Tras la batalla por la vivienda, superada finalmente la pasada semana con el acuerdo de los dos partidos del Gobierno para elaborar una ley al respecto –que a su vez desbloqueó la negociación de los Presupuestos–, Unidas Podemos y algunos de los principales socios parlamentarios del Ejecutivo han lanzado un nuevo órdago al PSOE. Se trata de una histórica pelea de parte de la izquierda, a la que ahora se han sumado Ciudadanos y varias fuerzas nacionalistas e independentistas: tratar de legalizar todos los usos del cannabis, incluyendo la despenalización de los porros, su venta y producción.
El debate se trasladará en las próximas semanas al Congreso de los Diputados. El grupo confederal registró esta semana una proposición de ley al respecto, que se sumó a las presentadas anteriormente por ERC y Más País. Todas ellas contemplan que se legalice fumar porros o la regularización de la venta de marihuana y hachís en establecimientos específicos, como ya ocurre en los Países Bajos, Canadá y algunos estados de EEUU. Pero ambos son aspectos que por el momento rechazan los socialistas, que sí están abiertos a despenalizar y regular el uso medicinal de la planta del cannabis.
Fuentes del PSOE en el Congreso consultadas por este diario se limitan a reivindicar la puesta en marcha de la subcomisión sobre el uso medicinal del cannabis planteada por el PNV y aprobada por el Pleno de la Cámara Baja el pasado junio. El órgano lo tiene que activar la Comisión de Sanidad, presidida por el PP, aunque por el momento sigue paralizada, cuatro meses después de su aprobación. Los socialistas insisten en que es en esa comisión donde se deben debatir los usos de la marihuana, aunque rechazan su legalización, equiparando su estatus al del tabaco o el alcohol, como sí respaldan Unidas Podemos y otros socios del Gobierno.
En septiembre, el Senado votó una iniciativa del grupo de la Izquierda Confederal pidiendo la regulación los clubes de consumidores de cannabis, donde ya se reflejó la brecha que existe entre el PSOE, el resto de la izquierda y también Ciudadanos respecto a la legalización de la marihuana. Los socialistas sumaron sus votos a los de PP y Vox para rechazar la iniciativa y su portavoz durante el debate, la senadora Patricia Abascal, quiso dejar claro que el PSOE considera que el cannabis “es una droga y que su consumo tiene muchos perjuicios para la salud pública”.
Unidas Podemos limita el consumo al ámbito privado
Distintas fuentes parlamentarias consideran por ello complicado que los socialistas cambien esa percepción de la marihuana y sus derivados durante la tramitación de las tres proposiciones de ley presentadas en los últimos 15 días por Unidas Podemos, ERC y Más País. Las iniciativas van mucho más allá de la rechazada por el PSOE en el Senado, ya que estas contemplan permitir el consumo de marihuana y hachís en distintos espacios, establecen un generoso máximo de pertenencia para las personas físicas y consideran el cultivo y la venta como un nuevo nicho de negocio.
De las registradas, la propuesta más restrictiva es la del grupo confederal. La iniciativa “permite la tenencia y consumo de productos del cannabis, así como su cultivo, distribución y venta, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la ley y en los reglamentos que se desarrollen”, apunta la formación. “El consumo del cannabis solo podrá llevarse a cabo en el ámbito privado y en los espacios habilitados en la ley y se establecen los 20 metros cúbicos de fronda a término como límite para el autocultivo, o el máximo de 10 gramos de consumo al día”, añaden.
El objetivo de este texto es “sacar a flote una economía sumergida que se está desarrollando en la clandestinidad y que generaría miles de puestos de trabajo”. Para conseguir esa meta Unidas Podemos aboga por regular “el autocultivo y las asociaciones” y poner el foco también en el “mercado, a través de un sistema de licencias con un fuerte control por parte del Estado y las comunidades autónomas”.
“Este sistema de licencias promueve la vertebración territorial y la correcta distribución de beneficios ya que no se podrán realizar cultivos en interior salvo que el 90% de la potencia eléctrica total empleada para su producción provenga de fuentes de energía renovable producidas por la propia empresa titular de la licencia. Además, se establecen ventajas fiscales para zonas despobladas para promover el desarrollo de estos proyectos en la España vaciada”, exponen desde Unidas Podemos.
Más País declara “libres” todos los usos
Es más permisiva la propuesta registrada por Más País, que tomó la delantera y fue el primer partido en presentarla en el Congreso, hace dos semanas. En la línea de lo que pide el Observatorio Europeo del Cannabis, el partido de Íñigo Errejón declara “libres” todos los usos del cannabis reconociendo “el valor y carácter universal, cultural, sociológico, lúdico, recreativo, medicinal, comercial e industrial de la planta en todas sus variedades”. La norma pretende así equiparar el consumo de cannabis al del tabaco, con todas sus limitaciones en establecimientos cerrados y de acceso a menores de edad. Su consumo estaría así prohibido hasta los 18 años y para las personas legalmente incapacitadas.
Esta proposición de ley sí contempla que se despenalice su consumo en la vía pública –ahora castigado con una multa de entre 600 y 10.000 euros– o que “las personas que hagan un uso particular del cannabis” puedan “transportar por la vía pública oculto dentro de sus pertenencias y sin realizar ostentación hasta 10 veces la cantidad necesaria de consumo diario”. La proposición ley contempla además el uso profesional del cannabis y señala que “la plantación y el uso de derivados de la planta con fines profesionales requerirán de la previa autorización por parte de las Administraciones Públicas”. Todos esos agricultores deberán darse de alta en un epígrafe que se creará ad hoc en los registros de actividades económicas.
También se detallan los requisitos que deberán tener las tiendas en las que se vendan productos derivados del cannabis. Así, estos establecimientos deben estar provistos de sistemas de seguridad que garanticen la imposibilidad de acceso de menores de edad a los mismos, y “no podrán contener elementos que exterioricen de cualquier forma la incitación al uso o consumo de la planta y sus derivados”. En todo caso, Más País-Equo señala que un 60% de lo recaudado en impuestos por la venta de cannabis –el partido calcula que, con un tipo del 35%, las arcas públicas ingresarían 3.000 millones de euros al año– debe destinarse al presupuesto de sanidad, para contribuir a “mejorar” el sistema público de salud.
La proposición de ERC es algo más restrictiva. Según el texto, solo se podría conseguir cannabis haciéndolo crecer en autocultivo, con un máximo de seis plantas en casa y una producción de 480 gramos anuales. Las únicas que podrían vender cannabis serían las farmacias bajo receta médica. Y en las grow shop, los establecimientos dedicados exclusivamente a la venta del cannabis, solo se podrían vender las semillas. La intención de la ley de los republicanos es contribuir a reducir el consumo de cannabis, garantizando un acceso seguro al mismo, regulando su uso terapéutico y acabar con el tráfico por parte de las mafias. “No regularlo no lo hará desaparecer, al contrario, fomentará el mercado negro”, apuntan desde la formación independentista.
Ciudadanos apela a la “libertad”
Ciudadanos es el único partido del bloque de derechas que se ha abierto a estas regulaciones. Su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, aseguró en los últimos días que su formación lleva en sus programas electorales “desde tiempo inmemorial” la regulación del uso terapéutico del cannabis y que ya plantearon un debate al respecto en la comisión del ramo. Respecto al uso recreativo de esta sustancia, ha comentado que se debe “abordar sin demagogia” y que, en cualquier caso, no se debe regular desde la óptica de la prohibición sino desde “la de la libertad, la educación y la garantías” siempre teniendo en cuenta que es “una droga que es nociva”.
Bal ha pedido a PSOE y PP que “acaben con el tabú” y permitan abrir ese debate, algo a que los dos grandes partidos, como Vox, no parecen dispuestos a realizar por el momento en la presente legislatura, dejando caer las tres proposiciones de ley registradas en la Cámara Baja.