Las agresiones policiales que se produjeron tras la manifestación 'Rodea el Congreso' en septiembre de 2012 han llegado al Tribunal Constitucional. La comisión legal del 15M -Legal Sol- ha recurrido ante el alto tribunal el archivo de la denuncia interpuesta por dos manifestantes que fueron agredidas por los antidisturbios tras esa manifestación.
El juzgado de instrucción número 10 de Madrid archivó la causa después de rechazar las diligencias solicitadas por los abogados de las dos mujeres, que fueron golpeadas con las porras de los agentes, que les obligaron a salir de un bar en el que se habían refugiado con motivo de los disturbios. Los partes médicos señalaron que habían sufrido contusiones y una de ellas tuvo que recibir varios puntos de sutura, según la información aportada por sus letrados a la causa.
Entre las diligencias solicitaban que se identificara a todos los agentes que formaban parte del dispositivo desplegado gracias a los furgones que aparecen en los vídeos que documentaron los hechos así como las comunicaciones entre los distintos dispositivos policiales. La Audiencia Provincial de Madrid también rechazó esas diligencias y enfatizó que “si las propias agredidas no son capaces de facilitar el número de identificación del agente o agentes, ni ningún otro elemento susceptible de identificarse o identificarles, nada cabe esperar de las diligencias pedidas”.
Legal Sol recuerda que los antidisturbios no llevaban visibles sus placas identificativas y argumenta que la identificación puede llevarse a cabo mediante el señalamiento de los funcionarios distribuidos en las unidades desplegadas en el lugar de los hechos. “Las denunciantes aportaron una grabación de vídeo donde se pueden ver los números de tres furgonetas policiales, de las que solo se han identificado a los componentes de una de ellas”, señala el recurso.
Además, sostiene que tres de los agentes que fueron citados a declarar en calidad de imputados en el proceso se “mostraron incapaces de reconocerse en el vídeo, negaron tener relación con los hechos ni recordar nada al respecto”, según figura en la demanda presentada en el Constitucional.
La comisión legal del 15M considera que el archivo “prematuro” de la investigación vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en una “causa penal en la que los hechos denunciados atentan contra su derecho fundamental a la integridad física, habiéndose omitido la práctica de diligencias debidamente solicitadas”.
El recurso pide al Tribunal Constitucional que inicie “un proceso de reflexión interna” para “reorientar su doctrina respecto de aquellos supuestos en los que se denuncien ataques a la integridad física de ciudadanos por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Tal reflexión ha de conducir a que estos casos sean a futuro analizados y tratados desde la perspectiva de la vertiente procesal del derecho fundamental a la integridad física y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes”, expresa el recurso.
Diferente trato judicial
Legal Sol ha lanzado una campaña en las redes sociales (#SalDelBaretoQueTeMeto) en la que enfatiza la diferencia de trato judicial entre estas agresiones y las que sufrieron los agentes tras las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo. “Unos hechos similares con unas consecuencias, en este caso lesiones, practicamente idénticas y con el mismo contexto temporal han supuesto, sin embargo, unas actuaciones judiciales muy diferentes que nos incitan a considerar que la Ley y los instrumentos legales no se aplican con igualdad”, expresa Legal Sol en un comunicado.
“La práctica judicial resultante de estos dos casos parece otorgar más valor a unas lesiones causadas a un agente de Policía que a una persona que no ostente este cargo”, continúa el escrito que va acompañado de un vídeo en el que recuerda que “tras el 22M se inició un proceso judicial que ha supuesto prisión preventiva para dos personas declaraciones, testificales, visionado de vídeos, volcado y análisis de teléfonos móviles, periciales, etc.” frente al archivo de las denuncias de 'Rodea el Congreso'. “La Justicia no actúa igual para todas”, concluye.