Varios juzgados de primera instancia han fallado a favor de clientes de Funnydent y han condenado a financieras a devolverles el dinero de tratamientos ya pagados que no se llegaron a realizar tras el cierre de la cadena de clínicas dentales en enero de 2016.
Es el caso de una veintena de personas que han denunciado a entidades con las que, a través de Funnydent, suscribieron contratos de préstamo con entidades financieras que adelantaban el dinero a la cadena de clínicas, de forma que los clientes debían pagar el préstamo al banco.
En esta veintena de casos, diferentes juzgados de primera instancia de Madrid y de varias localidades madrileñas han condenado a las financieras a devolver el dinero correspondiente a las intervenciones odontológicas que no se llegaron a hacer debido al cierre de las clínicas.
Una de esas sentencias, del juzgado de primera instancia 91 de Madrid, apoya su decisión en que la suspensión del tratamiento que venía recibiendo este cliente en concreto supuso “un flagrante incumplimiento contractual por parte de la clínica dental” y por ello se debieron haber resuelto “los contratos de crédito que suscribió”, en este caso con dos entidades diferentes.
Una de las dos financieras alegó que le dio, cuatro meses después del cierre, la posibilidad de seguir con el tratamiento con otra clínica, pero el juzgado considera que “la relación médico paciente se basa en una estrecha relación de confianza, y es lógico que el actor no confiara en la nueva clínica que se propuso por la entidad”.
Así, resuelve obligar a las entidades financieras a que devuelvan al cliente de Funnydent la cantidad del contrato de crédito que no se cumplió (en este caso 2.000 euros) y le añade 1.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
Estas sentencias de una veintena de afectados por el cierre de Funnydent de los 228 que han cursado este tipo de reclamaciones representados el abogado Miguel Durán se están fallando por la vía civil, que han llevado en paralelo a la penal por estafa, la cual fue archivada el pasado junio por un juzgado de Navalcarnero.
La juez de esa localidad no vio delito en la actuación del administrador único de las clínicas dentales, Cristóbal López Vivar, al no apreciar indicios de que hubiera estafado a 8,8 millones de euros a unos 2.400 pacientes sino más bien de que hizo “una pésima gestión empresarial”.