La odisea judicial de los Couso: del archivo de la causa penal al reconocimiento de que el Estado les abandonó frente a EEUU

La batalla judicial de la familia de José Couso empezó hace más de tres lustros, poco después de que el cámara de Telecinco fuera asesinado en un ataque del ejército de Estados Unidos contra el hotel Palestina en Bagdad, en el que se alojaba la prensa internacional. Era el 8 de abril de 2003 y la guerra de Iraq prácticamente acababa de comenzar. La onda expansiva también provocó la muerte del reportero ucranio Taras Protsyuk, que estaba retransmitiendo en directo para la agencia Reuters.

Los familiares del reportero español no han dejado desde entonces de intentar que el crimen no quedara impune. Pero ese es un camino que han recorrido solos, sin el soporte del Estado, tal y como ha reconocido la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional es una sentencia reciente. “La Administración se limitó a recibir y aceptar las explicaciones de EEUU de que el ataque al hotel Palestina fue justificado y el fallecimiento, un lamentable accidente”, dice el fallo del tribunal especial.

En virtud de esa resolución, que resuelve que la mujer y los dos hijos de Couso sufrieron “omisión de protección diplomática”, los tres serán indemnizados con 182.000 euros. El tribunal hace constar que, a pesar de las peticiones de la familia para que la Administración General del Estado actuase ante las autoridades norteamericanas, “no hubo gestión alguna” ni en relación a la “ilicitud del ataque” ni sobre “la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable”.

La sentencia es positiva y resarce en parte a los familiares del cámara, pero no resuelve algo por lo que llevan luchando desde 2003: que el crimen no quede impune. Así lo asegura a eldiario.es David Couso, hermano del reportero. “El fallo de la Audiencia Nacional certifica el desprecio, el olvido y la traición de la que hemos sido objeto por parte de mandatarios y gobiernos, pero nosotros siempre hemos priorizado la vía penal”, subraya. De hecho, Couso cuestiona que sean los españoles quienes asuman el pago de las indemnizaciones y no la Administración norteamericana.

Un crimen impune

Esa vía penal de la que habla el hermano del cámara es a la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se vio obligado a dar cerrojazo tras la reforma de la ley de Poder Judicial aprobada por el PP en 2014 que limitó la capacidad de los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera el territorio nacional. Pedraz, que llegó a viajar a Bagdad en 2011 para reconstruir el ataque in situ, tuvo que archivar un sumario en el que estaban procesados tres militares del Ejército de Estados Unidos por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio.

“El flexo no podrá mantenerse encendido”, lamentó entonces el magistrado en el auto en el que explicaba que con la regulación aprobada en 2014 los supuestos autores no pueden ser buscados ni investigados ni en España ni en otros países porque impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se haya refugiado en España. El Supremo y el Constitucional confirmaron después esta decisión.

“Nos asesinaron a José y luego hemos visto como se remataba su cadáver con archivos y modificaciones legislativas, con la traición de los cables de Wikileaks que mostraron que cargos del Gobierno del PSOE y de la Fiscalía se reunían en la embajada de EEUU, con el desprecio de Aznar...”, dice David Couso. “Habiendo perdido esa legislación, a los ciudadanos nos cuesta mucho que la vía penal legitime la memoria y la justicia de las víctimas”, añade.

Javier Chinchón, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense y director de Investigación de Rights International Spain, explica que con el archivo de la vía penal lo que los tribunales decretaron fue el fin del procedimiento hasta que se acreditase que se cumplían los nuevos requisitos impuestos tras la reforma. “Si esos requisitos cambiasen, si se recuperase adecuadamente la justicia universal en nuestro derecho interno, este procedimiento podría y debería continuar”, subraya.

A su juicio, la sentencia que reconoce que el Estado abandonó a la familia frente a Estados Unidos es muy importante “en lo fáctico, lo material y en la doctrina que defiende sobre la Protección Diplomática”, pero sigue sin resolver quiénes fueron los responsables de la muerte de Couso porque su objeto era otro.

De ahí que la única esperanza para los familiares de que se pueda hacer justicia es que las cámaras constituidas tras las últimas elecciones generales reformen de nuevo la jurisdicción universal para que se puedan investigar y juzgar en la Audiencia Nacional delitos cometidos contra españoles en el extranjero. Así se lo prometieron en octubre de 2018 todos los grupos presentes en el Congreso a la familia del cámara. El acuerdo fue suscrito incluso con el PP, que se mostró partidario de rescatar aspectos que recortó cuando estaba en el Ejecutivo con mayoría absoluta. El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos también incluye este compromiso.