La larga marcha de los musulmanes de Ceuta y Melilla: 40 años peleando por ser españoles sin mácula
Los líderes vivos del movimiento que en los 80 logró que el Estado reconociese parte de los derechos civiles de esa población rememoran una batalla que no extinguió el halo de sospecha que ahora vuelve a azuzar Vox sobre “quintacolumnistas promarroquíes”
Según Josep Pla, “todas las cosas esenciales de la vida son lentísimas”. Las guerras, las hambrunas, el amor, las cosechas… La formación moral e intelectual de una persona requiere “cuidados persistentes”. Mucho más si se trata la de una sociedad. “Todo lento, lentísimo”. La lucha por los derechos civiles de los musulmanes de Ceuta y Melilla comenzó hace ahora 40 años, pero la batalla ganada sobre el papel a mediados de 1986, con la concesión de miles de nacionalidades españolas en base a su “arraigo”, se reaviva hoy ante el envite de la ultraderecha, que vuelve a tacharlos de “quintacolumnistas promarroquíes”.
A principios de los años 80 del siglo pasado, los españoles no reconocidos como tales de las ciudades autónomas que profesaban la confesión islámica vivían en ellas “como en una jaula grande”. “No podíamos comprar una casa o un taxi, nada si no se ponía a nombre de otro. Tampoco viajar a la península sin pasar por la Delegación del Gobierno a pedir una autorización que, en función de los motivos, podía ser de tres o hasta de siete días”, recuerda el empresario Abdelmalik Mohamed, uno de los que, en aquella época, acudía “a la casa de un funcionario en la Cuesta Parisiana para que alargara los permisos a cambio de 100 pesetas”.
“Sin un salvoconducto, un niño musulmán no podía ir de excursión con sus compañeros ni los que jugaban al fútbol desplazarse con sus equipos. No era posible trabajar regularmente ni acceder a la sanidad y proliferaban las colas de la beneficencia”, añade el abogado Mohamed Ali, hace cuatro décadas un bebé de madre oficialmente española y padre con Tarjeta Estadística, la “chapa del perro” que cientos de ceutíes y melillenses arrastraron como único documento hasta bien entrado este siglo.
La espita saltó a finales de 1982, un año después de que la derecha concediese al Ministro de Justicia la potestad de negar la nacionalidad, incluso cumpliendo todos los requisitos “por motivos de orden público o interés nacional”. Según Mohamed, todo estalló cuando tuvieron “conocimiento de que el Gobierno del PSOE estaba preparando una ley que podría ser perjudicial para los musulmanes de Ceuta y Melilla”. En el artículo primero, explica, se “clasificaba como extranjero a todo el que careciera de nacionalidad española, algo que nos afectaba de lleno, ya que hasta ese momento nadie sabía exactamente qué éramos”.
“En la 'Tarjeta Estadística', el nombre del documento de identidad que teníamos, constaba que éramos marroquíes sin serlo y se nos definía con un nombre, los del padre y el abuelo como apellidos y un apelativo”, recuerda el empresario que durante un tiempo también ejerció de político en UPyD y Ciudadanos. Durante cinco años, se dedicó a preparar los discursos de los líderes de aquella revolución, virulenta en Melilla con movilizaciones y contramanifestaciones y más sosegada en Ceuta (“Fuimos un ejemplo de serenidad y templanza”, apunta), Aomar Mohamed Dudu y Ahmed Subaire, respectivamente.
Ambos aparecen en la foto fechada el 26 de junio de 1986 en Madrid en la que, tras meses de negociaciones con el entonces subsecretario de Interior, Rafael Vera, se rubricó el acuerdo de la comisión mixta Gobierno-Comunidad musulmana que garantizó la concesión de la nacionalidad española a gran parte de los fieles islámicos de ambas ciudades valorando su “arraigo” sin más reparos. Entonces eran aproximadamente un 30% de su población, la inmensa mayoría con dos o tres generaciones nacidas y criadas en suelo español africano. Los nombres más comunes en Ceuta y Melilla pasaron a ser Mohamed o Yasmina en vez de Francisco Javier y María del Carmen.
“Aquí o viven juntos o no vive ni Dios”
La batalla fue “difícil”, no solo para convencer en España a los recelosos, sino también con Marruecos, que persuadió a Dudu de dejar de ser asesor de Interior para convertirse en funcionario del Reino alauita y llamó a capítulo a Subaire, que hoy pasa más tiempo en el país vecino que en Ceuta. Esta semana ha regresado fugazmente para rememorar con elDiario.es aquella pugna que terminó con aparente éxito, aunque la realidad social actual de la ciudad lo cuestiona. Uno y otro han acabado siendo vistos, paradójicamente, como “promarroquíes”, igual que Mohamed Ahmed Ali, otro de los líderes de aquel movimiento, la primera persona declarada non grata por la Asamblea, como Abascal el año pasado.
“Comprobamos que aquello iba en serio, que el objetivo era hacernos extranjeros en nuestra tierra, pero conseguimos que los ministerios de Interior y Justicia nos llamaran y nos reunimos hasta con [Manuel] Fraga Iribarne para dejar claro que tendrían que encerrarnos, que no éramos extranjeros sino españoles y que esa condición se nos tenía que reconocer”, recuerdan los cabecillas de aquella protesta en Ceuta, donde a mediados de los 80 la población cristiano-occidental estaba más preocupada por la reivindicación autonomista.
“Al margen de las nacionalidades, conseguimos también el denominado Plan de Dotaciones Básicas, una forma de atender las muchas carencias que afectaban a los barrios musulmanes: saneamiento, algo de lengua árabe y clases de Islam en los colegios, retirada de basureros sin controlar…”, valoran Mohamed y Subaire, aunque hoy en muchos barrios del extrarradio siguen faltando infraestructuras mínimas.
José Barrionuevo, entonces ministro del Interior, proclamó desde el Parador de la Muralla, una vez constatado el ambiente en la ciudad, la siguiente frase que rememora Mohamed: “Aquí o viven juntos o no vive ni Dios”. Sus palabras se parecen mucho a las que hoy repite con tesón el presidente de Ceuta, Juan Vivas: “La división y el enfrentamiento de los ceutíes por motivos religiosos, culturales o étnicos es el camino de la inestabilidad en todos los aspectos y la ruina, de la perdición sin retorno”.
Mohamed Ali, que a principios del siglo XXI irrumpió en la Asamblea de Ceuta con tres escaños como el nuevo líder de la comunidad musulmana y fue coqueteado por PSOE y PP, opina con perspectiva que el proceso se hizo “corriendo y sin convicción”. “No lo viví, pero lo vivo: se nos quitaron los apellidos con la excusa de romper vínculos con Marruecos y aún no hemos podido recuperarlos. Se habla de falta de integración y cohesión social, pero aquello se interpreta como un favor y no como un derecho. Ha faltado pedagogía porque esa segregación subyacente condiciona la personalidad de generaciones”, lamenta.
“Lo de los DNI”, la concesión de las nacionalidades que hundió a los socialistas durante años en la irrelevancia parlamentaria en la ciudad mientras el PP cosechaba mayorías absolutas de hasta 19 sobre 25 diputados, sigue siendo motivo de quebranto a pesar de que en el censo contemporáneo cerca de la mitad de los residentes son árabo-musulmanes, como alrededor del 70% del alumnado de Infantil y Primaria. Los derechos se siguen conquistando poco a poco: este curso se ofertará Religión Islámica por primera vez en Secundaria.
“Desigualdad social y segregación residencial”
Las ciudades autónomas han evolucionado, pero persisten miradas de soslayo mutuas entre las dos comunidades mayoritarias. Antes de meterse en política, en 2012, el hoy consejero de Educación y Cultura del PP, el sociólogo Carlos Rontomé, publicó 'Ceuta, convivencia y conflicto en una sociedad multiétnica’, un libro en el que advertía con contundencia de que “la convivencia entre una mayoría de origen europeo y una minoría islámica ha sido posible gracias a un frágil equilibrio y a fuertes deficiencias socioeconómicas”.
El doctor en Ciencias Políticas ya defendía entonces, como ahora hace el presidente Juan Vivas (PP) con vigor ante la ofensiva cruzada de Vox, que la convivencia es “el gran valor de los ceutíes […] y la única vía para mantener lo logrado”, pero avisaba de que “este acuerdo tácito no puede ocultar que la convivencia se mantiene sobre la desigualdad social y la segregación residencial”. “Los cristianos mantienen un fuerte rechazo a lo islámico a pesar de que las circunstancias les obligan a aceptar esta realidad”, alertó Rontomé desde la convicción de que a la comunidad cada vez menos mayoritaria “la situación le resultará soportable mientras su estatus socioeconómico de grupo dominante se mantenga”.
Ese discurso se contuvo en los márgenes de lo políticamente correcto hasta que, tras la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando accedieron irregularmente a la ciudad en 48 horas más de 12.000 marroquíes, Vox abanderó el negacionismo de la identidad española de los musulmanes caballas. Santiago Abascal y los deslenguados líderes locales de su partido empezaron a denunciar la existencia de “quintacolumnistas promarroquíes” en la sociedad y la Asamblea local.
En 2023 los calendarios laborales de Ceuta y Melilla volverán a incluir la Pascua islámica del Sacrificio (en rojo desde 2010) y la de fin de Ramadán como festivos, un hito que se ha tardado 12 años en consumar. La convivencia y la defensa de la españolidad “de todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen”, ha arraigado en el discurso institucional, pero la comunidad islámica, cuya lengua materna sigue sin reconocimiento alguno, copa las tasas de fracaso escolar, pobreza y paro. Apenas cubre un 3% de los empleos públicos municipales y en el Ejército, salida laboral para muchos jóvenes con estudios mínimos, alcanza el 26% de la tropa, pero solo un 3% de los suboficiales y un 1% de oficiales, según fuentes castrenses.
El fugaz acercamiento del PP ceutí a la ultraderecha, con la que gobernó un año antes de volver a apoyarse en el PSOE, motivó el 28 de febrero de 2020 la mayor manifestación reciente en la ciudad. El 90% de los participantes fue vecindario de las barriadas periféricas musulmanas. “Hace 40 años pusimos en marcha un sistema de cuotas y todos los musulmanes hicieron aportaciones. El ambiente de unión era magnífico y la última marcha en contra de Vox me recordó aquel movimiento”, compara Abdelmalik Mohamed, muy crítico con el papel de la Comisión Islámica de España en el desarrollo de los Acuerdos con el Estado de 1992.
Para Mohamed Ali, “el sentimiento de españolidad de la comunidad musulmana de Ceuta es incuestionable por mucha afinidad familiar, cultural o social que pueda existir con Marruecos, que la hay”. Sin embargo, otros azuzan el fantasma de la permanente sospecha: “En Ceuta hay individuos con DNI español que son leales a su miramamolín Mohamed VI”, reiteran cada vez que pueden los dirigentes de la extrema derecha local, que en sus grupos internos de WhatsApp repudiaban tener que “tragar moros por cojones” y auguraban que “la tercera guerra mundial será contra el Islam”.
El estigma de los ‘Mohamed al cubo’
Ceuta y Melilla están plagadas de personas que, traducido, se llaman José José José. De mujeres que son ‘la señora Francisco’. Son los ‘Mohamed al cubo’, el resultado de la obligación de tener como apellido el nombre de tu padre y de tu abuelo que se impuso a los musulmanes de las ciudades autónomas tras el Franquismo.
Se suponía que así romperían lazos con Marruecos y serían más españoles, como si no lo fueran. En 2017, la Asamblea regional aprobó instar al Ministerio de Justicia a “establecer un proceso extraordinario de regularización que permita a las familias ceutíes de origen musulmán que así lo estimen conveniente recuperar sus verdaderos apellidos”.
Únicamente medio millar de ceutíes ha incoado desde 2010 expedientes en el Registro Civil para introducir cambios en sus apellidos (en su inmensa mayoría) o en su nombre, según los datos del Ministerio de Justicia.
La administración ha descartado articular ningún procedimiento “colectivo” y “ágil” como pedían los localistas para facilitar a los interesados la recuperación de sus apellidos legítimos. Según el Ejecutivo central, “la vigente legislación del Registro Civil regula el procedimiento oportuno para el cambio” y “no puede darse una respuesta general aplicable a todos los supuestos relacionados toda vez que, al igual que ocurre con el resto de expedientes y recursos tramitados, será necesario estudiar cada caso concreto”.