Justicia exige a Abogacía que justifique los pagos de los abogados de oficio

El Ministerio de Justicia ha exigido al Consejo General de la Abogacía que justifique que los certificados que le ha remitido para el pago de los abogados de oficio se corresponden con casos que tienen derecho a la justicia gratuita, tras descubrir irregularidades en el juicio de la Gürtel.

Al analizar ese caso, se comprobó que se había pagado abogado de oficio a personas que no tenían derecho a la justicia gratuita (que cubre la defensa de quien acredita insuficiencia de recursos), como el cabecilla de la trama, Francisco Correa, o el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, y a empresas, que tampoco pueden contar con el turno de oficio.

Según informan a Efe fuentes de Justicia, tanto la Abogacía del Estado como la Intervención delegada han advertido a los responsables del Ministerio de la irregularidad que se cometería si se siguieran cubriendo este tipo de expedientes, y se informó de ello al Consejo.

Se le envió un oficio el pasado 21 de octubre en el que se instaba a que las certificaciones mensuales que remite a Justicia para el pago del turno de oficio se restringieran a los casos que tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, lo que exige que una comisión los valide como tales.

Pero el Consejo solicitó el pago del mes de octubre sin avalar ese extremo, por lo que el 21 de noviembre Justicia le reclamó que le enviara la “documentación complementaria” exigida, “con la finalidad de poder tramitar y abonar la mencionada certificación, antes del cierre contable de este ejercicio 2019, como es la ”voluntad“ del Ministerio.

En un comunicado el Consejo General de la Abogacía rechaza este trámite. Sostiene que Justicia debe pagar a todos los abogados de oficio que se hacen cargo de la defensa de un acusado por mandato de un juez, aunque no estén amparados por la carencia de recursos económicos, y subraya que el Ministerio lleva años haciéndolo.

“Si se ha hecho antes mal, se investigará”, aseguran fuentes de Justicia, que insisten es la propia Abogacía del Estado y la Intervención quienes han dejado claro que ese proceder es irregular.

Esta situación está bloqueando los pagos de octubre y no es el primer choque entre el Consejo de la Abogacía y el Ministerio desde que está al frente Dolores Delgado.

Justicia obligó el año pasado a la Abogacía a devolver cerca de 600.000 euros que se destinaron al pago de los abogados de oficio del caso Gürtel, trama de corrupción que golpeó al PP, y solo así desbloqueó los pagos al turno de oficio que llevaban congelados varios meses.