Como en todo proceso, en este juicio hay dos partes enfrentadas, las acusaciones y las defensas. Desde esta semana, queda más claro que hay un tercer protagonista cuyos intereses pueden confluir o no con los de la fiscalía o de los acusados. Son los Mossos d'Esquadra o, por ser más precisos, la anterior cúpula de los Mossos.
Este lunes, terminó de declarar Manel Castellví, exjefe de Información, y lo hizo después Emili Quevedo, excomisario de Planificación de Seguridad. Ambos formaban parte del equipo del mayor Josep Lluís Trapero, al que la Audiencia Nacional juzgará en los próximos meses por un presunto delito de rebelión por el que le piden 11 años de prisión. Ese juicio condiciona los movimientos de los antiguos mandos policiales también en la vista que se celebra en el Tribunal Supremo.
Castellví provocó un pequeño seísmo en las defensas al afirmar el jueves que la cúpula policial había advertido el 28 de septiembre a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de que se podía producir “una escalada de violencia” en el referéndum, aunque se llamase a votar de forma pacífica. Tras el fin de semana, tocaba a las defensas interrogarle y se pusieron a ello... con mucho cuidado. Cuatro abogados le preguntaron y la cosa se limitó a 30 minutos. Nadie quería hacerse daño ni cometer errores.
El comisario ya retirado no quiso meterse en más problemas. El jueves estuvo muy nervioso. Ahora no tanto, pero respondió siempre que pudo con monosílabos o una palabra. Sin enredarse en explicaciones. Parecía que estaba desactivando un explosivo y que cualquier descuido podría hacer que todos saltaran por los aires.
Sea porque tuvo tiempo de reflexionar este fin de semana o porque los defensores hicieron preguntas lógicamente diferentes a las de la fiscalía, algunas de sus respuestas debieron de provocar un cierto alivio para los acusados. Xavier Melero le preguntó qué cambios había hecho su defendido, Joaquim Forn, al llegar a la Conselleria de Interior. Respuesta: ninguno. ¿Interfirió en los planes operativos o entregó directrices para las reuniones con la fiscalía del TSJC?: no.
Eso confirma que Jordi Jané y Albert Batlle no abandonaron la Conselleria en julio de 2017 porque la Generalitat confiaba en que sus sustitutos tomaran otras medidas, sino porque ambos discrepaban de la vía del referéndum unilateral y, probablemente en un gesto de lucidez, no querían acabar en el banquillo de los acusados, que es donde está ahora mismo Forn.
Castellví tranquilizó a los acusados cuando dijo que una reunión de los responsables de Información de los tres cuerpos policiales llegó a la conclusión de que “nos encontraríamos con gente haciendo resistencia pasiva y no con incidentes de violencia”, se supone que grave. Contribuyó a paliar así el impacto de su declaración del jueves.
Aun más importante para las defensas fue cuando, a preguntas de la abogada Marina Roig, afirmó que los Mossos “considerábamos a la ANC y Òmnium interlocutores” en las manifestaciones porque siempre las habían realizado “bajo la consigna de la no violencia”. Dos suspiros de alivio, uno por acusado.
La verdad con los matices del testigo
El siguiente comisario de los Mossos en declarar fue Emili Quevedo. Traía consigo una situación procesal singular. Está imputado en un Juzgado de Cornellà de Llobregat por un juez que comenzó a instruir el caso, intentó traspasarlo a la Audiencia Nacional, vio que se lo devolvían y no parece que haya dado muchos más pasos. Las declaraciones de los mandos policiales imputados se han suspendido dos veces y no tienen fecha. Prisa, no tiene el juez.
Quevedo aceptó declarar, y eso que el juez Marchena le recalcó que tenía derecho a no hacerlo o a no responder a algunas preguntas. “¿Jura usted decir la verdad con todos los matices que acabo de decir?”, fue la pregunta final del magistrado. La frase tiene algo de anticlímax, pero un juez no puede permitir que un testigo se autoincrimine a sí mismo por falta de información.
Quevedo hablaba l-e-n-t-a-m-e-n-t-e con unas l-a-r-g-a-s pausas o con un arranque de frase dubitativo (eh... eh... eh...). Pero luego decía algunas cosas claras. Una de ellas no carecía de interés porque era como una patada en el culo de Joaquim Forn, pero sin ponerle en una situación apurada como acusado. “Hubo declaraciones de Forn que no nos parecían correctas (nos, a toda la cúpula policial). Por ejemplo, hacía público que los Mossos se comportarían el 1-O como en una jornada electoral al uso, lo que nos parecía que era incompatible con la realidad”. No podían hacer algo así en una jornada vetada por los tribunales, continuó.
Por tanto, Forn, que “no había intervenido” en la elaboración de los planes operativos de los Mossos, que “no tuvo ninguna influencia” en el dispositivo del 1-O y que además hacía promesas que no podía cumplir porque no parece que la cúpula de los Mossos estuviera muy contenta con él, quedó reflejado como un mentiroso o un político que habla de lo que no sabe y que en el mejor de los casos estaba fuera de la realidad.
Claro que no condenan a nadie a 16 años de prisión por eso. Las cárceles estarían llenas de políticos y periodistas.
En lo que Quevedo no tuvo ninguna duda ni habló lentamente fue cuando dejó claro que Trapero y su equipo no desperdiciaron ninguna oportunidad para decir a Puigdemont que su intención era “cumplir su obligación como policía judicial”, no la de hacer de amables guías policiales de un referéndum unilateral y sin base legal.
El comisario tuvo la ocasión de echar lastre sobre Policía y Guardia Civil con el argumento de que los Mossos destinaron unos 7.800 agentes al despliegue del referéndum, casi el máximo de su fuerza disponible para salir a la calle. No eran los únicos responsables y podrían haber hecho más si hubieran contado con la ayuda de los 6.000 agentes enviados por el Gobierno central.
La crítica de los altos cargos policiales y de Interior es que esa cifra era demasiado baja. Según el comisario, nadie se quejó por la presencia de sólo dos mossos por colegio. Latía por debajo la idea de que impedir por completo el referéndum era una tarea por encima de las posibilidades de todas las fuerzas policiales implicadas.
Las dos reuniones con Puigdemont y Junqueras
Quevedo confirmó lo contado por Castellví sobre la reunión del 28 con Puigdemont y Junqueras. Hubo otra dos días antes en la que no estuvo Quevedo, pero de la que le informó Trapero. “Como el mayor Trapero no había tenido éxito, ya que el fin último de la reunión era que no se realizara el referéndum, Trapero me dice que la cosa no ha ido bien”, explicó el comisario. Por eso, le invitó a que asistiera a la segunda, al creer que los Mossos debían dar imagen de unidad ante el poder político, no muy interesado en seguir su consejo.
Se escuchó en la sala otro mensaje de los Mossos sobre la ceguera de Puigdemont a cuenta de lo que podía pasar y las profundas discrepancias del mando policial con el poder político. Quevedo no comentó, como Castellví, que Junqueras les dijera en la reunión del 28 que el Govern estaba dispuesto a ir hasta el final. Dijo otra cosa sobre él, si acaso políticamente más embarazosa: “Junqueras dijo que él creía que no habría ningún tipo de resistencia, que cuando intervinieran los agentes la gente iba a dejar pacíficamente que actuaran”.
Desde el punto de vista penal, eso no es nada malo para el líder de Esquerra. Pero para el que será el candidato de ERC a las elecciones generales y europeas, parece poco presentable que no creyera que los partidarios del referéndum fueran a darlo todo en su intento de frenar a la policía ante los colegios electorales.
Este es un juicio que cuenta con varias pistas, políticas y judiciales, y varias de ellas se mezclan entre sí provocando situaciones confusas y por tanto peligrosas para los acusados. Se puede acabar como un héroe y con una larga estancia en prisión asegurada. Se puede recibir una pena menor, pero con la reputación política por los suelos. Varios de los presos estarán en listas electorales en abril y mayo, por lo que necesitan cuidar también esto último.
Demasiado trabajo para los abogados, que ya tienen bastante con lo suyo. Todas esas cosas que aparecen en el Código Penal y que la fiscalía lanza contra ellos.