63 días, ocho reuniones —una de ellas de 17 horas— y 350.000 juicios y vistas suspendidos después, los letrados de la administración de Justicia y el Ministerio que dirige Pilar Llop llegaron el 28 de marzo a un acuerdo para poner fin a la huelga que ha detenido buena parte de la actividad judicial en las últimas semanas. Tras la resolución del conflicto, la gran pregunta es ahora cómo remontar el trabajo acumulado. O, en palabras de un magistrado, cómo abordar el “gigante estropicio” generado en estos meses de parón. Y todo ello, además, con la perspectiva de una nueva ola de protestas de otros trabajadores del ámbito de la Justicia que también reclaman mejoras salariales.
Los 45.000 funcionarios están llamados a secundar paros parciales desde mediados de abril, mientras que jueces y fiscales también han anunciado “medidas de presión” aunque no las han detallado por el momento. Es este el escenario en el que una administración lastrada por sus insuficientes recursos, y que sigue teniendo pendiente su modernización, se verá obligada a afrontar la tarea titánica de ponerse al día con procedimientos que acumulaban ya un gran retraso por la saturación endémica de los juzgados.
Las cifras son mareantes. Se han suspendido más de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias. Las demandas pendientes de repartir superan las 400.000. Y hay más de 1.280 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación. Son los números que ha facilitado el comité de huelga, porque en dos meses de paros el Ministerio de Justicia no ha ofrecido datos oficiales de su impacto.
Cuando se aterrizan estos datos en juzgados concretos la perspectiva tampoco es mejor, aunque hay situaciones muy desiguales. La gran diferencia la marca, principalmente, si el letrado asignado a ese órgano judicial ha secundado o no los paros y en qué medida. La jueza Beatriz Martínez, titular de un juzgado de Primera Instancia de Móstoles (Madrid), califica la situación de “catastrófica”. El balance de la huelga en su juzgado es de 82 juicios suspendidos y otros 70 pendientes de señalar de asuntos que ha ido tramitando en estos dos meses. “En circunstancias normales ya tenemos una sobrecarga grande y trabajar con esta avalancha nos genera un gran problema”, sostiene.
Martínez trata estos días de recolocar estas vistas en una agenda muy congestionada: los primeros huecos libres están en el primer trimestre de 2025. Es decir, a casi dos años vista. No obstante, reconoce la “excepcionalidad” de su partido judicial, que lleva años recibiendo en masa las reclamaciones de clientes del Banco Santander. La sede de la entidad que dirige Ana Botín está ubicada en Boadilla del Monte, a sólo una decena de kilómetros, y pertenece al partido judicial de Móstoles.
La huelga ha dejado dos centenares de demandas sin repartir en los seis juzgados de esta localidad madrileña, según datos aportados por esta jueza. De ahí saldrán procedimientos a los que habrá que dar curso y que contribuirán a congestionar más sus agendas. Los juzgados de Primera Instancia, que se encargan de resolver conflictos de índole civil, no están entre los que mayor saturación muestran en las estadísticas que publica anualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La media de resolución de sus asuntos estuvo en ocho meses y medio el año pasado. Los tiempos medios de espera se elevaron hasta los 11,2 meses en los juzgados de lo Social, donde se dirimen despidos, accidentes laborales o reclamaciones a la Seguridad Social.
El juez Antonio Rodríguez, titular del Juzgado de lo Social 3 de Córdoba, ha tenido que aplazar un centenar de juicios por la huelga. En su caso, la letrada secundó sólo el primer mes de paros, lo que le permitió recolocarlos antes de septiembre porque suele organizarse la agenda anual de forma que libera de señalamientos la segunda quincena de julio y la primera de septiembre, precisamente para cubrir posibles eventualidades.
En todo caso, reconoce que en los próximos meses su juzgado será “menos eficiente”. Sobre la mesa tiene pendientes 213 demandas presentadas desde el inicio de la huelga y que no se habían podido repartir. Rodríguez cree que, junto a los abogados, los grandes perjudicados están siendo los funcionarios. “Si no se hace un sobreesfuerzo en las primeras semanas o meses no se va a poder llegar a todo”, afirma. Y, todo ello, con la perspectiva de nuevas protestas a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa.
Los efectos de la huelga también se dejan notar en los juzgados de instrucción, en los que se celebran juicios por delitos leves y declaraciones de imputados, testigos, peritos… A Luis Enrique García, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santander, le preocupa especialmente que se puedan acabar generando espacios de “impunidad”. “Nosotros estamos sometidos a plazos, que han seguido corriendo. Tengo que estar muy atento para que no se me pase ninguno”, sostiene. Una tarea a la que pone toda su atención mientras intenta recolocar los sesenta juicios suspendidos, las alrededor de diez declaraciones que ha aplazado cada día y dar curso al medio centenar de asuntos que le han notificado tras el fin de la huelga. “Es un taco impresionante de papel. El estropicio es gigante”, dice.
Las medidas excepcionales
En este contexto, son cada vez más las voces que reclaman medidas excepcionales para recuperar el trabajo acumulado. El Ministerio de Justicia ha constituido un grupo de trabajo con las autonomías, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar la vuelta a la normalidad de la actividad judicial, aunque todavía no se han puesto medidas concretas encima de la mesa. No será fácil porque supone poner de acuerdo a todas las autoridades competentes —Ministerio y autonomías— y debe pasar también por la mesa de negociación con los trabajadores.
“Hace falta un plan, pero no a coste cero”, dice el magistrado García. La jueza Martínez, por su parte, cree que esas medidas tienen que contemplar jueces de refuerzo pero también funcionarios, a los que considera los “grandes olvidados”. En 2008, con Mariano Bermejo como ministro, Justicia tuvo que poner en marcha un plan de actuación con prolongaciones de jornada y apertura de los juzgados por las tardes para poner al día la tramitación de asuntos tras más de dos meses de huelga de los funcionarios judiciales.
Es el mismo cuerpo de gestores, tramitadores, auxilios, forenses o técnicos de laboratorio que están llamados ahora a paros parciales indefinidos desde el próximo 17 de abril y convocados a una huelga general el 19. Luis Calero, secretario general del sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, afirma que los sindicatos no participarán en la elaboración de ningún plan de choque “mientras no se haya resuelto el conflicto”.
“Las movilizaciones están más que justificadas porque el Gobierno ha tratado como funcionarios de segunda al 93% del personal —que lleva el peso fundamental del trabajo— al elevar las retribuciones de solo el 7% restante”, sostiene en alusión a los letrados, que han conseguido arrancar una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes en 2024.
Los sindicatos de funcionarios reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (grupo A1), de 400 euros para gestores y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), de 375 euros para tramitadores y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y de 350 euros mensuales para los auxilio (grupo C2). “El atasco de la Administración de Justicia es endémico. Esperamos que el ministerio sea consciente de que no puede subir solo las retribuciones de parte de los funcionarios y se acaben evitando estas movilizaciones que, sin duda, empeorarían la situación”, añade Calero.
También barajan protestas jueces y fiscales, aunque todavía no han concretado en qué sentido. Los representantes de ambos colectivos sí coinciden en calificar de “decepcionante” o “desalentadoras” las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia en los últimos días para abordar mejoras retributivas. Las cuatro asociaciones de jueces se reunirán la semana que viene para abordar ese posible calendario de movilizaciones, explica el juez Edmundo Rodríguez, integrante del Secretariado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia.
La mesa de retribuciones —el único instrumento legal previsto para abordar las condiciones profesionales de la carrera judicial y fiscal, y en el que debe estar presente el Ministerio de Hacienda— no se ha convocado, aunque hay un compromiso por parte del departamento que dirige Pilar Llop de que se celebre antes del 10 de mayo. Es ahí donde se debatirán sus posibles aumentos de sueldo. Los frentes se le multiplican al Ministerio de Justicia en un período particularmente sensible, a menos de dos meses de las elecciones municipales y autonómicas.