Restaurantes, proyectos en Angola, ladrillo, fútbol o “importación y exportación”. Son algunos negocios de José Ángel Escorial y Víctor Aldama, los empresarios detenidos junto a Koldo García, hombre de confianza durante años del exministro de Fomento y actual diputado del PSOE, José Luis Ábalos, y otras 17 personas en la operación 'Delorme', un caso de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario en lo peor de la pandemia.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva muchos meses investigando el cobro de posibles comisiones ilegales en adjudicaciones de los ministerios de Fomento e Interior y de las comunidades autónomas de Canarias y Baleares a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una sociedad que, en el momento de adjudicarse esos contratos (marzo y abril de 2020), estaba vinculada a uno de los detenidos, José Ángel Escorial.
En solo dos meses, esta empresa se llevó tres adjudicaciones para el suministro de material sanitario (mascarillas y equipos de protección) por importe de más de 40 millones. Los contratos bajo sospecha fueron contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia y negociado sin publicidad, en un momento en el que el material sanitario escaseaba en todo el mundo.
Con ello, la facturación de la adjudicataria pasó de cero euros en 2019 a más de 53 millones. “La totalidad de los ingresos de la sociedad provienen del suministro de equipos de protección individual a distintos entes públicos y privados”, señaló ese año su auditor. Y de no facturar nada y declarar más de un millón de pérdidas, pasó a embolsarse un beneficio de casi 4 millones.
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, creada en Zaragoza hace 25 años, tenía entonces como administrador único a Purdey Investment SL, una firma que lleva sin presentar cuentas desde 2018 y que está administrada por José Ángel Escorial, economista de 49 años que aparecía en los denominados 'Paradise Papers' con dos sociedades offshore en Malta.
A finales de 2020 la Oficina Anticorrupción de Balears ya apuntó en un informe que la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil estaban investigando a Escorial y a una sociedad vinculada a él en ese territorio offshore en el corazón de la UE por un caso de posible corrupción en Angola: el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa pública Mercasa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda, en un caso por el que llegó a estar investigado un hermano del expresidente madrileño Ignacio González.
En la operación Delorme también ha sido detenida la esposa de la mano derecha de Ábalos, Patricia Uriz. Fue arrestada junto a Koldo García en Alicante, provincia en la que José Ángel Escorial tiene a su nombre una propiedad, en concreto en la localidad costera de El Campello, a unos 13 kilómetros de la capital alicantina.
Mientras este empresario fue detenido e interrogado el lunes por la Guardia Civil y quedó libre con cargos a la espera de que sea citado por el Juzgado, Víctor Aldama no fue puesto en libertad y pasará este jueves directamente a disposición de la Audiencia.
Aldama es el presidente del Zamora Club de Fútbol, un modesto equipo que milita en la Segunda Federación. Figura vinculado a numerosas empresas del sector inmobiliario. En su LinkedIn se identifica como fundador de Grupo Vivir, una promotora inmobiliaria que, según su web, tiene sus oficinas centrales en la localidad madrileña de Leganés. Grupo Vivir se hizo con el Zamora en 2018.
Ese club de fútbol presidido por Aldama tiene en su consejo de administración a, entre otros, Alfredo Ruiz Plaza, un empresario con el que Aldama ha compartido cargos en sociedades como RRP 180 Capital, dedicada a la realización de estudios de mercado y liquidada en 2023.
Ruiz Plaza fue alto directivo de Hertz y de la multinacional Compass Group en Europa y en 2020 fue nombrado presidente de Moove Cars, la primera propietaria de licencias VTC en España, en la que han invertido Uber, el fondo King Street, el banquero Jaime Castellanos o el industrial Juan María Riberas (Gestamp).
Soluciones de Gestión, la firma que vendió esas mascarillas, se presenta en su web como “una empresa de desarrollo y asesoramiento técnico en proyectos Internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas, operando principalmente en países de ámbito africano”.
“Nuestra especialidad son los proyectos llave en mano, incluyendo la financiación internacional (Export finance), el desarrollo, ejecución y mantenimiento del mismo siguiendo los más estrictos estándares europeos”.
Un “hito” en Angola
En Angola, realizaron en 2009 “un hito” en su historia, “Boavista II”, la construcción de la primera central eléctrica flotante en España y su posterior traslado a Angola. Y un año después, 2010, se firmó la rehabilitación del Hospital General de Moxico en ese país, donde la empresa fue socia a través de una unión temporal de empresas (UTE) de Comercial Cueto. Esta empresa está pendiente de juicio por la pata angoleña del denominado caso Defex, la trama de sobornos de esa empresa semipública de armas.
A cierre de 2020, Soluciones de Gestión tenía pendiente de cobro casi 4 millones del gobierno angoleño, según destacaba su auditor en su informe sobre las cuentas de ese ejercicio, que incluían varias salvedades.
Tras el pelotazo de 2020, la facturación de la empresa se desplomó hasta 2 millones de euros en 2021. Ese año, ya con un nuevo dueño, se metió en el negocio de la minería, con la adquisición de un 36% de una empresa dedicada a la explotación de canteras de pizarra, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL, creada un año antes. También tenía un 40% de Brama Capital, accionista de la anterior y en la que figuraba como administrador único en diciembre de 2020 (solo estuvo un día) el presidente del Zamora FC ahora detenido.
Sin fondos europeos
Uno de los contratos investigados a esta empresa zaragozana, de 12,5 millones, fue para el suministro de 5 millones de mascarillas FFP2 a Adif, el gestor de la red ferroviaria. Se adjudicó el 27 de marzo de 2020 y en el acuerdo de formalización se señalaba que era susceptible de recibir fondos europeos FEDER. Fuentes conocedoras del proceso explican que, en relación con este contrato, no se ha certificado ningún gasto ni se ha incluido en ninguna operación cofinanciada por Fondos Europeos.
Muchas de las empresas por las que ha pasado Escorial están hoy inactivas y en otras ha cesado ya. Varias son del sector de la restauración, como Garbi Eurocentro 21, inactiva desde 2014. La administraba junto al siciliano Alfredo Gelso, que hoy regenta un restaurante italiano en el barrio madrileño de Chamberí. Eran socios pero aquello “acabó muy mal: a mí me debe 76.000 euros”, dice al teléfono.
Escorial figura como administrador único de Jartum79 SL, creada en marzo de 2012 en ese mismo barrio, dedicada a “asesoría y consultoría estratégica”, “representación, promoción y comercialización, incluyendo la importación y exportación de todo tipo de productos gastronómicos” o “realización de catas, degustaciones, banquetes, ferias, fiestas y en general organización de cualquier clase de eventos lúdicos y comerciales de carácter gastronómico”. Solo llegó a presentar cuentas en 2012, año en el que se creó, cuando facturó poco más de 150.000 euros.
También se dedicaba a la restauración Flavours of Spain, que creó en 2009 y que no llegó a presentar cuentas, como tampoco lo hizo Legal Music Concept, dedicada a la representación de artistas, domiciliada en Las Rozas, y en la que Escorial aparece como presidente. Otra en la que ha ocupado cargos es Forum de Inversiones Inmobiliarias Mare Nostrum SA, radicada en Alicante y de la que fue vocal y secretario hasta 2022.