“Los técnicos del Ministerio entran en los ordenadores de los fiscales y hacen lo que quieren”

El Ministerio de Justicia que dirige Rafael Catalá lleva desde el pasado jueves tratando de solucionar el fallo de seguridad de LexNET, la plataforma que usan abogados y procuradores para recibir notificaciones judiciales. Más allá de la enorme grieta que ha dejado al descubierto miles de documentos, la crisis ha reabierto el debate sobre el control que tiene el Gobierno y las distintas administraciones de las aplicaciones judiciales. Son sus técnicos los que acceden a las plataformas para repararlas, con acceso a documentación judicial, cuestionando el principio de separación de poderes.

El control no se limita a las aplicaciones. Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), alerta del riesgo que supone que los técnicos de Justicia accedan a los terminales de jueces y fiscales cada vez que tienen que hacer una reparación: “comprobamos cómo en los accesos remotos, los técnicos del Ministerio entran en nuestros ordenadores para repararlos y hacen lo que quieren, eso lo vemos, entras y ves que el ordenador no estaba como el día anterior y esto supone una perturbación”.

Es habitual que en las administraciones, como en las empresas privadas, los informáticos accedan por control remoto a los ordenadores que deben reparar. El problema surge cuando esos ordenadores manejan información sensible que afecta a quienes integran esas administraciones, sean el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias.

“Hay muchos asuntos, como los que maneja la Fiscalía Anticorrupción y otros, que sería mejor que estuviesen gestionados por la Fiscalía, por una entidad independiente, o incluso por el Congreso”, asegura Fernández. Otros fiscales comentan lo mismo: los técnicos del Ministerio acceden por control remoto a sus ordenadores cuando tienen que hacer reparaciones y en ocasiones les solicitan sus claves. Algunos se han negado a dárselas.

La tentación de “cotillear”

“El Ministerio controla los medios materiales, las aplicaciones, los navegadores que podemos utilizar, además del grueso denuesto trabajo”, denuncia Fernández, que advierte sobre el peligro de que alguien quiera enterarse sobre los detalles de un procedimiento aprovechando ese control: “puede haber interés de cotillear por parte de quien no está personado en una causa”.

Ese control es consecuencia de la digitalización de la Justicia, un camino tortuoso que se inició hace años y que no termina de cuajar. La cruzada del Gobierno para eliminar el papel en la administración de justicia se sustenta sobre una diversidad enorme de plataformas que sustituyen los trámites clásicos de la administración judicial.

Hay una para las notificaciones a abogados, otra para jueces, una de documentación y gestión para fiscales y otra para acceder a expedientes judiciales completos. A eso hay que añadir una herramienta para firmar digitalmente los documentos y por el camino se han quedado algunas aplicaciones desarrolladas que nunca llegaron a funcionar correctamente. Las comunidades autónomas que tienen competencias en Justicia han desarrollado sus propias aplicaciones.

“Vulnera el principio de separación de poderes”

El esfuerzo tecnológico y económico, que por ahora no ha conseguido eliminar el papel, lleva años provocando recelos sobre el control que tiene el Ministerio de todas esas aplicaciones. Solo Justicia conoce el código y son sus técnicos quienes se ocupan de reparar las plataformas cuando surgen grietas de seguridad como la de LexNET. Iniciativas como Denuncia LexNET, tras la que está el colectivo Brigada Tuitera, alertan de que “el diseño del Sistema LexNET vulnera el principio de la separación de poderes, la independencia judicial, el derecho a la defensa y la privacidad de los ciudadanos”.

José Muelas, abogado vinculado a Denuncia LexNET y quien detectó el fallo de seguridad, ha denunciado públicamente que “con frecuencia, quienes controlan los expedientes son precisamente las personas de quienes deberíamos defender esos expedientes”. “Ahora que es electrónico el expediente ya no está en el juzgado, está en servidores cuyo último responsable es el ministro”, dice en referencia a Rafael Catalá.

“Si la crisis de LexNET demuestra algo es que, en este tipo de materias, cuando se abusa del interés político propio el sistema entero puede acabar quebrando”, escribía Muelas hace unos días. Javier de la Cueva, abogado y también miembro de Denuncia LexNET, se expresaba en los mismo términos en su cuenta de Twitter, insistiendo en la necesidad de desvincular al Ministerio del control de estas aplicaciones judiciales.

“El problema son los hackers”

Juan Antonio Lozano, de Jueces para la Democracia (JpD), discrepa y no ve riesgo en el acceso a sus ordenadores o en que el Ministerio esté encargado del funcionamiento de las aplicaciones judiciales. Defiende que sea Justicia quien debe ocuparse de reparar las grietas de LexNET porque “es suyo, lo hizo el Ministerio”. “Justicia tiene sus competencias” sobre un sistema “de archivos compartidos, por lo que a través de él no pueden acceder a expediente judiciales completos”, explica.

Lozano recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que “el poder administrativo gestiona los medios materiales de la administración”, y que así sucede en el caso de la Justicia. No descarta que pueda abrirse un debate sobre si debería continuar este sistema, pero duda de que el Ministerio vaya a desprenderse del control de las aplicaciones. “El poder público se va a resistir a hacer dejación de esas competencias”, añade.

Además, discrepa de que ese control suponga un riesgo, porque el técnico que accede solo podría mirar unos pocos documentos, los últimos que se encuentre en la bandeja de entrada: “controlará un documento, si es que lo controla, ¿de verdad un funcionario se va a dedicar a rastrear miles de documentos?”.

Para Lozano los riesgos van más por el apartado de un posible ataque externo: “el problema son los hackers, si han entrado en el Pentágono, cómo no van a entrar en LexNET”. “Desde JPD estamos a favor de este tipo de sistemas porque agiliza, siempre nos quejamos de que la Justicia no está informatizada, no entiendo por qué nos ponemos en contra de un avance tecnológico”, añade. Comenta también que los abogados “están encantados con LexNET” y que si a los fiscales no les gusta es porque “les obliga a cumplir los plazos”.

Este medio ha intentado recabar la posición del Ministerio de Justicia, qué les parece las advertencias sobre el riesgo que implica que ellos controlen estas plataformas y si estarían dispuestos a debatir un posible traspaso de esas competencias a un ente independiente. Desde su departamento de prensa han asegurado “en estas fechas” no puede hacer una valoración como esta, de carácter político.