Mariano Rajoy fue a votar el pasado 28 de abril y pasó completamente desapercibido: ni cámaras ni flashes. Aunque ha quedado atrás el interés mediático que despertaba como presidente del Gobierno, su legado sigue prácticamente intacto. La mayoría de las medidas más polémicas aprobadas entre 2011 y 2018 siguen en pie un año después de la moción de censura presentada contra el exlíder del PP por Pedro Sánchez, que expulsó a los populares de la Moncloa tras la sentencia del caso Gürtel.
Pese a las promesas de derogación o reforma de medidas como la Ley Mordaza, la legislación laboral, la normativa educativa o la justicia universal, las limitaciones del Ejecutivo socialista de la recién finalizada XII Legislatura –que gobernó con tan solo 84 diputados–, el bloqueo de PP y Ciudadanos en el Congreso y, finalmente, el parón legislativo que ha supuesto el ciclo electoral de las generales del 28A y las municipales, autonómicas y europeas del 26M han impedido abordar esas modificaciones en los últimos doce meses.
Cuando se cumple un año de la formación del Gobierno socialista, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 aprobados por Rajoy siguen vigentes ya que se prorrogaron de forma automática para 2019 y Sánchez no logró los apoyos suficientes para sacar adelante sus propias cuentas. El Ejecutivo socialista aprobó algunas medidas presupuestarias urgentes por la vía del decreto ley, como la ampliación de los permisos de paternidad, pero el grueso de las cuentas del PP sigue en vigor con, por ejemplo, cero euros para memoria histórica.
Los ritmos lentos para la composición de un nuevo Gobierno indican que seguirán prorrogados al menos hasta final de año, cuando se aprobarían los correspondientes para 2020. Uno de los aspectos relevantes de esos presupuestos es que están elaborados con unos objetivos de estabilidad que Bruselas permitió a Sánchez flexibilizar para este año. Tampoco la regla de gasto se ha podido reformar.
Sin tiempo material en el Congreso
El grueso del legado de Rajoy sigue vigente porque ni el Congreso en tres años ni el Gobierno de Sánchez en diez meses consiguió modificarlo. La reforma o derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana –conocida como Ley Mordaza–, aprobada en 2015 por el PP, fue una de las grandes promesas del PSOE de los últimos años. La normativa también obtuvo, desde su puesta en marcha, un rechazo frontal de partidos nacionalistas y Unidas Podemos. Para modificar o derogar esa ley en la anterior legislatura se presentaron dos propuestas pero, finalmente, el Congreso admitió a trámite la del PNV y dejó a un lado la del PSOE.
El pasado 18 de octubre se constituyó la ponencia de trabajo que hubiera dado como resultado final un dictamen que hubiera sido sometido a votación en el pleno. Pero el adelanto electoral paralizó esa tramitación, por lo que la ley mordaza sigue vigente tal y como la aprobó el Gobierno de Rajoy.
También se mantiene igual la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada por el PP pese a los intentos del Gobierno de Sánchez de modificarla. El Ejecutivo socialista aprobó su reforma en febrero en el Consejo de Ministros. Entre otras medidas, el texto del Gobierno incluía medidas como restar peso a la Religión, incrementar el margen lingüístico de las comunidades en la educación, desincentivar la segregación por sexos o la flexibilización del Bachillerato para reducir las repeticiones. El Congreso, sin embargo, no tuvo tiempo material para tramitar el proyecto de ley antes de la disolución de las Cortes de la XII Legislatura, el pasado 5 de marzo.
El PSOE además terminó la legislatura sin lograr la derogación del Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor en el año 2015 tras su aprobación por parte del Gobierno de Rajoy, y que pone límites a las investigaciones penales. La reforma conservadora contó con la oposición total de todas las asociaciones de jueces y fiscales y de gran parte de la oposición.
El PP incluyó una serie de plazos que tuvieron como objetivo limitar a seis meses la investigación de causas penales y a 18 meses –prorrogables a otros 18– aquellos casos declarados complejos. Esa modificación legislativa salvó al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez de una de las causas por las que se le investigaba porque pasó el tiempo máximo de instrucción.
En la recién finalizada legislatura fue Unidos Podemos el grupo que presentó una iniciativa en el Congreso para derogar el artículo 324 que fue admitida a trámite. Pero la Mesa de la Cámara Baja, controlada entonces por PP y Ciudadanos, bloqueó su tramitación mediante la ampliación de los plazos de enmiendas en 60 ocasiones. Esa treta la utilizaron para bloquear decenas de iniciativas.
La Justicia Universal
La reforma y ampliación de la Ley de Justicia Universal –herramienta jurídica que el PP dejó casi sin funcionalidad en el año 2014– fue otra de las grandes promesas del PSOE antes de su llegada al Gobierno y otra de las iniciativas que, un año después, sigue vigente tal y como la aprobó el Ejecutivo de Rajoy.
La modificación de los conservadores hizo que sea casi imposible perseguir los delitos que se cometen en otros países. Antes de ser reformado por primera vez, el Artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecía que los jueces españoles eran competentes “para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” que estuviesen tipificados como delitos de derecho internacional según la ley española. Algunos de estos crímenes son, por ejemplo, tortura, crímenes de lesa humanidad o desapariciones forzadas.
En este caso, la reforma que se iba a llevar a cabo durante el Gobierno socialista se basaba en una proposición de ley firmada por ERC que tenía por objetivo eliminar el requisito de que el autor tenga que vivir en España y planteaba la posibilidad de que las acusaciones populares pudieran iniciar dichos procesos. La iniciativa, que fue admitida a trámite y se encontraba en fase de enmiendas en la Comisión de Justicia, salió adelante con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos, pero también quedó en standby con el adelanto electoral de las generales del 28 de abril.
Condicionados por los pactos
El Ministerio de Justicia, por su parte, empezó a trabajar en una iniciativa legislativa con el objetivo de recuperar la jurisdicción universal (incluso se creó un comité de expertos para ello), pero las discrepancias en el seno del Ejecutivo la dejaron en el cajón.
Otra de las grandes promesas de Sánchez fue acabar con la reforma laboral de Rajoy. La reforma del mercado de trabajo ha sido uno de los principales dolores de cabeza de la ministra Magdalena Valerio, que consiguió en el último momento recuperar el subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años y la cotización para las cuidadoras no profesionales, pero no llegar a un entendimiento con los sindicatos y la patronal para modificar la legislación en materia laboral.
La promesa de Sánchez en la campaña del 28A fue un nuevo Estatuto de los Trabajadores con el objetivo prioritario de acabar con los aspectos más lesivos de la reforma de Rajoy. Los sindicatos, no obstante, reclaman que se derogue primero la legislación de 2012 antes de negociar un nuevo estatuto porque llevaría mucho tiempo. También sigue en vigor el artículo 315 del Código Penal que castiga con penas de cárcel los piquetes.
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, cerró recientemente la puerta a acabar con la reforma laboral y marcó el rumbo hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Sánchez se pronunció en términos similares al prometer en el Círculo de Economía “anticiparse” al cambio del modelo productivo y de relaciones laborales. No obstante, sus aspiraciones quedarán circunscritas al pacto que finalmente alcance para seguir en Moncloa.