El juicio a ocho acusados del asesinato hace más de dos años de la ambientalista hondureña Berta Cáceres es “una farsa”, porque el tribunal de sentencia está recusado y por lo tanto sus actuaciones “son ilegales” y “deben ser anuladas”, afirmó hoy la familia de la víctima y la defensa.
“El juicio debe ser reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde”, dijo este miércoles Bertha Zúñiga, hija de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, en una rueda de prensa.
Argumentó que el tribunal de sentencia está desarrollando “una farsa”, y aseguró que sus actuaciones “son ilegales mientras (sus miembros) se encuentren recusados y deben ser anuladas”.
La familia de Cáceres dijo que “desconocen de manera rotunda” las actuaciones del tribunal de sentencia que “pretende excluir a las víctimas y sus representantes legales del primer juicio”, que comenzó finalmente el pasado sábado tras varios aplazamientos, por el asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro, añadió.
Bertha Zúñiga habló este miércoles ante la prensa en Tegucigalpa acompañada de su hermana Laura y de un grupo de la defensa de la familia y del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato y quien resultó herido en el ataque, aunque no de gravedad.
“Declaramos que no vamos a participar de la farsa en la que se ha convertido este proceso judicial y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias y herramientas para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo”, enfatizó Zúñiga.
Los abogados de la familia de Cáceres presentaron el pasado viernes una nueva recusación contra el tribunal de sentencia, por lo que no se presentaron ese mismo día a la audiencia convocada para iniciar el juicio, que finalmente comenzó un día después.
Por ello el tribunal determinó que la familia y la defensa habían abandonado el proceso y dejó al Ministerio Público como representante de las víctimas.
La hija de la ambientalista dijo a Efe que desconocen “la decisión arbitraria e ilegal” del tribunal de sentencia al retirar del proceso a la defensa de la familia de la víctima.
Zúñiga aseguró que la familia de Berta Cáceres agotará todos los procedimientos legales para lograr que el tribunal de sentencia rectifique su decisión de dejarla sin representación legal en el juicio a los ocho acusados que hoy continúa.
Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una defensora de los derechos humanos, y fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su vivienda por estar en contra de un proyecto hidroeléctrico que la empresa Desarrollo Energético (DESA) pretendía construir por considerar que causaba daños al medioambiente.
Los imputados por el asesinato son entre otros Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa DESA.
Zúñiga indicó en la rueda de prensa que la familia y defensa de Cáceres han “develado una feria confabulación de todos los actores del sistema de Justicia para evitar que se conozca la verdad” en este caso y “evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato, quienes no están en este juicio”.
Destacó que la comunidad internacional “no debe avalar este atropello a la justicia” y aseguró que el Estado de Honduras “tendrá que responder internacionalmente por sus faltas”.
El abogado que lleva el caso de Cáceres, Víctor Fernández, indicó a Efe que la decisión del tribunal de retirar a la defensa privada del proceso “es un abuso y una violación a los derechos de las víctimas”.
Además, es un “asunto vergonzoso, innecesario, desproporcionado”, añadió Fernández, quien afirmó que la defensa de la familia de Berta Cáceres agotará todas las instancias nacionales e internacionales.