El polvorín en el que se ha convertido la Administración de Justicia en los últimos meses no acaba de resolverse. El Ministerio que dirige Pilar Llop ha logrado salvar la amenaza de huelga de jueces y fiscales con un acuerdo para subir sus salarios una media de 450 euros al mes, pero sigue sin atajar el conflicto con los 45.000 funcionarios de las oficinas judiciales, que reclaman mejoras laborales y retributivas y cambios en la ley de eficiencia que promueve el Gobierno. Gestores, tramitadores, auxilios o forenses vienen realizando paros intermitentes desde abril y están en huelga indefinida desde este lunes.
Todo ello, cuando los juzgados y tribunales todavía no habían empezado a recuperarse de los dos meses de huelga de los antiguos secretarios judiciales, que dejaron 350.000 juicios y vistas suspendidos. Esa movilización también acabó con el Ministerio de Justicia poniendo dinero encima de la mesa. En concreto, con una partida de 22,7 millones de euros que supondrá sumar hasta 450 euros a las nóminas de los 4.379 letrados. En el caso de jueces y fiscales, el desembolso del Gobierno es de 46,7 millones de euros.
Los acuerdos que el Ejecutivo ha fraguado con estos colectivos han llevado a los representantes de los funcionarios a calificar de “clasista” al Gobierno por el “agravio comparativo” que supone ofrecer mejoras salariales a letrados, jueces y fiscales —funcionarios del grupo A1, con retribuciones más elevadas— mientras sigue sin hacer una oferta en firme a los funcionarios que se encargan de la atención al público y de otros asuntos clave en los juzgados como registrar y tramitar documentos o notificar diligencias, autos y sentencias, y cuyos sueldos son mucho más bajos.
“Hacer juicio de intenciones es arriesgado, pero todo el mundo puede comprender que es una diferencia de trato inaceptable. Y, todo ello, de un Gobierno que se dice progresista y defensor de los derechos de los trabajadores”, afirma Javier Jordán, vicepresidente del sector de Justicia del sindicato CSIF.
El sindicato CCOO ha acusado directamente al Ejecutivo de dar “un trato discriminatorio y clasista al 93% del personal de los cuerpos generales y especiales”, en palabras de su portavoz en materia de Justicia, Luis Calero, que viene cuestionado que los departamentos de Justicia y Hacienda reconozca las funciones —y les retribuya por ello— a la parte del colectivo judicial más privilegiada.
Negociaciones estancadas
Las negociaciones entre el departamento de Llop y los representantes de los funcionarios están estancadas. Ambas partes no se reúnen desde el pasado 24 de abril y el Ministerio de Justicia no ha presentado por el momento ninguna propuesta económica. Fuentes del departamento que dirige Pilar Llop insisten en su “disposición” al diálogo y al acuerdo, pero aluden a la particularidad de esta negociación, pues aunque los funcionarios dependen orgánicamente del Gobierno, son 12 las autonomías que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Recuerdan, además, que para el periodo 2022-2024 hay un acuerdo con los sindicatos para una subida del 8% de las retribuciones de los funcionarios que puede llegar hasta el 9,5%.
Los sindicatos insisten en que no hay impedimento para llegar a un acuerdo porque han centrado sus reivindicaciones en ámbitos que dependen únicamente del Ejecutivo central. Por un lado, una subida del llamado complemento general “digna” y “en línea” con la conseguida, primero, por los letrados y, después, por jueces y fiscales, y la negociación de unas funciones adecuadas a la labor que desempeñan.
Reclaman, a este respecto, la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que, aseguran, les impone nuevas condiciones laborales sin una negociación previa. “Pedimos una redistribución, redefinición y clarificación de las funciones que realizamos en las oficinas judiciales en beneficio de una justicia más eficiente y eficaz con su reconocimiento laboral y retributivo”, afirma Jordán.
En concreto, reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (grupo A1), de 400 euros para gestores y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), de 375 euros para tramitadores y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y de 350 euros mensuales para los auxilio (grupo C2). Es, a juicio del comité de huelga, “una propuesta de subida salarial justa”.
Jordán, de CSIF, lamenta que el departamento que dirige Llop esté instalado en lo que define como una “estrategia de desgaste”, pero advierte de que seguirán adelante con las movilizaciones hasta que el Gobierno haga una “propuesta razonable” que abra de nuevo las puertas a la negociación.
Este mismo martes un grupo de funcionarios se ha manifestado a las puertas del Ministerio de Justicia —mientras se firmaba el acuerdo con jueces y fiscales— para ejercer presión al grito de “¡Y ahora qué, cuándo nos convocas!”. Para el viernes, día de cierre de la campaña electoral, está prevista otra manifestación en Madrid entre las sedes de los departamentos de Justicia y Función Pública.