La jueza que investiga los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Rodríguez-Medel, recibió una llamada en su teléfono móvil alrededor de las 16:30 del pasado 4 de agosto. Al otro lado del terminal se identificó Carmen Sánchez-Cortés, la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia durante todo el mandato de Rafael Catalá. La número dos del Ministerio los últimos cuatro años de Gobierno de Mariano Rajoy quería saber cuáles eran los planes de la magistrada con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. No lo consiguió.
Dos días después de la llamada, la jueza dictó una exposición razonada solicitando al Tribunal Supremo la imputación de Casado por prevaricación y cohecho, ante los indicios recabados de que obtuvo un máster en la universidad pública Rey Juan Carlos de forma irregular.
Rodríguez-Medel había dejado el juzgado de instrucción entre febrero de 2017 y enero de 2018 para trabajar en el Ministerio de Justicia como asesora, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Quien la llamaba, por tanto, había sido su jefa hasta hacía solo siete meses. La jueza despachó a Sánchez-Cortés sin contestar a su pregunta y reprochándole lo improcedente de la llamada, según han trasladado a eldiario.es fuentes conocedoras de la conversación. Ante la reacción de la magistrada, Carmen Sánchez-Cortés se excusó en que se había visto obligada a llamarla, precisan las mismas fuentes.
Este martes, eldiario.es se ha puesto en contacto con la exsecretaria de Estado de Justicia para preguntarle sobre el motivo de esa llamada, pero Sánchez-Cortes ha declinado hacer ningún comentario. Esta redacción ha intentado también recabar la versión de la jueza Rodríguez-Medel a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sus responsables han trasladado la respuesta de la magistrada: “Sin comentarios”.
Carmen Sánchez-Cortés pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha ocupado varios puestos de responsabilidad en los ministerios de Hacienda, Administraciones Públicas e Industria. También fue asesora en el Ministerio del Interior. De bajo perfil político, su máxima responsabilidad le llegó por decisión de Rafael Catalá, cuando éste fue señalado por Rajoy para sustituir al dimitido Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2014.
Los vaivenes internos en el PP han terminado por convertir a Catalá en un hombre de Pablo Casado. En las primarias para sustituir a Rajoy se alineó con María Dolores de Cospedal. Al quedar eliminada ésta en la primera vuelta del proceso interno, Rafael Catalá apoyó a Casado, en contra de Soraya Sáenz de Santamaría, con quién había mostrado sintonía en el pasado. Fue uno de los miembros del gabinete de Rajoy que participó en la comida de exministros alineados con Casado en el tramo final de la carrera sucesoria y dijo que prestaba su apoyo al actual presidente del PP porque “tiene un proyecto para España, con medidas como defender la unidad”. El nuevo presidente del PP ha recompensado a Rafael Catalá con un cargo en su ejecutiva: secretario de Justicia y Administraciones Públicas del partido.
La llamada, en un momento crítico para Casado
El 4 de agosto, día de la llamada de la antigua número dos de Catalá a la jueza, era sábado. El jueves y viernes de esa semana habían resultado claves para la instrucción de la pieza separada del caso Cifuentes en la que Rodríguez-Medel investiga supuestos tratos de favor en el curso 2008/09 del mismo máster. El 2 de agosto, jueves, declararon como imputadas tres alumnas con idéntico expediente que Casado. Como él, las tres tenían vínculos con el PP o con la Universidad en aquel curso.
Una de esas alumnas, María Dolores Cancio, admitió ante la jueza que no hizo nada por obtener el máster; que el director del IDP, Enrique Álvarez Conde, le dijo lo que tenía que hacer para conseguir el título sin asistir a clase, a pesar de ser presencial; que obtuvo el título sin hacer trabajos y sin examinarse. Cancio había sido becaria de investigación de Álvarez Conde, principal imputado en los casos Cifuentes y Casado.
El círculo de los indicios contra Casado terminó de cerrarse al día siguiente, viernes. Varios alumnos del mismo curso habían sido citados por la jueza como testigos. Ellos sí tuvieron que ir a clase, presentar trabajos y examinarse, según le detallaron a la magistrada. Ninguno tenía vínculos con el PP o con la Universidad.
Tanto al término de la jornada del jueves como de la del viernes, los medios de comunicación recogieron lo que había ocurrido en el Juzgado de Instrucción número 51 citando fuentes presentes en la declaración. El sábado, la jueza recibió la llamada de su antigua jefa en el Ministerio. El lunes, Rodríguez-Medel dictó la exposición razonada de 54 páginas en la que concluyó indiciariamente que Casado recibió su máster “a modo de prebenda o dádiva”.
El futuro político del nuevo presidente del PP quedó en el aire a la espera de lo que decidiera el Tribunal Supremo. Y esa ha sido la situación hasta el pasado viernes, cuando la Fiscalía del Alto Tribunal ha pedido a la Sala de Admisión que no investigue a Casado. En su escrito, el teniente fiscal Luis Navajas desautoriza todo el trabajo de la Fiscalía de Madrid en los cuatro meses de instrucción de la pieza separada sobre el máster de Casado y ataca con dureza a la magistrada Rodríguez-Medel, a la que acusa de haber ignorado la jurisprudencia del propio Supremo en la materia. El Partido Popular reaccionó exultante al escrito de la Fiscalía del Supremo. “La verdad se abre camino”, sentenció Teodoro García-Egea, la persona a la que Casado colocó como secretario general tras su victoria en el congreso.