El acuerdo firmado el viernes de madrugada por el Partido Popular y Vox, con el visto bueno de Ciudadanos, para asegurar los votos que dieron la alcaldía de Madrid a José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldía a Begoña Villacís está prácticamente calcado del que los populares rubricaron con Ciudadanos unas horas antes. Coincide casi punto por punto en medidas fiscales, urbanismo, seguridad y la imagen que las tres formaciones pretenden exportar de la ciudad a nivel internacional.
Pero el PP ha planteado pactos a la carta que ofrecen incluso cambios en el lenguaje en cuestiones que la formación de extrema derecha exige y que son espinosos para Ciudadanos, que aún después de la investidura de Almeida, sigue tratando de negar el pacto a tres en el Ayuntamiento de la capital.
Los pactos bilaterales que el PP ha firmado primero con Ciudadanos y luego con Vox difieren principalmente en lo referente a Madrid Central, y en la terminología empleada en materias que tienen que ver con igualdad, como la violencia machista o lo relativo al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI).
El documento de 80 medidas firmado por PP y Ciudadanos, que ha aupado a Almeida a la alcaldía y a Begoña Villacís como número dos del Gobierno municipal, asegura la aprobación de un “Plan de detección temprana de la violencia machista”, así como un “Plan específico de formación en violencia machista para todo el equipo profesional de intervención del Ayuntamiento”. Pero el término “violencia machista” era inaceptable para Vox que lleva meses negándolo y por tanto no aparece mencionado en el acuerdo que el partido de Santiago Abascal ha rubricado con el PP. Su batalla contra un tipo de crimen específico que ha dejado en España más de mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que existen registros, en 2003, les hace hablar de violencia intrafamiliar. En su acuerdo, estas dos formaciones se comprometen a aprobar un “plan municipal de educación contra todo tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar”.
“La violencia de género o violencia machista ha tardado muchísimo en ser reconocida”, indica la constitucionalista experta en género Julia Sevilla. “La ley de 2004 ya explica que se maltrata o se mata a las mujeres por ser mujeres y también como consecuencia de una relación afectiva”, explica. Por eso, omitir el concepto “es un aspecto importante de la política y el programa de Vox y una manera de entender la sociedad y la situación de la mujer. No se hace en función del carácter terminológico, que también, sino ideológico, al considerar que las mujeres no son especialmente atacadas por el hecho de ser mujeres”, desarrolla Sevilla. El PP, que en su acuerdo con Ciudadanos si reconoce la violencia machista, continúa con este acuerdo a dos bandas con la estrategia que inició Pablo Casado tras hacerse con el liderazgo del partido, al hablar indistintamente de violencia de género e intrafamiliar o doméstica, que responde a aquella que se ejerce entre miembros de una familia, pero que no tiene un carácter estructural.
La presencia o la influencia de una determinada ideología en un gobierno de coalición condiciona las políticas, por lo que la terminología no es baladí. Se ha visto en Andalucía, donde Vox ha condicionado la aprobación de los presupuestos de PP y Ciudadanos a la introducción, por primera vez en unas cuentas andaluzas, del concepto de 'violencia intrafamiliar' que la extrema derecha utiliza en sustitución de 'violencia de género' o 'violencia machista'. “Intentan modificar parámetros que se habían utilizado hasta este momento”, sentencia Sevilla.
“Garantizaremos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, defenderemos los derechos de las personas LGTBI y erradicaremos la lacra social de la violencia machista en nuestras ciudad”,recoge el punto 41 del acuerdo PP-Ciudadanos. Un texto que deberá conjugarse con el de PP-Vox: “Lucharemos por la igualdad de derechos, obligaciones, y oportunidades entre mujeres y hombres, con la finalidad de que no pueda existir ninguna discriminación por razones de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. De nuevo, desaparece la violencia machista, pero también cualquier mención al colectivo LGTBI, mientras se hace hincapié en las “obligaciones”.
“Eliminar las especificidades”
“Cuando hay un acuerdo y no se menciona, es porque no se quiere mencionar de manera expresa”, lo que demuestra que “no quieren saber nada de nosotros”, señala la presidenta del Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM), Carmen García del Merlo. Aunque el acuerdo de los de Almeida y Villacís se compromete a que “el Orgullo seguirá celebrándose donde viene siendo habitual estos últimos años”, Vox ha puesto sobre la mesa durante la campaña la posibilidad de enviar la manifestación lejos del centro, a la Casa de Campo. “Quieren volver a meternos en los armarios e invisibilizarnos, por eso quieren llevarnos a un sitio que no sea céntrico, lejos de donde se reúne todo el mundo, de donde se reúnen ellos”, denuncia García del Merlo. En cualquier caso, la autorización de una manifestación es competencia de la delegación del Gobierno. El PP también quiere, de la mano de Vox, apoyar la Navidad y la Semana Santa “como manifestaciones públicas del sentir mayoritario de los españoles”.
En el punto relativo a la prevención del acoso escolar, el Partido Popular y Vox invisibilizan la violencia machista y el acoso en los colegios e institutos por lgtbifobia, que queda reducido a un “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La FELGTB ha detectado en los centros escolares en los que trabaja que el 60% del alumnado ha percibido algún tipo de ciberacoso hacia alumnos por su orientación sexual o de género y que el riesgo de suicidio entre adolescentes LGTBI es tres veces mayor al del resto. “Si los chavales no conocen al realidad es muy difícil que la afronten, que vean que hay una diversidad en la escuela y en la calle”, señala la presidenta de COGAM. “Al final, se están queriendo eliminar las especificidades que existen y que deberían ser tratadas de forma diferente”, sentencia Sevilla.
También tiene una formulación diferente el Plan de Convivencia Social e Intercultural pactado por los de Almeida y Villacís que pretende “ordenar todas las actuaciones municipales en materia de inmigración, incluyendo una línea estratégica municipal para la plena integración de los hijos de inmigrantes en la ciudad de Madrid”. En el caso PP y Vox se menciona “un pacto que facilite la integración de los inmigrantes legales mediante un mayor aprendizaje de la cultura, la historia, la lengua y las tradiciones españolas, así como el conocimiento de nuestra ciudad”. Precisamente, el de 'inmigrante ilegal' o, en contraposición 'inmigrante legal', es otro concepto que los de Santiago Abascal quieren volver a traer a la agenda pese a que “era algo que estaba muy superado y que supone un gran retroceso al volver a hablar de personas legales e ilegales”, denuncia la politóloga y responsable de incidencia política de Red Acoge, Paloma García Varela.
“Las terminologías tienen mucho peso y no son neutras, tienen mucho contenido detrás”, denuncian desde la entidad, que considera que el uso del lenguaje pone trabas a unas sociedad más inclusiva al utilizar marcos legales para hablar de personas que, además, “tienen una connotación negativa”. Con este acuerdo tanto el PP como Vox inclumplen el Pacto Mundial de las Migraciones, firmado por España, en lo referente a la utilización de un lenguaje inclusivo. No es la primera vez: los presupuestos andaluces firmados a tres por PP, Ciudadanos y Vox también hablan de 'inmigrantes ilegales'.
De “reconvertir” a “acabar” con Madrid Central
El PP ha negociado con Ciudadanos “reconvertir la Zona de Bajas Emisiones denominada Madrid Central bajo el criterio de nuevas áreas de prioridad residencial aportando soluciones alternativas y complementarias de movilidad a todos los sectores de la población”. Mientras, ha acordado con Vox, directamente, “acabar con la política de prohibiciones y restricciones de los últimos cuatro años de Madrid Central”, que en realidad lleva en vigor poco más de seis meses. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, afirmó este mismo lunes en una entrevista al periódico El Mundo que “no sería buena política revertir todo Madrid Central”. En cualquier caso, su partido ya se ha comprometido con el PP a una moratoria de la imposición de multas a partir del 1 de julio, lo que en la práctica deja sin efecto el área restringida. En ese mismo punto del acuerdo a dos bandas firmado por el PP hay otra diferencia: con Vox se compromete a estudiar la viabilidad técnica y económica del soterramiento de la Gran Vía.
Por otro lado, PP y Ciudadanos garantizan “la gestión íntegra y transparente de los servicios públicos”, así como la mejora de “la gobernanza de las empresas públicas”. La formación de extrema derecha añade en su pacto suscrito con los populares que estas solo podrán estar dirigidas por “personas con trayectoria profesional contrastada”. Además, los cargos públicos imputados formalmente por delitos de corrupción deberán renunciar al cargo en ambos acuerdos, pero el de PP y Ciudadanos añade que “no podrán ir en listas electorales”, una condición que los de Vox no han puesto.
El PP se ha comprometido con Ciudadanos a eliminar “gastos en subvenciones sin retorno social”. Con Vox, este mismo punto aparece reformulado: “Suprimiremos todas las subvenciones a entidades cuyo fin sea ideológico y no quede acreditado un interés público y/o social”. En ningún caso se establece cómo se calculará ese retorno o interés social ni qué entienden el PP y Vox por “ideológico”.