La Audiencia Nacional ha obligado al Estado a indemnizar con 54.650 euros al activista de 'Straight Edge' –un grupo de anarquistas veganos– que pasó 16 meses en prisión provisional por una acusación de terrorismo de la que finalmente fue absuelto. Los jueces corrigen al Ministerio de Justicia y exigen indemnizar al joven no solo por el tiempo que pasó encarcelado de forma preventiva por un delito que no cometió, sino también por la depresión que padece desde entonces, el daño que la investigación hizo a su imagen y la dureza del régimen de aislamiento que padeció en los módulos más conflictivos de las cinco cárceles distintas en las que estuvo.
Este joven fue uno de los anarquistas detenidos en noviembre de 2015 en una operación lanzada por la Policía y que recayó en la jueza Audiencia Nacional Carmen Lamela. El objetivo, afirmaban entonces los investigadores, era desmantelar el grupo 'Straight Edge', al que acusaron de reventar cajeros con explosivos caseros además de “apoyar” en internet los ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Varios de estos anarquistas veganos detenidos en Madrid fueron enviados a prisión. Algunos de ellos pasaron unas pocas semanas entre rejas de forma preventiva. Otro, defendido por el abogado Eduardo Gómez de Red Jurídica, pasó 16 meses en la cárcel. El operativo fue bautizado y ampliamente difundido como 'operación Ice' y después de varios años de investigación terminó en nada.
Ni siquiera la Fiscalía, que había llegado a pedir más de 30 años de presidio entre todos los encausados, recurrió la absolución por enaltecimiento de terrorismo después de desistir de buena parte de las acusaciones que llevaba años impulsando. Un enaltecimiento que la Audiencia Nacional no vio por ningún lado: “No consta que hayan generado el riesgo de cometer actos de terrorismo, ni siquiera en abstracto”, dijeron los jueces. Sus comentarios denotaban “una oposición de rebeldía” pero “en modo alguno un ataque directo o indirecto al Estado y sus instituciones”, zanjó la Sala de lo Penal
Para entonces, el anarquista había pasado casi año y medio en prisión. Concretamente, desde el cuatro de noviembre de 2015 hasta el ocho de marzo de 2017. Fue puesto en libertad, explicó la jueza Lamela, porque la investigación “prácticamente” había terminado y teniendo en cuenta entonces el “arraigo familiar” que tiene en España. Para entonces había pasado por cinco cárceles y había estado en régimen de aislamiento en algunos de los módulos más conflictivos.
La labor instructora de la jueza Carmen Lamela, hoy magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se ha traducido en una nueva condena económica para el Estado. Uno de los absueltos pasó 16 días en prisión y, tal y como reveló elDiario.es, tuvo que ser indemnizado con 1.660 euros. Ahora ha sido la misma Audiencia Nacional la que ha condenado a la administración a indemnizar al joven anarquista con 54.650 euros por el tiempo que pasó entre rejas acusado de terrorismo antes de ser absuelto.
El “severo régimen penitenciario”
Los abogados del joven activista recurrieron a la sentencia del Tribunal Constitucional que desde 2019 obliga a resarcir a cualquier persona que haya pasado por la cárcel por un delito que no cometió. Existiera o no el hecho por el que fue acusado. Y la Audiencia Nacional empieza por recordar que ese matiz no es relevante: “El sacrificio y el daño en ambos casos ha sido el mismo”.
En el caso del recurrente, cuya reclamación recibió el silencio administrativo del Ministerio de Justicia y la oposición de la Abogacía del Estado, no solo hay que tener en cuenta el tiempo que pasó entre rejas. También que su etapa en la cárcel “se vio agravada al parecer por un severo régimen penitenciario aplicado en función del tipo de delito imputado”. Es decir, todo el tiempo que pasó en aislamiento acusado de terrorismo.
La sentencia también recoge las consecuencias de su encarcelamiento para cuantificar su indemnización: “Un trastorno de estrés postraumático así como una depresión grave”, tal y como acredita un informe pericial aportado al proceso. Finalmente, también reconoce una parte del resarcimiento por “el impacto negativo que para la honorabilidad del recurrente tuvo la repercusión del caso en los medios de comunicación, con particular incidencia en internet”.
En total, la indemnización escala hasta los 54.650 euros, según la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo que ha podido examinar este periódico, todavía recurrible ante el Tribunal Supremo. Una de las diez indemnizaciones más altas concedidas por los tribunales después de que, como es habitual, el Ministerio de Justicia se niegue a resarcir a estos presos preventivos inocentes después de que la Justicia haya borrado las acusaciones que pesaban sobre ellos.
La 'operación Ice' se sumó a otras desplegadas desde la Audiencia Nacional, igualmente archivadas, en un momento en el que el Gobierno de Mariano Rajoy intentó trasladar a la opinión pública que el terrorismo anarquista era un problema de seguridad en España tras un atentado en la Basílica del Pilar de Zaragoza. “El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país”, llegó a decir Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía Nacional, hace ahora una década. Investigaciones como como 'Pandora' o 'Piñata' terminaron igualmente en el archivo después de sonoras operaciones policiales contra el anarquismo radical con decenas de detenidos.