En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una periodista preguntó a Irene Montero por las críticas a la vicepresidenta Carmen Calvo desde Unidas Podemos aparecidas en los medios a cuenta del proceso de elaboración del proyecto de ley de libertad sexual. Antes de que pudiera intervenir, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quiso marcar los límites de la discusión: “Una vez aprobado el anteproyecto en el Consejo de Ministros, es ya un proyecto del Gobierno, y no de un departamento en concreto del Gobierno”.
Con las cosas claras, le tocaba a la ministra de Igualdad responder a la pregunta.
“Nada que añadir en este caso”.
La vida es mucho más fácil para los políticos cuando prefieren no responder a las preguntas de los periodistas. En los pasillos del Congreso, pueden recurrir a la mirada al frente y no detenerse. En una rueda de prensa, están atrapados detrás de una mesa. Quedaría mal que saltaran de la butaca y empezaran a correr.
Al Gobierno de coalición le han perseguido en las últimas 48 horas los titulares que salían de los dos partidos que lo forman. “Tormenta de objeciones al proyecto de reforma de Irene Montero para los delitos sexuales”, decía la SER. “Guerra de vicepresidentes por la ley de Violencias Sexuales”, se leía en La Vanguardia. Las filtraciones cobraban un aire más despectivo en la portada de El Mundo: “Carmen Calvo interviene de urgencia para salvar la ley feminista de Podemos”.
En Moncloa alguien tenía tantas ganas de disparar que terminó recurriendo a una pistola de agua. Resulta que el anteproyecto redactado en el Ministerio de Igualdad “iban en mayúscula letras que debían ser minúsculas” y salían palabras que no figuran en el diccionario de la RAE, según la SER. Esperemos que estas gravísimas violaciones tengan cumplida respuesta en el Tribunal Penal Internacional.
Como se suele decir, el proceso legislativo es como una fábrica de embutidos. Quizá te guste el producto, pero será mejor que no te enteres cómo se hace. Cuando se puede decir lo mismo de las negociaciones internas en un Gobierno de coalición, ahí tienes un problema, aun más en el caso de que las discrepancias no se limiten a los asesores, sino también a los responsables políticos de cada Ministerio. Y eso es lo que ha ocurrido ahora.
“Las conversaciones entre ministros, que es inevitable que se van a producir, se quedan en esa puerta”, dijo Irene Montero en la rueda de prensa. “Las discrepancias que haya dentro del Gobierno se resuelven a puerta cerrada”, comentó después Pablo Iglesias. Pero si en algún sitio es ingenuo pretender que se imponga la frase “lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas” es en un Gobierno de coalición.
Podemos vio los primeros titulares y en ellos la mano de Carmen Calvo. Había pocas dudas si algunas informaciones pintaban a Montero como la-ministra-que-no-sabe escribir un proyecto de ley y a la vicepresidenta como la Capitana Marvel que había salvado al universo y al feminismo. Alguien había querido equilibrar el marcador.
Igualdad se había impuesto en la batalla con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por el momento de llevar el proyecto al Consejo de Ministros, es decir, antes de la celebración del 8M. Pisar el acelerador en estos asuntos supone asumir ciertos riesgos. No vale con decir que todo se puede solucionar en el Congreso y Senado. Antes el texto tiene que pasar por el Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, donde no es aventurado decir que esta futura ley de libertad sexual contará con varios adversarios. No podrán vetar su aprobación, pero sí intentar desprestigiarla con argumentos jurídicos. Permitirlo sería meterse un gol en propia puerta.
El caso es que Igualdad ganó la discusión sobre la fecha en un asunto en el que las victorias simbólicas se cotizan tanto como las reales. De ahí desde el Gobierno se pasó a destacar los errores del anteproyecto y el mérito de Calvo y Campo en detectarlos (corregir errores forma parte del proceso normal de elaboración de un anteproyecto de ley y eso incluye que otros ministerios planteen sus discrepancias).
En Podemos, terminó imponiéndose la idea de que en Moncloa –o alguien en Moncloa– querían pintarlos como los ignorantes que no dan la talla en el Gobierno, una vuelta atrás a los tiempos en que se negoció sin éxito en julio un acuerdo de coalición. Será por eso que Iglesias estaba algo quemado si nos atenemos a lo que soltó en los pasillos del Senado: “En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado”. Esperemos que el ministro de Justicia no se lo tome como algo personal.
¿Cómo es posible que el PSOE y Unidas Podemos hayan tenido este encontronazo en un asunto del que les separan muchas menos cosas que sobre política económica? Precisamente por eso mismo. Ambos quieren capitanear la lucha por los principios feministas –no necesariamente monopolizarla– y dejar claro a su electorado que los avances conseguidos llevan su sello. Incluso si las cosas van mal en política económica, y sabemos que eso puede ocurrir, este será un logro que no se podrá ignorar. De hecho, si la situación económica empeora en el futuro, estos serán los temas sobre los que cada partido fundamentará su campaña electoral.
Además, sectores feministas del PSOE desconfían profundamente de Irene Montero y de Podemos en relación a los derechos de las personas trans, aunque todavía no está claro qué apoyo tendrán en la dirección de su partido. Lo que parece claro –viendo la agresividad de ese debate en redes sociales– es que no se van a hacer prisioneros.
Un Gobierno de coalición tiene éxito si puede gestionar las diferencias entre sus integrantes y las frustraciones consiguientes. Gestionarlas, no ocultarlas, porque eso es imposible.