La portada de mañana
Acceder
Feijóo confía en que los jueces tumben a Sánchez tras asumir "los números"
Una visión errónea de la situación económica lleva a un freno del consumo
OPINIÓN | La jeta y chulería de Ábalos la paga la izquierda, por Antonio Maestre

Los fiscales del Supremo se calzan los guantes de pegar

Sonó la campana en el ring y el fiscal Javier Zaragoza salió al cuadrilátero golpeándose los puños y con ganas de atizar. No había calentado mucho. Tampoco lo necesitaba. Se había pasado todo el lunes escuchando las alegaciones de las defensas y tenía ganas de devolver cada golpe, corregido y aumentado. Puso el listón tan alto que se podría decir que colocó en una situación delicada a los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Identificó tanto al Estado con las intenciones de la Fiscalía que si el tribunal no admite sus calificaciones de delitos o su petición de penas –es decir, no impone una sentencia dura–, habrá quien dude de si es la Fiscalía o el Estado quien se ha visto derrotado. Un factor más que añadir a la presión ambiental con la que debe trabajar la Sala de lo Penal. 

Zaragoza no esperó muchos minutos para lanzar el primer directo. “Algunos alegatos de las defensas parecen libelos acusatorios basados en un relato alternativo que presenta una visión distorsionada de los hechos”, dijo el fiscal. Miraba especialmente a Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, al que tiene enfrente, y el letrado más duro, el más político, de la otra parte. Van den Eynde le respondía de vez en cuando con una media sonrisa. Las apariencias cuentan en la sala. 

Más adelante, levantó la voz, lo que no es habitual en esta Sala, para negar que se hubieran conculcado los derechos de los acusados: “No se ha registrado ningún domicilio de ellos, ningún despacho de ellos, no se ha controlado su teléfono”. Por aquello del decoro, no dio golpes a la mesa. 

Zaragoza dedicó amplio tiempo a refutar la idea de que los nueve acusados están en el banquillo por sus ideas, una denuncia habitual entre los independentistas. A eso lo llamó “falacia de colosales dimensiones”. Ser independentista no es delito, dijo. “No es el independentismo lo que se juzga. Son los gravísimos hechos que se produjeron en su mayoría en septiembre y octubre de 2017 los que son objeto de enjuiciamiento”. 

Como singular argumento de autoridad, el fiscal se refirió a un editorial de El País (sin dar el nombre del periódico) con una opinión similar a la suya. “No se juzga a dirigentes que pedían libertades, sino a dirigentes que querían anularlas”, decía el texto, según él. Los artículos periodísticos de opinión no se suelen citar para reforzar las posiciones propias en los juicios, pero esta vista no es como las demás.

Con tantos conceptos políticos en disputa, tenía que ocurrir que Zaragoza también hiciera comentarios que podemos encontrar en un editorial de prensa o un debate parlamentario. Llegó a sostener que “la mayoría silenciosa de Cataluña” en un 60% decidió no participar en el referéndum de independencia. Tampoco es frecuente que un fiscal recurra a un ardid retórico tan habitual entre los políticos: afirmar que ellos son los que representan a la mayoría con independencia de lo que digan los resultados electorales. Como es silenciosa, nadie te puede desmentir.

En su contestación a los argumentos de la defensa, Zaragoza hizo un resumen del concepto de derecho a la autodeterminación. Ahí no hubo campo para innovaciones de estilo. Fue muy preciso y acusó a sus rivales de ignorar las resoluciones de la ONU que establecen límites a los países en que se puede aplicar tal derecho, porque se invocó desde 1945 pensando en los lugares que aún no habían sido descolonizados en los imperios británico y francés, sobre todo. Eso descarta, según Zaragoza, “a los estados con un sistema de autogobierno”.

Zaragoza tenía dinamita para todos. Sacudió a los catedráticos de Derecho penal que firmaron un manifiesto en el que niegan que se produjera el delito de rebelión en el procés. Los despreció diciendo que no son gente que tenga mucha autoridad o prestigio entre los juristas.

También desdeñó al tribunal de Schleswig-Holstein que negó la entrega de Carles Puigdemont. Está claro que Zaragoza aún sangra por esa herida. Para el fiscal, es intolerable que alguien cuestione a la justicia española, pero él sí tiene ideas muy claras sobre lo que debía haber hecho el tribunal alemán. 

Después intervino otro fiscal, Fidel Cadena. Lo interesante de sus palabras es que, sin que fuera necesario en este momento del juicio, planteó algunas razones por las que se debe condenar a los acusados por el delito de rebelión. 

Todo ello pasa por una descripción apocalíptica de los acontecimientos de Catalunya el 1-O. Habló de “murallas humanas” que se lanzaron contra las fuerzas de seguridad en una imagen pavorosa muy habitual en las películas de ciencia-ficción. Acusó a los mossos de ponerse “completamente del lado de la rebelión”. Hay que deducir que Zaragoza y Cadena no comprenden cómo el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero no ha pasado un año y medio en prisión si esa es la visión que van a dar de la conducta de la Policía autonómica en el procés. Al final, va a resultar que Trapero tuvo suerte de que su caso se quedara en la Audiencia Nacional. 

Vox se estrena con un planchazo

La jornada del miércoles ofreció la primera intervención de Vox en el juicio como acusación popular. De entrada, su abogado Pedro Fernández se complicó la vida, decidió comenzar con una cuestión de orden que habría complacido a los votantes del partido y acabó con un golpe de toga en toda la cara. 

Fernández comunicó al tribunal que un acusado –Jordi Sànchez– llevaba “un adorno que parece ser un lazo amarillo” y lo consideraba una falta de respeto a la justicia. El juez que preside el juicio, Manuel Marchena, podía haber respondido el jueves, junto a otras cuestiones de las defensas, pero ya estaba preparado. Anunció que “el Tribunal Supremo hace suya la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, que en dos sentencias de 2017 y 2018 condenó a Bélgica y Bosnia por no permitir que los acusados de un juicio llevaran símbolos religiosos. Y para el caso, el argumento valía igual para símbolos religiosos o ideológicos. 

Si Vox creía que iba a ganar con poco esfuerzo unos cuantos titulares favorables en los medios más hostiles al lazo amarillo, Marchena frenó en seco a sus abogados. Los lazos amarillos pueden llenar páginas de periódicos y tertulias de televisión. En un tribunal que lo hace todo pensando en lo que pasará en Estrasburgo, no da ni para que un magistrado levante una ceja. Ustedes pierdan el tiempo con los lazos amarillos, yo me tengo que ocupar de un juicio.