El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizará en un Pleno extraordinario la reforma con la que PSOE y Unidas Podemos pretenden rebajar la mayoría requerida para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi dos años en funciones por el bloqueo del PP. Su presidente, Carlos Lesmes, ha fijado ese Pleno para el próximo 28 de octubre después de que siete vocales del sector conservador lo solicitaran en virtud del artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el Presidente o si lo solicitaren cinco vocales”. Lesmes no podía rechazar la solicitud.
Los siete vocales pretenden que en ese Pleno se apruebe una declaración que sostiene que la reforma es “contraria a la Constitución” y a los “estándares” del Consejo de Europa y de la UE, lo que “debilita el papel constitucional del CGPJ y con ello la defensa institucional de la independencia judicial”, según el borrador al que ha tenido acceso elDiario.es. Y añade: “El CGPJ utilizará todos los medios a su alcance para defender la separación de poderes y garantizar la independencia del Poder Judicial en su conjunto”.
Para ser aprobada, la declaración tiene que contar con el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno. Es decir, de al menos once de sus 21 miembros (20 vocales más el presidente). Los vocales que suscribieron la petición son siete: José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona. Todos fueron elegidos a propuesta del PP. La mayoría conservadora está formada por once vocales, pero está por ver si todos ellos respaldan una propuesta que por ahora cuenta con siete firmas. A día de hoy ese respaldo no está asegurado, señalan las fuentes consultadas. Lo que sí es seguro es el voto contrario a este comunicado por parte de los nueve vocales del llamado bloque progresista, que además barajan dar algún tipo de respuesta a la maniobra de parte del bloque conservador.
La reforma se ha planteado como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos —en lugar de proyecto de ley del Gobierno—, lo que permite sortear su control previo porque de esta forma no hay que pedir los informes preceptivos aunque no vinculantes al CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Con este movimiento, parte de la mayoría conservadora consigue que la iniciativa legislativa sea “examinada” por el órgano de gobierno de los jueces aunque sin ningún efecto práctico.
La propuesta de PSOE y Unidas Podemos de rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ ha recibido el rechazo frontal de parte de la oposición —PP y Vox han anunciado que la llevarán al Constitucional— y también de tres de las cuatro asociaciones judiciales. La Comisión Europea también ha advertido a España de que se debe “reducir la influencia del Poder Ejecutivo o Legislativo en el Judicial”.
Además, este lunes las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de Madrid, Castilla y León y Extremadura han expresado su rechazo a la reforma. Estos organismos cumplen principalmente tareas organizativas y administrativas, no jurisdiccionales, y no es habitual que se posiciones sobre temas de interés político.
El más duro es el comunicado del TSJ de Madrid, que considera que la propuesta “no se ajusta a la Constitución al eludir el necesario consenso parlamentario y dejar en manos de la mayoría política la formación del órgano llamado a velar por la independencia judicial”.
Para el TSJ de Castilla y León se trata de una modificación normativa que supone una “merma” de las garantías de independencia judicial. Este órgano considera que la independencia solamente se conseguirá siguiendo las recomendaciones del informe GRECO de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia, mediante la designación directa de los doce vocales judiciales por los propios jueces y magistrados.
Misma propuesta hace el TSJ de Extremadura, que aboga por la “designación directa” por parte de los jueces de los llamados vocales judiciales. Además, los jueces extremeños muestran su rechazo ante “cualquier modificación legislativa que suponga una merma en las garantías de independencia judicial” como, a su juicio, lo hace la proposición de PSOE y Unidas Podemos.
La modificación propuesta por PSOE y Unidas Podemos consiste en rebajar de tres quintos a mayoría absoluta el quórum necesario en el Congreso y el Senado para designar a 12 de los 20 vocales del CGPJ, los del turno judicial, formado por jueces y magistrados. Los otros ocho vocales, seleccionados entre juristas de reconocido prestigio, seguirán siendo elegidos por un mínimo de tres quintos de ambas Cámaras, tal y como instaura la Constitución.
Para los 12 vocales judiciales, la Carta Magna establece que serán elegidos “en los términos que establezca la ley orgánica”. Y eso es lo que se pretende cambiar: esa ley dice ahora que se elegirán por tres quintos (210 diputados y 159 senadores) y la iniciativa legislativa de PSOE y Unidas Podemos prevé rebajar a la mayoría absoluta el número de apoyos necesarios (176 diputados y 133 senadores) en una segunda votación.
La propuesta también prevé limitar las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces mientras esté en funciones. La principal limitación es que no podrá hacer nombramientos discrecionales de jueces, como ha hecho en estos dos últimos años pese a tener su mandato caducado. Las últimas designaciones fueron las de seis magistrados del Tribunal Supremo.
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