Aquel 25 de septiembre de 2012 decenas de miles de personas se congregaron en la plaza de Neptuno, en Madrid. Convocados ante el llamamiento de rodear el Congreso, la noche terminó con duras cargas policiales que se prolongaron hasta en el interior de la estación de Atocha. Detuvieron a 35 personas y 64 más resultaron heridas. De ellas, 27 fueron agentes, aunque la Delegación del Gobierno no concretó sus dolencias. El próximo 18 de noviembre comenzará la vista oral para 21 de esos detenidos en lo que los organizadores de la protesta han tildado de “macrojuicio”. Más de 12 años después, la Justicia dirimirá lo ocurrido. La Fiscalía pide condenas que en algunos casos superan los siete años de cárcel y que, en total, suman 112 años entre todos los acusados
Decenas de vídeos inundaron las redes aquel martes, 25-S. Uno de ellos dejó una imagen que todavía se recuerda. Ante una de las cargas policiales, un agente de paisano comenzó a gritar “¡Que soy compañero, coño!” para zafarse de los golpes que sus propios colegas de profesión le estaban propinando en el suelo. A su lado, también sobre el asfalto, estaba Ángel García, al que acusan de desórdenes públicos y para quien el Ministerio Público solicita una pena de 3 años y 8 meses de prisión, la más baja de todas.
Él será uno de los hombres y mujeres que los próximos días desfilarán ante un juzgado de lo penal de Madrid: “Éramos miles de personas en Neptuno, la Policía cargó y la gente echó a correr. Yo noté un fuerte empujón por la espalda y me tiraron al suelo”, comienza su relato.
Ángel asegura que fue arrastrado por dos agentes de paisano. “No hay que olvidar que aquella movilización estuvo infestada de este tipo de policías”, apuntilla Elena García, una de las promotoras de la convocatoria. Tras caer al suelo, este jardinero que por entonces tenía 39 años terminó siendo arrastrado unos metros por policías no uniformados. “Me llevaron cerca de los furgones policiales y ahí los antidisturbios se liaron a golpes conmigo y con ellos dos. Eso sale en las imágenes, en las que uno empieza a decir que es su compañero para que le dejaran de pegar”, ilustra.
Tras la detención terminó en los calabozos de la comisaría de Moratalaz. Asegura que allí sufrió maltrato psicológico por parte de los policías: “No nos dejaban ir al servicio a hacer nuestras necesidades y nos tuvieron todos los días con la luz encendida para impedirnos poder dormir”, denuncia. No es el único que denunció abusos policiales. Unas denuncias de maltrato policial que no fueron investigadas y que se han traducido en una condena para España por parte de la Justicia Europea.
Las calles, un polvorín
En 2012, con Mariano Rajoy y el PP al frente del Gobierno, las clases más humildes todavía no se habían recuperado del fuerte golpe que supuso la crisis financiera de 2008. Las protestas multitudinarias protagonizaban los fines de semana en una capital convertida en epicentro de la movilización. Era el tiempo de las Marchas de la Dignidad, la huelga general, la marcha de los mineros y la eclosión de las mareas en defensa de los servicios públicos. Para intentar aplacar y controlar ese descontento, el 25 de septiembre de 2012 arribaron a Madrid más de 1.300 agentes procedentes de 30 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del total de 52 que existen en España. Después aprobarían la Ley Mordaza.
Las imágenes de manifestantes ensangrentados coparon portadas al día siguiente, una jornada en la que también se celebró otro Rodea el Congreso. Por aquel entonces, el 77% de la sociedad española compartía los motivos por los que salir a la calle el 25-S. “Pedíamos un nuevo proceso constituyente. Negábamos el Régimen del 78 al completo y queríamos sentar unas nuevas bases sobre las que construir un nuevo modelo de Estado”, recuerda Elena.
Agresiones no acreditadas
Ahora, doce años después, Ángel tiene 51 años y una pena de banquillo que ha arrastrado desde entonces debido a la gran dilación del juicio. “Me acusan de haber pegado a un agente con un palo. Justo da la casualidad de que ese agente no está identificado, nadie sabe quién es”, recalca. Ertlanz Ibarrondo es su abogado e incide en que este se trata de un caso paradigmático al haber imágenes que objetivan todo lo sucedido. Además, señala que la narración de los hechos realizada por los agentes sitúa a su cliente en un lugar diferente al que en realidad se encontraba.
Por eso, durante la vista oral habrá que dilucidar si hubo enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios y quién los provocó, expresa el letrado. También considera que pasar tanto tiempo esperando un juicio es una forma de reducir la capacidad de acción política en aquellas personas con inquietudes que quieren defender sus derechos. “En mi opinión, eso es lo que buscan este tipo de procedimientos, que te pienses muy bien si participas después en otras movilizaciones”, en sus propias palabras.
Ángel confirma esta postura: “Más allá de que llevo más de una década sin saber qué va a ser de mí, todo este tiempo he tenido miedo de participar en otras movilizaciones. Si ya me detuvieron no habiendo hecho nada, podría volver a pasar”. En este sentido, Ibarrondo enfatiza la importancia de los vídeos que objetivan actuaciones policiales, convertidos en pruebas documentales esenciales en casos judiciales como este.
Desde su punto de vista, eso es lo que intentó prohibir el Gobierno de Rajoy con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y que en un primer momento censuraba la grabación de esas conductas por parte de los policías. “En el caso de Ángel y en el de los demás acusados se verá una carga documental muy elevada. Hay muchos vídeos que acreditan que los hechos no sucedieron como relatan los agentes”, determina el abogado.
El juicio se alargará durante nueve jornadas en la que los 21 procesados deben acudir a los tribunales. “Nos obligan a estar todos los días con lo que eso comporta para nuestra vida diaria. Hay gente que tendrá que dar muchas explicaciones en sus trabajos por algo que sucedió hace 12 años”, se queja Ángel. Cuando llegue su turno, ante el juez se declarará inocente, e Ibarrondo pedirá su absolución. “Quizá la Fiscalía ofrezca algún tipo de trato, pero yo me voy a negar. No voy a aceptar ninguna pena por algo que no he cometido”, zanja este acusado.
Los convocantes, exonerados por la Audiencia Nacional
Elena Martínez, por su parte, llegó a ser catalogada como una de las convocantes de aquel 25-S. Ella y otros siete activistas se enfrentaron en la Audiencia Nacional a la acusación de un delito contra altos organismos de la nación tipificado en el artículo 494 del Código Penal después de haber sido identificados en las asambleas públicas que realizaban los domingos en el Parque de El Retiro. Terminaron absueltos. “Eran tiempos de un gran malestar social y de cierto abandono por parte de las instituciones hacia las clases populares, como sucede ahora”, comenta esta activista. Y añade: “La gente se empezaba a dar cuenta que España arrastraba unas carencias democráticas muy grandes que provenían de la falta de ruptura con el franquismo, por eso pedíamos un nuevo proceso constituyente”.
Eligieron el 25 de septiembre de 2012 para rodear el Congreso y mostrar ese descontento. Las cargas comenzaron en torno a las 19.00 horas, cuando miles de personas atestaban Neptuno. Según la Delegación del Gobierno, dirigida entonces por Cristina Cifuentes, tan solo fueron 6.000 manifestantes. “Iba a ser algo pacífico y todo el mundo tiene derecho de reunión como bien fundamental sin necesidad de aprobación por ninguna institución, por eso comunicamos la movilización tan solo a nivel administrativo”, recuerda Elena.
Apenas unos días antes del 25-S, ella y otras siete personas recibieron citaciones judiciales: “Es la primera vez que se juzga un delito que todavía no ha ocurrido. Si decíamos que había carencias democráticas, esto nos lo confirma”, opina la activista. La movilización salió adelante. “Aquello fue un despliegue policial brutal. Cientos de personas ni siquiera pudieron llegar a Neptuno porque fueron interceptadas antes”, recuerda.
Elena rememora aquello como una muestra muy fuerte de poder popular, parafraseando sus términos. “Éramos miles de personas que no nos conocíamos, pero nos encontramos ahí como compañeros, codo a codo, y ese es el clima que esperamos que vuelva a haber para el juicio, que los 21 encausados no se sientan solos”, prosigue. Así enfrentan este “macrojuicio”, tal y como lo califica la propia Elena, que tendrá lugar del 18 al 28 de noviembre en Madrid y en el que la Fiscalía solicita condenas que implicarían la entrada en prisión de todos los activistas, acusados sobre todo de desórdenes públicos y atentado y resistencia a la autoridad.