La jueza sienta en el banquillo a López Madrid y Villarejo por amenazas, acoso y lesiones a la doctora Pinto

El empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado José Manuel Villarejo se sentarán en el banquillo de los acusados por haber amenazado presuntamente, acosado y causar lesiones con un instrumento peligroso a la doctora Elisa Pinto, que denunció los hechos por primera vez hace nueve años. La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid acaba de dictar apertura de juicio oral contra ambos, una resolución judicial contra la que ya no cabe recurso, y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

En el auto, la jueza Belén Sánchez recoge las peticiones de las acusaciones para López Madrid. La Fiscalía solicita 13 años y dos meses de cárcel para cada uno de los acusados, que en el caso de la acusación particular, que ejerce la doctora, se eleva a 22 años de petición de prisión para cada uno de ellos. Hay una tercera acusación, de la asociación Clara Campoamor, en ejercicio de la acción popular, que solicita un total de catorce años para el empresario y otros tantos para el policía. Son distintas calificaciones por los mismos delitos.

Han transcurrido más de dos años desde que la jueza decretara el fin de la instrucción y propusiera juzgar a López Madrid y Villarejo. Fue en agosto de 2020 cuando la magistrada Belén Sánchez firmó auto de pase a procedimiento abreviado, en el que concluía que existían “indicios suficientes de la participación” de López Madrid y Villarejo en las amenazas y el acoso, en el caso de ambos, y también de agresión por parte de Villarejo.

Esos indicios habían sido obtenidos, añadía la jueza, de las declaraciones de la víctima, de los testigos y de la “exploración del hijo de la denunciante menor de edad”. La mujer fue herida en un costado con un objeto punzante en abril de 2014 cuando se bajaba de su vehículo en cuya parte de atrás viajaba uno de sus hijos, que entonces contaba 10 años. Villarejo la habría pinchado mientras le decía “López Madrid quiere que cierres la boca”.

Antes de eso, la presunta víctima soportó una campaña organizada desde la cúpula de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía en tiempos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. El jefe de la brigada política, Eugenio Pino, ordenó a un comisario asumir la investigación del caso para evitar que Villarejo, entonces pieza clave de las maniobras políticas contra la oposición, fuera imputado, según sostenía la defensa de la doctora y han terminado por acreditar los mensajes incautados al ex número dos de Interior Francisco Martínez.

Los informes del comisario Alberto Carba, hoy al frente del distrito Centro de Madrid, concluían que la única responsable del acoso era la doctora y algunos titulares de prensa amplificaron aquellos atestados calificando a la mujer de desequilibrada. Después, la Guardia Civil encontró en el móvil de López Madrid –en el transcurso de una operación contra la corrupción del PP madrileño– mensajes entre el comisario Carba y el empresario en el que el investigador le decía al investigado por acoso: “Este partido lo vamos a ganar”.

En julio de 2021, la Fiscalía pidió a la titular del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid, Belén Sánchez, que ampliara la acusación contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid por la presunta agresión que presentó la doctora Elisa Pinto.

La magistrada había acordado atribuir al empresario delitos de acoso y amenazas; y al ex alto mando de la Policía un delito de lesiones con instrumento peligroso. El Ministerio Fiscal, sin embargo, consideró que había que extender la lista “en el sentido de considerar a ambos investigados como coautores de los referidos delitos, al actuar de común acuerdo por los hechos cometidos por cada investigado”. Eso implicaba que López Madrid fuera juzgado por la lesión con un objeto punzante contra la doctora, por haberla ordenado.

Las acusaciones piden también multas y medidas de alojamiento, que en el caso de la Fiscalía afectan a que ni el yerno de Juan Miguel Villar Mir ni Villarejo puedan acercarse a la doctora Pinto ni a sus familiares a menos de 500 metros durante más de dieciséis años.

La investigación de la Audiencia Nacional

Un aspecto jurídico del acoso y la violencia empleado en el acoso por parte del empresario y el policía va camino de juico también en la Audiencia Nacional. El juez Manuel Garcia Castellón y la Fiscalía Anticorrupción han investigado la contratación de Villarejo, un funcionario en ejercicio, por parte de López Madrid para “hostigar” a la doctora como un caso de cohecho dentro de la macrocausa Tándem. La Audiencia Nacional confirmó el pasado invierno el procesamiento de ambos por estos hechos.

La doctora todavía sigue imputada en otro juzgado de Madrid por la denuncia que interpuso López Madrid contra ella después de ser denunciado.