El presidente de ADIF, Juan Bravo, ha declarado este lunes ante el juez del caso Lezo. Bravo, que fue consejero de Hacienda con Alberto Ruiz Gallardón y consejero del Canal de Isabel II, ha defendido la operación y ha asegurado que la empresa pública pagó por Inassa menos del precio que sugerían las valoraciones independientes.
Durante su declaración, que ha durado algo más de hora y media, ha asegurado en varias ocasiones que no recuerda todos los detalles, porque la compra se realizó hace 16 años y no ha tenido acceso a toda la documentación. Así lo ha explicado su abogado al término de la declaración-
Según su defensa, Bravo ha asegurado que los 73 millones de dólares que el Canal pagó por Inassa están por debajo del precio que apuntaban las valoraciones que manejaron. Es el único consejero que se ha expresado en estos términos, porque el resto han admitido que en los informes que estudiaron antes de la compra, la empresa colombiana estaba valorada en 25 o 50 millones.
Inassa impuso la sociedad panameña
Sobre la sociedad Panameña que se interpuso en la compra, su defensa ha explicado que la versión de Bravo es que esa empresa era titular de las acciones de Inassa, y que esta puso como condición que se le comprasen a la empresa panameña las acciones.
El despacho Garrigues dijo que, si esta era la condición que ponía Inassa, que se hiciese así. Pero recomendó que la sociedad que disolviese en el mismo momento de la compra. Así se hizo, y este y otros trámites se cumplieron de acuerdo a la ley, ha insistido su defensa.
El abogado de Bravo ha evitado pronunciarse sobre si la fiscal del caso le ha preguntado por el papel de Gallardón, como si ha hecho con el resto de consejeros. El letrado asegura que este solo tuvo conocimiento de la compra en su condición de presidente regional, y que la única documentación que leyó fue la que le proporcionó el propio Canal de Isabel II.
La defensa del actual presidente de ADIF ha insistido en que no ven nada penalmente relevante en esta rama del caso Lezo, ni siquiera irregularidades mercantiles, y achacan las citaciones a que la instrucción está “un poco verde”.
Los exconsejeros que declararon la semana pasada defendieron la compra de Inassa como una operación legal y beneficiosa, pero explicaron también que no conocieron todos los detalles del proceso, como que se utilizó una sociedad pantalla en un paraíso fiscal, y que les entregaron la documentación horas antes de que tuviesen que votar. Ninguno supo precisar si el expresidente madrileño estaba al tanto de la adquisición que comandó Arturo Canalda, entonces gerente de la empresa pública.
Algunos, eso sí, admitieron que se habían manejado valoraciones de Inassa que estimaban que la empresa costaba menos de los 73 millones que se pagaron finalmente. Juan María del Álamo fue el más claro en este punto, al asegurar que algunas valoraciones apuntaban que su precio estaba entre los 25 y 50 millones.
Los exconsejeros citados este lunes junto a Bravo -Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho- han coincidido en que recibieron la documentación horas antes de tener que apoyar la compra, y que fue Canalda quien se encargó de presentarles la operación como algo ventajoso para el Canal. Han asegurado que no recuerdan que se hablase de una sociedad con sede en un paraíso fiscal. Adriano García-Loygorri Ruiz no ha acudido a la cita.