La jueza que investiga por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la petición de PSOE y Más Madrid de que la causa se amplíe a sus relaciones comerciales con el grupo Quirón, gigante sanitario y contratista habitual del sector con la Comunidad de Madrid. La magistrada instructora explica que varias de las diligencias que proponían las acusaciones populares son “innecesarias” y que podrían llegar a dilatar la investigación durante años.
El juzgado investiga el doble fraude fiscal de más de 350.000 euros revelado por elDiario.es y que el propio González Amador reconoció ante la Agencia Tributaria y la Fiscalía pocos meses después de saber que estaba siendo investigado. La pareja de Ayuso usó un entramado de facturas falsas para reducir la carga fiscal de sus empresas por el Impuesto de Sociedades después de ganar varios millones de euros durante la pandemia de coronavirus. Dinero salido de comisiones por su intervención en operaciones de compraventa de mascarillas durante lo peor de las primeras olas de la crisis sanitaria.
El juzgado ha intentado interrogar varias veces sin éxito al acusado mientras su defensa, la Fiscalía y Hacienda exploran un pacto para que reconozca los hechos, pague sus deudas con el fisco y evite entrar en prisión. Por el momento, la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido aceptar una condena de ocho meses de cárcel, pagando más de medio millón de euros entre deuda, multa e intereses pero sin que su condena de prisión se llegue a ejecutar.
Fueron PSOE y Más Madrid, personados en la causa como acusaciones populares, quienes pidieron a la jueza que considerase la posibilidad de ampliar el caso a sus relaciones comerciales con el grupo Quirón al entender que esos trabajos también podrían esconder nuevos fraudes fiscales. La Fiscalía se mostró en contra de esa opción, en plenas negociaciones con la defensa de González Amador, que incluía una batería de diligencias y que se ampliara el abanico de delitos que se le atribuye.
La magistrada del juzgado 19 de Madrid ha rechazado esta posibilidad, explicando que las diligencias propuestas por las acusaciones serían “innecesarias” y que, incluso, podrían llegar a tener carácter prospectivo, además de alargar la causa durante varios años más. Un total de 23 grupos de diligencias que incluyen la averiguación patrimonial de Alberto González y el resto de investigados entre 2019 y 2022, todas sus cuentas en esos años, y también la compraventa de la casa en la que vive actualmente con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con una veintena de testificales.
Esas diligencias, que también abarcan requerimientos a empresas y a las autoridades de México así como comisiones rogatorias a Panamá y Estados Unidos, supondrían una “complejidad y dilación” en el proceso, según la jueza. Poner en marcha todas esas pruebas implicaría prolongar la causa “durante años”. Algunas, incluso, “pueden considerarse prospectivas”.
Pendientes de un pacto
La causa contra Alberto González Amador arrancó en el juzgado 19 de la Plaza de Castilla de Madrid después de que, tal y como reveló elDiario.es, la Fiscalía denunciara al empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso esgrimiendo las acusaciones de la Agencia Tributaria: evadió el pago de más de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 a través de un sistema de facturas falsas y sociedades pantalla. Durante la pandemia amasó varios millones de euros procedentes de la compraventa de mascarillas, operaciones en las que intervino como comisionista, y según Hacienda puso en marcha esa operativa para reducir drásticamente el pago de impuestos.
Es un doble fraude fiscal que el propio González Amador ha reconocido varias veces por escrito ante la Agencia Tributaria y ante la Fiscalía, mostrando su voluntad de saldar sus deudas y pactar una condena que no implique su entrada en prisión. La causa, en la que la magistrada ha intentado tomar declaración varias veces al empresario sin éxito, está pendiente precisamente de que la pareja de Ayuso y la Fiscalía sellen ese pacto para que el caso llegue a juicio pero con una sentencia condenatoria de contenido y resultado determinados previamente.
Mientras tanto, una segunda causa derivada avanza en paralelo entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo: las diligencias abiertas por revelación de secretos después de que Alberto González Amador denunciase a la Fiscalía por un comunicado con el que el Ministerio Público buscó desmentir informaciones falsas sobre el caso difundidas, además de por diversos medios de comunicación, por el propio Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la administración regional.
El caso se encuentra a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevase una exposición razonada solicitando la imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, al considerar que fue el máximo responsable del comunicado.