El juzgado número 19 de Madrid ha decidido imputar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos Fiscales. La magistrada admite a trámite la denuncia del Ministerio Público y le llama a declarar como investigado con el resto de personas denunciadas por la Fiscalía, acusados de ayudarle a defraudar 350.000 euros con una trama de facturas falsas.
En el auto difundido este viernes la magistrada explica que de la investigación de la Agencia Tributaria “se desprende indiciariamente la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública”. También que de las investigaciones se desprende que “las facturas no se corresponden con los servicios realmente prestados”. La magistrada explica que abre la investigación por los delitos fiscales en concurso con falsedad en documento mercantil, como pedía el Ministerio Público, llama también a declarar a las inspectoras de Hacienda que investigaron a Alberto González para que ratifiquen sus informes y ofrece acciones a la propia Agencia Tributaria.
La Fiscalía, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, denunció a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsedad documental, acusándole de defraudar hasta 350.951 euros con un entramado de facturas falsas. Según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, el empresario ganó varios millones de euros durante la pandemia de coronavirus participando en la compraventa de mascarillas, pero ideó un sistema para que su factura fiscal por el Impuesto de Sociedades no creciera en la misma proporción y pudiera, en definitiva, pagar mucho menos.
El propio Alberto González Amador ha reconocido, a través de su defensa, que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”. Así lo dejó por escrito su defensa en un correo electrónico dirigido a la Fiscalía en el que exponía su intención de llegar a un acuerdo para intentar aminorar una posible condena penal.
Según la Fiscalía, la pareja de Isabel Díaz Ayuso aportó a Hacienda hasta 15 facturas que sumaban 1,7 millones de euros en gastos entre todas, lo que redujo el dinero que pagó esos dos años por el Impuesto de Sociedades. Los gastos, según los investigadores, nunca existieron: las empresas que giraron esas facturas lo hicieron por trabajos inexistentes y, en total, dejó a deber más de 350.000 euros en impuestos.
A lo largo del proceso, la representación de Alberto González y de sus empresas, entre ellas Maxwell Cremona, intentaron justificar la existencia y realidad de esos trabajos hasta que cambiaron de estrategia e intentaron, primero, retirar las facturas más voluminosas, y después terminar reconociendo los delitos por escrito.
En su denuncia, la Fiscalía pedía una serie de diligencias de carácter personal al juzgado de instrucción número 19 de Madrid, el que se hizo cargo del caso por reparto: llamar a declarar como imputados a González Amador y el resto de acusados, además de solicitar la comparecencia de las dos inspectoras de Hacienda que pilotaron la investigación.
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