de Jupol y que se mantiene en el tiempo, como demuestra la auditoría de cuentas de 2022 que se está llevando a cabo en este momento”, añaden.
Los gastos de García: balneario, ITV y Viagra
Los gastos de García merecen mención aparte. El secretario general de Jupol conducía un coche que costaba en formato renting 733,63 euros mensuales al sindicato. A esto hay que añadir compras en Zara, Cortefiel, restaurantes cercanos a su domicilio, la ITV de su coche particular, una entrada para el cine que hay próximo a su casa o el abono de comprimidos de Viagra en una farmacia, según adelantó en su momento El Independiente.
Los investigadores destacan como difícil de justificar que José María García se alojase junto a su esposa y otros dos familiares en el balneario Palacio de la Magdalena (Soto del Barco, Asturias) pese a que reside a 17 kilómetros, en Avilés, así como que pasara al sindicato el gasto en 35 euros de gin-tonics que realizó en el establecimiento.
La jueza ha solicitado a Wizink Bank S.A que facilite a Asuntos Internos en diez días toda la “información contractual y operativa bancaria” de la que disponga sobre una tarjeta Wizink-Cepsa cargada a una cuenta del citado agente en Caja Rural de Asturias entre el 9 de julio de 2018 y el 3 de junio de 2021.
Este requerimiento responde a que García, imputado desde julio de 2021, aportó que los gastos personales que se le atribuían fueron cargados a una cuenta personal. Sin embargo, la investigación apunta a que luego presentaba esos gastos a la caja del sindicato y obtenía su importe en metálico de los fondos de Jupol.
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Nota de rectificación remitida por el sindicato Jupol
En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por el secretario general de sindicato Jupol, Aarón Rivero, a la redacción de elDiario.es:
“Ninguno de los miembros del SINDICATO JUPOL ha sido acusado de delito o irregularidad alguna, ni se le ha tomado declaración en calidad de tal.
El SINDICATO JUPOL ha aportado al Juzgado la totalidad de los documentos contables que se le han solicitado, incluyendo las correspondientes Auditorias que de forma voluntaria se han realizado.
No existe reparo alguno, ni reclamación de ningún tipo, ni por parte de la Dirección General de la Policía, ni por parte de la Unidad de Asuntos Internos, sobre la percepción de las subvenciones, a las que tiene derecho el SINDICATO, las cuales fueron remitidas vía bancaria y asentadas en la contabilidad oficial, según consta en el citado Informe que Vds. publican parcialmente.
No se está investigando el destino de la suma de 359.434.-€ como Vds. manifiestan, sino que lo que se ha solicitado por el Juzgado, tras aportar la documentación oficial de los últimos 4 ejercicios, son los justificantes y facturas correspondientes a las extracciones de efectivo correspondientes a los gastos de las delegaciones provinciales del SINDICATO, justificantes que ya se ofrecieron en su día, según recoge el Informe que Vds. publican parcialmente.
Ni yo, como firmante de esta comunicación, en mi calidad de secretario general, ni ninguno de los miembros que componen el Comité Nacional, delegados sindicales, provinciales y personal con acceso a los fondos del SINDICATO ha utilizado éstos en beneficio propio, ni ha dejado de justificar todo tipo de compra de bienes o servicios, siempre con destino al SINDICATO y a la actividad sindical en defensa de los afiliados“