El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como investigado el 7 de junio al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, según han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.
En una providencia, el magistrado ha citado también como investigados los días 5 y 6 de junio a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.
El anterior fiscal del caso, Carlos Yáñez, ya solicitó dirigir el procedimiento contra Gallardón y su equipo de Gobierno para que los hechos no prescribieran en noviembre de 2016. Su sucesora en el caso, Ana Cuenca, tenía previsto tomar declaración al expresidente de la Comunidad de Madrid una vez practicadas las diligencias pendientes.
Esas diligencias han reforzado los indicios de que el Canal de Isabel II pagó un sobreprecio por la empresa colombiana con dinero público, según informan a eldiario.es fuentes de la investigación. Las mismas diligencias, incluido un reciente viaje de los investigadores a Colombia, Panamá y República Dominicana, han reforzado los indicios sobre las irregularidades en el proceso de adquisición de Inassa, precisan las mismas fuentes.
En este rama del caso Lezo ya han declarado todos los integrantes del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, entre ellos Juan Bravo, consejero de Economía en la etapa de Gallardón al frente de la Comunidad de madrid.
Bravo firmó junto a Gallardón la creación de una empresa que sirvió de vehículo para comprar Inassa en 2001. Pero el proceso se desarrolló de manera distinta a la reflejada en los documentos que aprobó el Gobierno, y según explica Anticorrupción, en la compra se incluyó, además de Inassa, una sociedad dominicana llamada Watco. Las dos compañías se adquirieron a través de una sociedad pantalla con sede en un paraíso fiscal. En precio total fue de 73 millones de dólares.
Hace unos días, el juez Manuel García-Castellón, la fiscal Ana Cuenca y un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron a Colombia para ahondar en la investigación de la compra de Inassa. Según fuentes próximas al caso, la comisión judicial se desplazó para profundizar en la obtención de información solicitada a través de comisiones rogatorias pendientes. El viaje se extendió también a Panamá.
La Fiscalía sostiene que en esa operación pudo haberse pagado un sobreprecio por Inassa y que el Cana no tenía competencias en ese momento para afrontar una operación de este tipo. Se dan, en definitiva, de “un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición”.
En ese escrito, la Fiscalía pidió la imputación de todo el Consejo de Administración del Canal, y advirtió de que no pedía todavía la del gobierno regional de esa época porque no disponía entonces de los acuerdos que habían adoptado para autorizar la compra de Inassa.