Los letrados del Senado advierten de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía pero avalan su tramitación

Los letrados del Senado han redactado sendos informes sobre la ley de amnistía que se adaptan a la perfección a lo que el PP quería: no arriesgarse a detener la tramitación de la norma, pero remarcar su carácter inconstitucional. Así, la Mesa de la Cámara Alta, controlada por la derecha, asumirá este martes la admisión a trámite de la proposición de ley, tras su aprobación por el Congreso, eliminará el carácter de urgencia, lo que retrasará los plazos, y lanzará el procedimiento legislativo pese a la retahíla de incumplimientos de todo tipo que recogen los dos escritos.

El equipo de letrados del Senado es totalmente nuevo. El presidente, Pedro Rollán, eligió a la nueva secretaria general de la Cámara, Sara Siera, y esta a todos sus subordinados. El informe más detallado es, precisamente, el de Siera, quien a lo largo de 62 páginas desgrana todas sus oposiciones a la norma. El escrito establece que “no existe previsión constitucional que faculte a las Cortes Generales a otorgar amnistía mediante ley”, según indica la propuesta de acuerdo que los letrados han preparado a la Mesa, señala que la norma supone una “reforma constitucional encubierta” y ataca al Congreso por una “realización fraudulenta del procedimiento legislativo”.

Así, la letrada mayor del Senado plantea que el órgano no puede hacer otra cosa más que admitir a trámite la ley e iniciar el procedimiento, pero plantea inmediatamente que el Pleno de la Cámara Alta lance un “conflicto entre órganos constitucionales” que, primero, requiera formalmente al Congreso que retire la proposición de ley, pese a que el Pleno de la Cámara Baja ya la aprobó y remitió al Senado. Además, la letrada quiere que el Senado reclame una suspensión cautelar del proceso o un recurso de amparo mientras el Constitucional determina dicho conflicto de competencias.

Ninguna de estas previsiones aparece en la propuesta de acuerdo de la Mesa, que se limita a incidir en la inconstitucionalidad de la norma y, a la vez, en la incapacidad del presidente del Senado, Pedro Rollán, ni de la Mesa para impedir su tramitación.

De hecho, los letrados del Senado en su informe, que resume el de la secretaria general, llegan a plantear que el Tribunal Constitucional debe revisar su propia jurisprudencia ya que les impide a ellos detener la tramitación de una norma que puedan considerar contraria a la Carta Magna.

El tribunal de garantías tiene determinado que esto solo puede ocurrir en casos de “evidente y palmaria” inconstitucionalidad. Y los letrados, pese a dedicar decenas de páginas a señalar todas y cada una de las violaciones de la Constitución, del Derecho Europeo o del Reglamento del Congreso, lamentan las “dificultades que el aplicador del Derecho tiene para apreciar cuál es la intensidad que ha de tener la inconstitucionalidad para poder ser calificada de evidente y palmaria” y zanjan: “La inconstitucionalidad no admite grados”.

Así las cosas, el PP tiene vía libre para hacer lo que lleva semanas y meses advirtiendo que hará. Primero, admitir a trámite en el Senado la ley de amnistía. Y segundo, derogar la urgencia determinada por el Congreso y aplicar una tramitación ordinaria que podría llevar su votación final hasta el 16 de mayo, según los informes.

A la vista de los informes, desde el PP urgen al Gobierno a retirar la proposición de ley, pese a que el Ejecutivo no la ha presentado formalmente ni tiene ninguna competencia para hacer. “Cualquier Gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley de las Cortes porque es la única salida decente”, apuntan desde el partido de Alberto Núñez Feijóo.

“El PP recurrirá al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a todo estamento o institución en el que se pueda frenar esta ley de impunidad”, zanjan las mismas fuentes.