En la madrugada del 23 de septiembre de 2017, dos encapuchados realizaron una pintada en la pared exterior del acuartelamiento de la Guardia Civil en Gandesa, una localidad de 3.000 habitantes en Tarragona. La pintada decía “Votarem”.
Lo sabemos por la declaración en el juicio de un cabo de la Guardia Civil convocado a instancias de la fiscalía. Estamos en un momento del juicio en el que los fiscales están arrojando sobre la vista un batallón de miembros del Instituto Armado para que cuenten los momentos de tensión que se produjeron en los días anteriores y posteriores al referéndum del 1 de octubre. Hubo incidentes violentos, concentraciones pacíficas y, gracias a la información conocida el jueves, pintadas. A ese cabo se le llamó a declarar estrictamente por ese suceso.
Ninguno de los acusados organizó esas manifestaciones específicas y mucho menos iban de madrugada haciendo pintadas en cuarteles. La intención de los fiscales no es hacer una imputación directa, sino pintar un panorama general de insurrección –para entendernos, rebelión– de los que serían responsables los acusados.
Todo tiene a veces un cierto aire de anticlímax. El cabo que contó la historia de la pintada también dijo que se había producido una concentración ante el acuartelamiento en la que se podían ver tractores y “tanquetas”. Esto ya son palabras mayores que hasta sorprendieron al fiscal. Se trataba de maquinaria agrícola.
En otras ocasiones, los incidentes fueron más serios, en especial lo que sucedió en Sabadell frente al domicilio de Joan Ignasi Sánchez, asesor de la Conselleria de Gobernación, que había sido detenido. Varios mossos fueron agredidos, según el testimonio de uno de ellos. “Nos dieron patadas, puñetazos, empujones”, dijo uno que pasó tres semanas de baja por las lesiones. Les llamaban “mercenarios”.
Otras concentraciones ante cuarteles u hoteles donde se alojaban las fuerzas de seguridad no fueron violentas, pero incluyeron insultos. “Fascistas”, “asesinos”, “hijos de puta”, “fuerzas de ocupación”. Los acuartelamientos son también viviendas para las familias de los guardias civiles, lo que ocasionó momentos de intranquilidad y tensión para todas esas personas. Sobre una manifestación de miles de personas ante el cuartel de Manresa el 20 de septiembre que quedó rodeado, el teniente responsable de la seguridad del edificio dijo: “Una manifestación es pacífica hasta que deja de serlo”. No le falta razón, pero es un hecho que al final no hubo violencia ese día.
Un paseo por Lleida
Otro guardia civil que paseaba con dos compañeros por Lleida en esos días contó que un hombre que parecía que les estaba siguiendo y tomando imágenes se les acercó y comenzó a insultarles. “Nos insultó, nos amenazó, nos llamó hijos de puta, nos dijo que nos iban a matar”. Se subió luego a una furgoneta y le vieron pasar, momento en que reanudó los insultos. Por la noche, vieron fotos suyas en la página de Facebook del individuo. “Estos animales no los quiero en mi país”, leyeron.
Fue un momento desagradable y aislado. ¿Fue increpado por algún otro ciudadano entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre?, le preguntó el abogado Jordi Pina. No, respondió. ¿Le pasó un incidente similar a otro compañero? No.
Dentro de la serie de hechos de todo tipo ocurridos en esas fechas, algunos de los que se están escuchando en el Tribunal Supremo pueden parecer un tanto menores. Forman parte de la estrategia de los fiscales, que intentan desmentir la imagen positiva, incluso idílica, que los acusados ofrecieron en sus testimonios al describir el movimiento independentista como una idea inspirada por la resistencia no violenta. La expresión “revolución de las sonrisas”, utilizado por muchos y también por Carles Puigdemont, ha sido utilizada después por sus adversarios para argumentar que fue cualquier cosa menos eso. En esa misma línea están los fiscales.
La movilización fue pacífica en todas las Diadas y esa fue una de las mejores cartas de presentación de los independentistas en Europa. Cuando las cosas se pusieron complicadas y se celebró un referéndum invalidado por el Tribunal Constitucional con miles de policías enviados para impedirlo, los incidentes cobraron un cariz diferente. Los fiscales pretenden que todo eso quede caracterizado con un halo de violencia permanente, como si la situación fuera a estallar en cualquier momento por culpa de los acusados. El “clima insurreccional” del que hablaba el teniente coronel Baena en este juicio.
“La actitud de la gente era yo hago esto porque quiero”, dijo en la sala un guardia civil. “De falta de respeto. Se había perdido la vergüenza”. Sabias palabras. Se empieza promoviendo la secesión de una parte del país y desobedeciendo a los tribunales y se acaba perdiendo la vergüenza, olvidando las más elementales reglas de educación y haciendo una pintada de madrugada.
Ya nos lo había advertido Thomas de Quincey: “Si un hombre se deja tentar por un asesinato, poco después piensa que el robo no tiene importancia, y del robo pasa a la bebida y a no respetar el Sabbath, y de esto pasa a los malos modales y al abandono de los deberes”.
Thomas de Quincey no está llamado a declarar en este juicio, porque falleció en 1859. Seguro que a los fiscales no les hubiera importado incluirlo en la lista de testigos.