Joaquín de Arespacochaga, inspector de Hacienda en excedencia y asesor fiscal, es un nombre que sale una y otra vez en causas judiciales. Investigado en un caso de ayudas públicas en Cádiz, asesoró, por ejemplo, a miembros de la familia Cotoner, grandes de España y amigos de Juan Carlos I, a fingir su residencia en Luxemburgo. Ahora, ya como protagonista, ha sido condenado a dos años de prisión y multa de 14,8 millones de euros por la Audiencia Provincial de Madrid, que considera que él mismo fingió su residencia en Luxemburgo.
El caso comenzó hace más de 11 años y la sentencia, del pasado 16 de febrero y a la que ha tenido acceso elDiario.es, considera que “se trata de una causa extraordinariamente compleja, al ser necesario acudir a periciales y comisiones rogatorias”. El caso se inició en un juzgado de Cádiz que investiga el desvío de ayudas públicas de la Bahía Competitiva. Ese juzgado, según la sentencia, autorizó la entrada y registro en las oficinas de Madrid. La defensa intentó anular ese registro, pero la Justicia ha avalado las actuaciones.
Tras analizar la documentación, descubrieron que el asesor, hijo del último alcalde franquista de Madrid, no había presentado declaración de la renta en España alegando que vivía en Luxemburgo. La fiscalía de delitos económicos de Madrid consideró que Arespacochaga había cometido nueve delitos fiscales.
La sentencia considera probado que Arespachoaga Llópiz “no presentó ante la Agencia Tributaria sus declaraciones de IRPF durante los ejercicios 2008 a 2011, a pesar de residir en España”. Y lo hizo mediante “un entramado de sociedades” que aparecían como titulares de sus propiedades en España con sede en Luxemburgo y en las islas Nieu, un paraíso fiscal. Arespacochaga, según la sentencia, tenía cuentas en Luxemburgo en las que “se ingresaban las cantidades de dinero procedentes de los servicios profesionales del acusado y otros ingresos no justificados y de dichas cuentas salía dinero para las sociedades españolas o transferencias para el pago de bienes y servicios en España cuyos beneficiarios eran el acusado y los miembros de su familia”.
La Agencia Tributaria cifró el fraude en “2.617.134,19 euros correspondientes a 2008; 1.502.961,55 euros correspondientes a 2009; 2.432.964 euros correspondientes a 2010 y 855.322,05 euros correspondientes a 2011”. En total, 7,4 millones de euros.
Durante el juicio, Arespacochaga defendió que en los años ochenta dejó el cuerpo de inspectores de Hacienda para pasar a la excedencia como asesor y que en 1998 comunicó a Hacienda que trasladaba su residencia a Luxemburgo. “Manifiesta que en aquella época no hacía asesoramiento fiscal, sino financiero, y tenía contacto con empresas internacionales y fijó su residencia en Luxemburgo como centro financiero internacional conocido y como centro de actividades. Su familia residía en Madrid, pero él durante seis meses permanecía allí y hacía viajes a España”.
La Agencia Tributaria preguntó a Luxemburgo si Arespacochaga constaba “como residente y se emitió un certificado positivo firmado y sellado”. A pesar de ello, “las autoridades de Luxemburgo a requerimiento de la AEAT contestaron que no había tributado en dicho país”.
Hay muchos casos de millonarios que presentan certificado de residencia fiscal en otro país, pero que Hacienda desafía con pruebas para demostrar que, en realidad, pasan más de 183 días al año en España y tienen su centro de intereses aquí. Mediante facturas, gastos corrientes y cargos en tarjetas, intenta demostrar que la residencia en el extranjero es ficticia para pagar menos impuestos. Es lo que ocurre en este caso. “A través del expediente de la AEAT se pone de manifiesto que no consta fehacientemente que el acusado comunicara en su día su condición de no residente en España, la documentación que aporta sobre el pago de los impuestos en Luxemburgo carecen del rigor necesario” y las empresas que usaba “son sociedades instrumentales sin actividad y que en realidad son propiedad del acusado”. Todo ello “desvirtúa su versión de que su residencia en Luxemburgo estaba justificada por la prestación de sus servicios a dichas sociedades”.
Arespacochaga alegó que su familia estaba en España y que él solo venía a verlos los fines de semana. La sentencia considera poco sólido ese argumento: “No ha aportado justificante alguno de dichos viajes. Señala que la mayoría los hacía en su vehículo, pero es extraño que tratándose de una persona que ante la Hacienda Pública española trata de hacer ver su residencia fiscal en dicho país y con su bagaje profesional, no se ocupara de acopiar justificantes de gasolineras, peajes…”. Y el pasaporte lo renovó en España y no en la oficina consular de Luxemburgo.
La sentencia, de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, explica por qué concluyen que debió tributar en España: “Estos indicios, enlazados entre sí, llevan a la conclusión sin dudas de que el acusado aunque pudiera realizar algunos viajes a Luxemburgo y tuviera allí algunas viviendas arrendadas, no tributó en ninguno de dichos países”. “El acusado, a pesar de tener arrendadas las viviendas en Luxemburgo, lo cierto es que en España tiene su vivienda familiar tanto la habitual como la vacacional”.
Por todo, considera que Arespacochaga cometió cuatro delitos fiscales, uno por cada declaración de la renta entre 2008 y 2011. “No cabe duda de que el acusado, considerándose acreditada su residencia fiscal en España, no tributó por el IRPF por cuantía superior a 600.000 euros y mediante la utilización de sociedades meramente instrumentales españolas y extranjeras de su propiedad real ocultó y dificultó las cantidades realmente percibidas como rendimientos personales y profesionales, sociedades algunas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales”. “En consecuencia, le corresponde la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 14.816.763,6 euros”. Contra la sentencia cabe recurso.
Arespacochaga no es el primer inspector de Hacienda en excedencia que se ve envuelto en delitos fiscales. El caso Nummaria, en el que están acusados Imanol Arias y Ana Duato, por ejemplo, comenzó con el registro del despacho de Fernando Peña, liderado por altos funcionarios de Hacienda en excedencia.
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