Lo hicieron primero con la elección de la presidencia del Congreso, después con la investidura de Pedro Sánchez y, ahora, con el decreto anticrisis que el Gobierno intenta convalidar este miércoles. Los siete diputados de Junts vuelven a poner en jaque al Ejecutivo en las vísperas de una votación clave que otra vez llevarán al límite. Después de horas de negociación contra reloj y al más alto nivel durante este martes con el PSOE, a última hora de la jornada los de Carles Puigdemont seguían en la misma postura esbozada en los últimos días: rechazar el paquete de medidas del Gobierno que incluye la revalorización de las pensiones, la gratuidad del transporte público o la reducción del IVA a los alimentos básicos, entre otras cosas.
“Confiamos en tener el apoyo para aprobar estos decretos. Lo verdaderamente importante es el contenido, las medidas para mejorar la vida de la gente”, defendió en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La también ministra de Educación esquivó cualquier choque en público con los independentistas catalanes, a los que no obstante instó, junto al conjunto de fuerzas parlamentarias, a dar el sí a los textos del Ejecutivo. “Aprobar estos decretos significa decir sí a que 11 millones de pensionistas perciban al mes 52 euros más, es decir sí a que los jóvenes y los trabajadores puedan utilizar el transporte público gratuito, es decir sí a que se siga creando empleo, es decir sí al Iva del 0% en los alimentos básicos”, añadió.
En privado, nadie en el PSOE ni en el Gobierno era capaz este martes de asegurar cómo acabará esta vez la intriga impuesta por Junts. La negociación se prolongó durante toda la jornada para intentar evitar la imagen de que los de Carles Puigdemont hicieran descarrilar medidas legislativas tan importantes a las primeras de cambio y después de que los socialistas hayan asumido el desgaste de una agenda catalana tan comprometida, con la amnistía o el verificador como principales hitos.
Hay quien no descartaba en Ferraz que la luz verde pudiera llegar a última hora y se pudieran salvar los muebles in extremis como en anteriores ocasiones. Aunque esas mismas fuentes admiten que, en cualquier caso, el desgaste permanente al que los independentistas someten al Gobierno de Pedro Sánchez en cualquier votación no resulta un escenario sostenible a cuatro años vista.
Lo cierto es que Junts ha impuesto de nuevo una negociación agónica en la que desde el inicio ha mantenido una postura de máximos: que el Gobierno retire todos los decretos para renegociarlos de cero. La formación independentista argumenta, además, que el Ejecutivo debería evitar en general las iniciativas “macedonia” en las que mezcla varios temas, y hacer un decreto por cada una de las cuestiones que quiera aprobar.
Además ha exigido poder negociar los textos antes incluso de que salgan del Consejo de Ministros para obtener así contrapartidas como las multas a las empresas que no regresen a Catalunya. Fuentes de Junts reconocen que esta cuestión, que generó revuelo este martes, no es necesariamente una condición de mínimos, pero sí una petición que el partido ha vuelto a poner ahora sobre la mesa del Gobierno y que no dejará de reivindicar aunque no la consiga en este momento.
La oferta del PSOE se ha centrado en la posibilidad de tramitar los decretos como proyectos de ley, una opción que no convence a los independentistas porque les obliga a votar primero a favor del texto. “Si esto ha funcionado en otras legislaturas con otros partidos, ya no funcionará con nosotros”, aseguran en una muy poco disimulada alusión a ERC, de quien Junts busca permanentemente desmarcarse.
La formación de Carles Puigdemont ha dado razones de todo tipo para oponerse a los decretos. Por ejemplo, consideran que Catalunya recibe únicamente un 10% de los fondos europeos para digitalizar la justicia, cuando entienden que debería llegar al 16%. “Agravan la infrafinanciación de la Generalitat”, aseguran. También creen que algunas medidas invaden competencias o, simplemente, no son de su gusto, como la subida del IVA en la factura energética.
Sobre los límites competenciales autonómicos fue el propio Govern de la Generalitat, en manos de ERC, quien dejó este martes a Junts con el pie cambiado. “Los servicios jurídicos de la Generalitat han examinado los decretos y aseguran que no hay invasión competencial”, aseguró la portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja, que añadió que, sobre la cuestión económica, Economía siempre mira el reparto de fondos europeos para reclamar compensaciones en el caso que haya un perjuicio para Catalunya.
Es el Ejecutivo catalán, por tanto, quien niega los principales argumentos de Junts para oponerse a las iniciativas, que ni considera que invadan competencias autonómicas, ni que supongan de entrada un agravio económico, ni que paralicen el desarrollo de la ley de amnistía. Al contrario, el Govern de Pere Aragonès considera que incorporan muchas medidas económicas beneficiosas para los catalanes, incluido el traspaso a la Generalitat del ingreso mínimo vital (IMV), una medida muy perseguida desde Catalunya.
Pero la cuestión que ha hecho que Junts mantenga la espada en alto contra estos decretos tiene que ver, sobre todo, con la incorporación del artículo 43 bis en la ley de enjuiciamiento civil. Según los independentistas, el Gobierno trata de “hacerse perdonar” por los jueces con una reforma que facilitaría a la “cúpula judicial” retrasar la efectividad de la amnistía.
Tal y como está ahora, la ley de enjuiciamiento civil permite que, cuando un tribunal plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pueda suspender todas sus actuaciones relacionadas con el litigio en duda. Pero, con el nuevo redactado, esa suspensión se hace obligatoria para el tribunal que la plantea, al tiempo que permite que cualquier otro tribunal la adopte igualmente si tiene un litigio de la misma naturaleza.
Sin embargo, esta suspensión ya es, en la práctica, lo que acuerdan la inmensa mayoría de los tribunales que llevaban asuntos a la justicia europea. Esta es, de hecho, la argumentación de ERC e incluso del Govern, que este martes ha salido a rebatir uno por uno todos los argumentos de Junts. “Son decretos necesarios sobre los que no se debería hacer gesticulación”, incidió la portavoz Plaja.
Podemos también mantiene el pulso
La realidad parlamentaria del Gobierno es tan compleja que, aunque resolviese a última hora la negociación con Junts, ni aún así tendría los votos garantizados. La ruptura de Podemos con Sumar dibuja un nuevo escenario en cada una de las votaciones y, de hecho, los de Ione Belarra aseguran estar decididos a mantener el pulso y a no facilitar la aprobación de dos de los tres decretos si PSOE y Sumar no aceptan sus propuestas. “Podemos no va a votar a favor de ningún recorte”, afirmó la secretaria general del partido en una rueda de prensa en el Congreso.
Tras la ruptura con Yolanda Díaz, la formación morada pone precisamente el foco en el decreto de Trabajo que modifica el subsidio de desempleo, negociado en diciembre entre el departamento de Díaz y Economía. Podemos sostiene que el decreto que modifica el subsidio supone un recorte para las personas mayores de 52 años, algo que tanto desde Sumar como desde el Ministerio que lidera Yolanda Díaz se han esforzado estos días por negar.
Desde el partido de Belarra sostienen que enviaron el viernes al PSOE sus propuestas para modificar el decreto (también proponen añadir al paquete anticrisis una limitación de las subidas del alquiler y de los alimentos), pero sin respuesta. También abrieron una vía con el Ministerio de Trabajo. Fuentes de la vicepresidencia segunda aseguran que este martes trasladaron a todos los partidos una propuesta para convertir los decretos en proposiciones de ley y negociar allí las enmiendas. Pero antes deberían votar ‘sí’ este miércoles en el Congreso.
Aunque ambas partes defienden que están abiertas a la negociación, las posiciones siguen enredadas en la pugna por el relato sobre si los cambios en el subsidio son un recorte o no. Fuentes de Podemos afirman que se abrirían a votar a favor del decreto solo si el PSOE y Sumar se comprometen claramente a incluir la modificación en esa futura proposición de ley, algo que hasta última hora de este martes negaban que se hubiese producido.
“Pensemos en las familias que no entenderían que decayese un decreto que en este caso mejora la protección de las personas más vulnerables”, aseguró este martes la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois. Unos argumentos que también respaldan fuentes del grupo parlamentario socialista. Solo Compromís se ha distanciado de esa posición y ha pedido al PSOE “responsabilidad” para “pactar y negociar” con Podemos y Junts. “La clave está en pactar y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno”, dijo la portavoz adjunta de Sumar, Águeda Micò.
Podemos también quiere introducir cambios en el paquete de medidas anticrisis. Piden que el Gobierno incluya un tope del 2% a la revalorización anual de los alquileres (este año está en el 3%) y una congelación de los nuevos contratos durante la duración del decreto, así como un límite del 2% a las subidas de los precios de una cesta básica de alimentos. Las primeras medidas fueron parte de la negociación con el PSOE para la Ley de Vivienda el año pasado, que salió del Consejo de Ministros con la firma de Belarra, y la de los alimentos, una propuesta a la que el PSOE se negó durante la legislatura pasada con Podemos en el Gobierno.