El abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, explica en una tribuna en el diario El Mundo, del que es colaborador habitual, por qué ha aceptado el encargo de defender al extesorero del PP. Liaño recuerda que todas las personas tienen derecho a una defensa justa pero, más allá de este derecho, asegura: “Cuando el abogado acepta una defensa, es porque estima, sin descartar que en ocasiones lo haga erróneamente, que la pretensión de su defendido es justa”.
El exjuez arremete contra la figura de la prisión preventiva, en la que se encuentra ahora mismo su cliente: “No debería existir, pues se mire por donde se mire, es una auténtica y verdadera pena anticipada”. Liaño asegura unas líneas antes: “La esencia y grandeza de la abogacía es situarse en el último peldaño de la escala, junto al acusado”.
Gómez de Liaño, que fue apartado de la judicatura tras ser condenado por prevaricación (condena que fue posteriormente revisada por el tribunal de Estrasburgo), en el artículo titulado “Yo defiendo” asegura que “la justicia no se hace poniendo a la sociedad en contra del acusado” y que no cabe en ella “la venganza” de “ciertas jaurías justicieras, cuyos cabecillas están en la memoria de todos” o “parlamentarios con afección de verborrea”.
Sin embargo, el ataque más duro de Liaño se produce contra una supuesta politización de la judicatura que ha convertido el caso Gürtel en un caso político: “Este es el problema. El drama, diría yo. Mejor aún, su veneno”. Y remata: “Hacer política de partido con la toga puesta no es menester de abogados, sino de mercaderes de leyes”.
Con todo, el ataque más duro se lo dedica Gómez de Liaño a los periódicos que han criticado la publicación en el El Mundo de los SMS intercambiados entre Luis Bárcenas y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Asegura que la sociedad “necesita de abogados independientes, como de periodistas independientes”. “Que un periódico sostenga que un abogado forma parte de un trío de conspiradores, con el jefe de la oposición al frente, para derribar a un Gobierno, es mal camino y alarmante señal de injusto exceso”, critica en su tribuna.
Javier Gómez de Liaño fue condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación durante su instrucción del llamado caso Sogecable en la Audiencia Nacional, impulsado por medios conservadores contra el Grupo Prisa. Posteriormente fue indultado por el Gobierno de José María Aznar. Ya en 2008, el Tribunal de Estrasburgo determinó que había existido falta de imparcialidad e impuso al Estado español una multa de 5.000 euros.