El Tribunal Constitucional viene de vivir una de sus épocas más convulsas en sus más de 40 años de historia. La crisis por la renovación parcial del organismo fracturó por la mitad un pleno que tendrá una mayoría progresista, al menos, durante más de un lustro y que tiene por delante decisiones que cruzan sus caminos con los de la política. La ley trans, la reforma del solo sí es sí, las modificaciones del Consejo del Poder Judicial o el derribo de Valdecañas son algunos de los puntos marcados en rojo en el calendario de un pleno profundamente dividido.
El mandato del anterior presidente, Pedro González-Trevijano, terminó en enero de este año con uno de los momentos más tensos en un historial ya de por sí plagado de episodios relevantes y polémicos: el sector conservador y entonces mayoritario del Constitucional, de forma inédita, paralizó una ley en el Parlamento a petición del Partido Popular. Una reforma que, además, afectaba directamente al propio tribunal y a varios de sus integrantes al intentar desatascar la renovación de una parte del Constitucional.
Este curso arranca con un pleno diferente, con mayoría progresista e igualmente dividido en asuntos de calado público, como por ejemplo la admisión a trámite de recursos como el de Carles Puigdemont contra su procesamiento o el del PSOE solicitando la revisión de 30.000 votos en Madrid. La diferencia de criterio entre progresistas y conservadores es evidente aunque, por el momento, no ha tenido las consecuencias que hace unos meses llevaron al tribunal de garantías a interferir en tiempo real con la actividad del Congreso y el Senado.
El calendario del Constitucional para los próximos meses recoge algunos de los recursos e hitos políticos de mayor importancia de la última legislatura. Vox, después del batacazo de las últimas elecciones generales, se ha quedado sin el activo político que suponía presentar recursos al peso contra todo tipo de normas e iniciativas, pero las cuatro decenas de impugnaciones presentadas en la última legislatura siguen pendientes de sentencia junto con las presentadas por el Partido Popular.
Entre ellas está la votación de la reforma laboral, aspectos del ingreso mínimo vital, la ley rider sobre el abuso de los autónomos en las plataformas de reparto y la ley Rhodes de protección a la infancia, la reforma de la ley del aborto, la ley trans, la ley Zerolo, la tramitación del decreto de fondos europeos, la ley de memoria democrática, el impuesto a las grandes fortunas o la ley de vivienda. Con ellas la reforma del solo sí es sí, tanto el texto legal en sí mismo como casos concretos como el de la Arandina.
Otras reformas también estarán en la hoja de ruta del Constitucional que el nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, decidió acelerar después de varios mandatos con asuntos como el aborto cogiendo polvo en los cajones de la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Las múltiples reformas que han modificado la capacidad del caducado Consejo del Poder Judicial para hacer nombramientos, la reforma de los delitos de sedición y malversación y casos concretos como los ERE de Andalucía, la condena de Alberto Rodríguez o los múltiples recursos sobre la causa del procés independentista.
Guerra de recusaciones
La llegada de una mayoría y presidencia progresistas al Constitucional por primera vez en una década se ha traducido en una instantánea desacreditación por parte de la derecha de la figura de Cándido Conde-Pumpido, exmagistrado del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado durante las dos legislaturas del PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero. El Constitucional, dijo Elías Bendodo (PP) tras su última renovación, es ahora una institución “debilitada por los efectos del sanchismo”.
El cuestionamiento se extiende a las dos últimas incorporaciones al sector progresista del pleno: Juan Carlos Campo y Laura Díez. El primero, magistrado y ministro de Justicia en el ejecutivo de Pedro Sánchez hasta 2021. La segunda, catedrática y alto cargo de Moncloa hasta 2022. Los dos han sido objeto de diversas recusaciones, la última por parte del PP para que no intervengan en el debate sobre la revisión de 30.000 votos claves para el PSOE y una posible investidura de Pedro Sánchez.
Ellos mismos ya se han apartado de varias deliberaciones. Entre otras, de los recursos sobre la votación de la reforma laboral, la ley del solo sí es sí o la norma que regula la presencia del 25% de castellano en las aulas catalanas. La presencia de Cándido Conde-Pumpido en los plenos sobre asuntos relacionados con el procés independentista está comprometida por haberse apartado él mismo en el pasado de estos asuntos. No estará, por ejemplo, en los debates sobre el último recurso de Puigdemont rechazado por una sala de mayoría conservadora.
En el último año, el pleno ha dejado claro que las que no prosperarán serán las recusaciones planteadas contra los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel por haber sido propuestos por el Partido Popular.
Las primeras deliberaciones
El primer pleno del curso está previsto para la semana que viene. Un pleno en el que el Constitucional estudiará, por ejemplo, si el último recurso de Carles Puigdemont debe ser admitido a trámite tal y como pide la Fiscalía. También dictarán sentencia definitiva sobre el caso de Teresa Rodríguez y su expulsión del grupo parlamentario de Adelante Andalucía en 2020 en la asamblea andaluza y rechazarán, previsiblemente, el recurso del PP contra la ley de eutanasia después de que el presentado por Vox corriera esa suerte hace unos meses.
También empezará a analizar otro recurso del PP, este contra la ley catalana de vivienda de 2022 y su regulación de los alquileres sociales, y el que Vox presentó contra el real decreto que en 2021 impuso medidas urgentes para reducir la temporalidad en el sector público.
Está previsto que los asuntos de mayor relevancia pública se vayan acumulando con mayor frecuencia en el orden del día que en mandatos anteriores, con casos que han llegado a estar una década esperando a ser deliberados. En los seis primeros meses de presidencia de Conde-Pumpido, según las cuentas del propio Constitucional, se dictaron 85 sentencias y quedaron resueltos los cinco recursos más antiguos del registro: la ley del aborto de 2010, la designación del Consejo de RTVE de 2018, los derechos de radiodifusión de los partidos de fútbol, la validez de las fórmulas de juramento o promesa de la Constitución en el Congreso y uno sobre las comisiones de investigación en la Junta General del Principado de Asturias.