La huelga de los letrados de la administración de Justicia se acerca a su final tras más de dos meses y la suspensión de más de 350.000 juicios y vistas. Las asambleas convocadas por el comité de huelga han respaldado de forma mayoritaria la propuesta del Ministerio de Justicia, que contempla una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes en 2024 para estos funcionarios. Han votado 2.013 letrados, de los que 1.524 (el 76%) han respaldado la propuesta. 421 han votado en contra y 68 se han abstenido, según los datos difundidos por los convocantes de este paro que se inició el pasado 24 de enero.
La propuesta de la Administración establece un “complemento de eficiencia” que varía en función de las atribuciones de estos funcionarios, que se alcanzará de manera gradual hasta julio del año que viene y que tiene carácter “consolidable”. Las partes se han citado este martes a las 11 horas para sellar el acuerdo y poner fin al paro. “La entidad de las tareas que se nos han encomendado se reconocen con una propuesta que no llega a donde nos gustaría a todos, pero que valoramos en beneficio del servicio público que prestamos”, ha valorado el comité de huelga en un comunicado.
Para el 94% de los letrados la subida prevista en 2024 es de 430 euros al mes. Son los 3.871 funcionarios que no tienen oficina judicial y los 234 destinados en las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD). La subida alcanzará los 440 euros el año que viene para los 158 funcionarios (3%) destinados en los Servicios Comunes Procesales (SCP) y llegará a los 450 para los 116 letrados (3%) que ejercen en las secretarías de Gobierno, de Coordinación Provincial y en las direcciones de servicio común.
Según la propuesta, el 40% del incremento mensual —172, 176 y 180 euros, respectivamente— tendrá efecto retroactivo desde pasado enero. Las mismas cantidades se sumarán en enero de 2024. Y el 20% restante —86, 88 y 90 euros— se añadirá a las nóminas a partir de julio de 2024. Justicia justifica la propuesta de subida por las nuevas responsabilidades que tendrán que asumir estos funcionarios “en los distintos proyectos de eficiencia”. Particularmente, en la implantación de los tribunales de instancia.
Esta propuesta de acuerdo se produce tras una semana de intensas negociaciones entre las partes. El paro ha provocado la suspensión de más de 350.000 actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias, según datos de los convocantes. Una situación que, sin duda, contribuirá a incrementar el estado de saturación endémica que ya viven juzgados y tribunales.
Dos meses de huelga
La labor de los 4.379 letrados de la administración de Justicia es clave en juzgados y tribunales. Estos altos funcionarios –pertenecen al grupo A1, el mismo que jueces y fiscales– dirigen la oficina judicial, impulsan los asuntos, dictan resoluciones y gestionan las cuentas desde las que se abonan pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones, que tienen un saldo medio de 4.500 millones de euros. También actúan como fedatarios públicos en las vistas. En los registros civiles celebran bodas, tramitan los expedientes matrimoniales previos o dan fe de las juras de nacionalidad.
El conflicto que ahora le ha estallado a la ministra Pilar Llop se remonta a hace más de una década, cuando una reforma procesal aligeró en 2009 las tareas de los jueces y aumentó en un 30% las competencias a los letrados, aunque sin aumentar su retribución. Tras 12 años esperando una adecuación salarial, Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2022 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios a través de un complemento de 195 euros brutos mensuales, lo que supone un aumento del 5,26% en su salario anual.
Después de esperar más de una década, las asociaciones convocantes consideraron insuficiente la citada subida de 195 euros mensuales. En estas semanas de negociaciones, Justicia ha rechazado la petición formulada por los promotores de que se implante la llamada “cláusula de enganche”, con la que pretenden que cada letrado cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales. Han reclamado, además, que la masa salarial del cuerpo de letrados no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial. Finalmente, el departamento que dirige Llop ha propuesto el citado “complemento de eficiencia”.
Tras la resolución del conflicto es el momento de abordar la situación en la que han quedado juzgados y tribunales tras más de dos meses de huelga. En las últimas semanas, varios tribunales autonómicos ya habían reclamado planes de refuerzo para compensar el impacto de la huelga. Es el caso de Asturias, Murcia o Andalucía, que han pedido a Justicia que libere los recursos necesarios. En 2008, con Mariano Bermejo como ministro, Justicia tuvo que poner en marcha un plan de actuación con prolongaciones de jornada y apertura de los juzgados por las tardes para poner al día la tramitación de asuntos tras más de dos meses de huelga de los funcionarios judiciales.
CCOO critica el acuerdo
El sindicato CCOO considera un “atentado a la dignidad del resto de cuerpos” el acuerdo alcanzado entre Justicia y los letrados y propone a los funcionarios judiciales iniciar “contundentes movilizaciones” en el sector, incluida una huelga, para que los incrementos salariales acordados para los letrados se extiendan a todos los cuerpos funcionariales.
En un comunicado, la organización sindical denuncia que el departamento que dirige Llop haya negociado con las asociaciones profesionales de los letrados y no con los sindicatos en la mesa sectorial. Y también solicita la paralización de la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de eficiencia organizativa —que utiliza Justicia para justificar la subida salarial— hasta que no se garanticen los puestos y las condiciones de trabajo de los distintos cuerpos de funcionarios del sector.