El Tribunal Constitucional tomó este miércoles una decisión inédita: rechazar de plano un recurso de amparo de dirigentes del procés —la práctica seguida hasta ahora era admitirlos para analizar con detalle su contenido— y hacerlo al margen del pleno. Detrás de este movimiento está el minoritario sector conservador, que aprovechó su mayoría provisional durante el momento estival para inadmitir una petición de amparo del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la última orden de detención dictada en su contra. Todo ello, en un momento político complejo, cuando el PSOE negocia con Junts una posible investidura de Pedro Sánchez.
La decisión se tomó en la llamada Sala de Vacaciones —que asume los asuntos urgentes durante el mes de agosto— gracias a los votos de dos de sus tres magistrados: los conservadores Concepción Espejel, que ejerce como presidenta de esta Sala y a la que Puigdemont intentó recusar por su cercanía al PP, y César Tolosa. La progresista Laura Díez, que votó en contra, presentó un voto particular en el que critica la “premura” de esta decisión y cuestiona que el tribunal se aparte del criterio seguido en casos similares.
Hasta ahora, los recursos relacionados por el procés habían sido sistemáticamente admitidos y analizados después por el pleno, donde se sientan sus 12 miembros, y no por una Sala como la de Vacaciones, conformada solo por tres magistrados. Horas después de conocerse esta decisión, la Fiscalía del Constitucional anunció que la impugnará, lo que forzará un debate en el pleno.
Se trata, en todo caso, del último capítulo de una serie de movimientos que la derecha política y judicial ha protagonizado de manera más o menos reciente para entorpecer la acción del Gobierno de coalición. El pasado otoño, la mayoría conservadora en el Constitucional —con Espejel entre sus miembros— también tomó una decisión insólita al paralizar la tramitación de la reforma legislativa que iba a forzar renovación de los magistrados con el mandato caducado y la instauración de una mayoría progresista.
En este caso, la maniobra se produce en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts y en un momento en el que los socialistas han tratado de tender puentes con la formación independentista dado que el partido de Puigdemont tiene la llave para una hipotética investidura de Sánchez.
Tras conocerse la decisión, la respuesta de Junts no se hizo esperar. “Hace muchos años que el trabajo del TC es decorar jurídicamente la estrategia de Estado contra el independentismo. Y esa estrategia no cierra por vacaciones”, tuiteó Jordi Turull, uno de dirigentes condenados e indultados por el referéndum independentista del 1-O y actual secretario general de Junts. “Agosto. Por la puerta de atrás”, escribió, por su parte, Gemma Geis, líder del partido en Girona y vicealcaldesa en esa misma ciudad.
Fuentes del Constitucional calificaban este miércoles de “sorprendente” el hecho de que la decisión sobre este recurso se haya tomado en el mes de agosto y al margen del sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos. Esto es, elevándolo al pleno donde el sector progresista sí tiene mayoría por primera vez en una década.
De hecho, la decisión cuenta con un contundente voto particular discrepante de la única magistrada que votó en contra, la progresista Laura Díez. La magistrada disiente de la mayoría al considerar que la Sala de Vacaciones no debió resolver sobre ese recurso al no considerar urgente la decisión sobre la suspensión de las medidas cautelarísimas solicitadas y al entender que, en su caso, el recurso de amparo debió ser admitido.
En su recurso, Puigdemont y Comín alegaron la vulneración de varios derechos fundamentales al entender que están protegidos por la inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputados. Frente a ello, el auto afirma que la Sección de Vacaciones sí es “competente” para resolver este recurso precisamente porque éste solicitaba la suspensión cautelar de una resolución judicial que acordaba la privación de libertad a través de una orden nacional de detención.
Espejel, una magistrada cercana al PP
Una de las magistradas que firma la resolución es Concepción Espejel, que además ejerce como presidenta de esta Sala de Vacaciones. Es considerada una jueza cercana al Partido Popular hasta tal punto que tuvo que apartarse de varios procesos relacionados con la trama corrupta Gürtel. La Audiencia Nacional tomó esa decisión a finales de 2015 cuando iba a conformar el tribunal que iba a juzgar la pieza del caso bautizada como 'Época I' junto con Enrique López, que fue consejero de Justicia en el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso.
También fue posteriormente apartada del tribunal que juzgó la 'caja B' del PP. Años antes, en 2014, la entonces secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, había pronunciado la frase que dejaba clara su afinidad con la magistrada: la también exministra se refirió a ella como “querida Concha” cuando le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Espejel llegó al Constitucional en octubre de 2021 cuando el Gobierno de coalición acordó con el PP renovar a los cuatro magistrados que seguían en la prórroga desde noviembre de 2019.
El otro magistrado conservador de la Sala de Vacaciones es César Tolosa. Fue nombrado miembro del Constitucional en diciembre de 2022 tras ser propuesto por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tolosa recaló en el tribunal de garantías desde la sala tercera del Supremo, que presidía desde septiembre 2020, después del polémico mandato de Luis María Díez-Picazo. Tolosa fue nombrado con 18 votos del total de 21 del pleno, muy por delante de la candidata progresista, Pilar Teso. Era magistrado del Supremo desde 2014 después de presidir el Tribunal Superior de Cantabria durante una década.
Laura Díez, por su parte, es catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona desde enero de 2020, centro en el que ejerció como docente y también ocupó altos cargos. Fuera de la universidad fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia entre 2020 y 2022, primero con Carmen Calvo y después con Félix Bolaños. Previamente, entre 2002 y 2004, fue asesora en la Generalitat para la reforma del Estatuto de Cataluña.
El precedente de la inhabilitación de Torra en plena investidura
Este último movimiento de la derecha judicial evoca lo ocurrido tras la repetición electoral de 2019, cuando Sánchez estaba a punto de ser investido. Entonces, la Junta Electoral Central decidió en una ajustada votación —por un solo voto— destituir de su cargo como diputado en el Parlament a Quim Torra, lo que implicó su cese como president. El órgano encargado de velar por la limpieza de los procesos electorales tomó esta decisión sin esperar a que el Supremo se pronunciara sobre su condena a año y medio de inhabilitación por delito de desobediencia, que entonces todavía no era firme, y a apenas unos días del debate de investidura en el que los socialistas se jugaban seguir en la Moncloa.
En el entonces Gobierno en funciones esta decisión se interpretó como un intento desestabilizador de cara a ese debate, que se produjo sólo cuatro días después del pronunciamiento de la Junta Electoral Central. No obstante, en esa ocasión los votos de Junts no eran necesarios para la elección de Sánchez, como sí ocurre ahora. Finalmente, el candidato socialista fue elegido con el respaldo de su partido, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG y la abstención de ERC y Bildu. El partido de Puigdemont votó en contra.
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